Fernando Silva y el debilitamiento del derecho de propiedad: "Todo el proceso expropiatorio estuvo marcado por la violencia, la arbitrariedad y los abusos"

La izquierda y la DC la llamaron, peyorativamente, “reforma de macetero”, pero terminó siendo mucho más que eso. Fue la reforma agraria que impulsó la administración de Jorge Alessandri, presionado por la Alianza para el Progreso —la iniciativa hemisférica que promovía Estados Unidos— y por el Partido Radical. Marcó el inicio de un proceso de debilitamiento del derecho de propiedad que se extendería a lo largo de la década de 1960 y que luego la Unidad Popular extremaría, para tomar ya no solo el control de los campos, sino de todos los principales sectores de la economía. Un proceso que el historiador Fernando Silva revisita no sin hacer notar aquel punto de inicio:

“El gobierno de Alessandri creó, por extraña paradoja, todas las herramientas que más adelante, y con modificaciones en porcentajes y plazos, debilitaron el derecho de propiedad” en el mundo agrícola, explica.

En efecto, esa administración impulsó la Ley 15.020, de noviembre de 1962, que autorizó la expropiación de predios abandonados o notoriamente mal explotados. Creó además la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Y para hacer viable todo, se aprobó en 1963 una reforma constitucional que permitió la expropiación pagándosele previamente al dueño el 10% de la indemnización, y el resto en cuotas anuales iguales y dentro de un plazo no mayor a 15 años. Estaban allí entonces los conceptos (predios “mal explotados”), los mecanismos (pago diferido) y las instituciones que permitirían a los gobiernos siguientes radicalizar la reforma.

Así, la administración Frei Montalva volvió a modificar la Constitución para extender a 30 años el pago diferido y dictó en 1967 una nueva ley que sustituyó a la de Alessandri y fijó la extensión permitida de tierras en 80 hectáreas de riego básicas del valle del Maipo (con equivalencias para el resto del país). De este modo, ya no serían solo expropiables las tierras mal explotadas, sino todas las que excedieran las referidas 80 hectáreas. Luego, la llamada “ley Aylwin” (por su autor, el senador Patricio Aylwin) facilitó la toma de posesión de los predios, permitiendo incluso a la CORA fijar transitoriamente su valor, sin que cupiera reclamación. “Un delincuente común podía recurrir a múltiples medidas para defenderse en un juicio, pero el derecho del agricultor a defender su propiedad quedó prácticamente anulado”, acota Silva, expresidente de la Academia Chilena de Historia, autor de múltiples investigaciones y editor de una ambiciosa “Historia de la República de Chile” que ya lleva publicados sus dos primeros tomos.

¿Qué se buscaba con todo esto?

“El propósito del proyecto reformista era, sin duda, de carácter político: sustituir la ‘estructura capitalista-monopolística’, en la jerga de la época, por otra comunitaria y cooperativa, y de paso, aplastar a la derecha, a la cual supuestamente pertenecían los grandes y medianos agricultores”, enfatiza.

Más aún, agrega, “no se puede dudar de que estos objetivos tuvieron gran apoyo en el país, no solo del simple ciudadano, sino de instituciones como la Iglesia Católica, que ya había iniciado su propia reforma en los predios que poseía, y que a través de sus medios escritos le prestó irrestricto apoyo. Ella, como lo ha recordado en este diario Gonzalo Ibáñez Santa María, no se limitó a respaldar el proceso reformista, sino incluso dio, a través de la revista Mensaje, de agosto de 1968, una sorprendente interpretación de la violencia. Aludiendo a la ejercida por el Che Guevara, nos aleccionó en el sentido de que la violencia que él preconizaba, ‘penetrada de amor’, estaba ‘destinada a romper cadenas y a despertar lo humano en el hombre’. No es inútil recordar que el guerrillero había dado a conocer con gran sinceridad el contenido del amor que lo movía: ‘El odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de los límites naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar’. ¿Tal vez por hacer suyo el singular raciocinio de la revista Mensaje la Iglesia enmudeció frente a la violencia desatada en el campo?”.

—En verdad, no se requerían grandes cambios legislativos, que ya se habían hecho, sino la voluntad de acelerar el proceso. Y esto último estaba expresamente consignado en el programa de gobierno de la UP. Allí se expresó que se procedería a acelerar el proceso, expropiando los predios que excedieran a la cabida máxima, “incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva”. Se agregó que las tierras expropiadas se organizarían preferentemente “en formas cooperativas de propiedad”, y el campesino recibiría su título de dominio solo sobre la casa y el huerto que se le asignare. También, continuaba el programa, se destinarían tierras para crear empresas agrícolas estatales, que era en realidad lo que buena parte de la izquierda perseguía. Quien había estado a cargo del Indap durante el gobierno de Frei, Jacques Chonchol, se convirtió en el ministro de Agricultura de Salvador Allende, hasta noviembre de 1972.

Precisamente Chonchol, sostiene Silva, fue el personaje decisivo:

“En contra de lo que se ha dicho recientemente, yo estimo muy justificado el homenaje que le rindió el Presidente Boric: es el homenaje de un equivocado a otro equivocado. En 1963 expresó sus convicciones. En un célebre número especial de la revista Mensaje, sobre las reformas revolucionarias en América, Chonchol dio a conocer lo que concebía como las bases de una reforma agraria. Entre estas destacaban las dos siguientes: debía ser ‘un proceso masivo, rápido y drástico de redistribución de derechos sobre la tierra y sobre las aguas’; en cuanto a las indemnizaciones al expropiado, sostuvo que ‘mientras más se pague por las tierras, menos posibilidades habrá de hacer con éxito una reforma agraria’. La conclusión era obvia: había que pagar lo menos posible. Como ministro de Allende, vio Chonchol la oportunidad de cumplir su ideal”.

—Hay quienes estiman como uno de los “errores” de la UP el haber impulsado la socialización ya no solo de “latifundios”, sino incluso de pequeños predios. ¿Fue realmente un error o era ineludible?

—No me parece que haya sido un error. Como ocurrió en el sector industrial, el gobierno fue totalmente incapaz de conducir el proceso con algún grado de racionalidad, y optó por inclinarse ante los hechos consumados. ¿Quién los podía evitar? ¿El ministro de Agricultura? Aunque fuera Chonchol, los miembros del MIR, de una fracción del Partido Socialista, y en el sur, del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), lo ignoraban e impulsaban las “tomas” de toda suerte de predios, grandes, medianos o pequeños. Incluso las reservas fueron objeto de tomas. ¿El Presidente Allende? Cuando el presidente de la Sociedad Agrícola del Norte concurrió, en última instancia, a Allende para solucionar un problema en sus dos fundos, uno de ellos ya expropiado, fue recibido por este con mucha amabilidad. Al conocer la petición, expresó que nada podía hacer, pues él gobernaba en nombre de sus compañeros y cumplía lo que ellos acordaban. En otras palabras, Allende había encabezado el proceso revolucionario, había hecho suyos los objetivos más extremos de la izquierda radical, pero, a pesar de su “muñeca”, había sido sobrepasado y se encontraba incapaz de adoptar decisiones incluso en cuestiones muy menores. Pienso que esto explica que las diversas entidades que participaron en la reforma agraria, a las que hay que agregar a la Corfo, cada una con sus propias ideas sobre cómo había que proceder, muchas de ellas contradictorias, permitieron la adopción de las más descabelladas e incoherentes medidas. El resultado fue que con Allende tampoco hubo un solo campesino dueño de la tierra.

—Es posible que esa comparación sea relativamente válida, al menos en cuanto al procedimiento. En el primer gabinete de Allende ocupó el cargo de ministro de Economía un ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Pedro Vuskovic, que había sido funcionario de la Cepal. Él desempeñó en el campo económico un papel similar al de Chonchol en el agro. Fue el autor del llamado Plan Vuskovic, que, en resumidas cuentas, pretendía la nacionalización —eufemismo por estatización— de todos los sectores de la economía, que pasarían a formar parte del “área de propiedad social”. Uno de los sectores más importantes para la UP era el bancario, y para ello se dispuso que la Corfo abriera, a través del Banco Central y del Banco del Estado, un poder comprador de acciones de los bancos privados. Esto, unido a negociaciones directas con los mayoritarios, condujo a que el Estado se hiciera, ya en noviembre de 1971, del control de 16 de los 22 bancos privados que había en el país y de tres de los cuatro bancos extranjeros. Sospecho que lo que más pesó en los accionistas grandes y medianos fue la consideración de que, en la forma en que percibían el desenvolvimiento de la situación política y económica, lo más conveniente era deshacerse de las acciones. Me consta, por haber sido testigo de ello, que accionistas que eran corporaciones no tuvieron ninguna duda en desprenderse rápidamente de sus títulos. Y algún accionista importante hizo un excelente negocio al vender sus papeles al Estado y hacer exitosas inversiones en el extranjero. No hay que olvidar que para convencer a los remolones se emplearon convincentes herramientas, muy respetuosas de la legalidad burguesa: presiones sindicales de empleados afines a la UP; retiros de depósitos de instituciones controladas por el Estado; revocación de autorizaciones para realizar operaciones de cambios internacionales y querellas de Impuestos Internos contra los grandes accionistas. La medida más dura la recibió el Banco Edwards —estaba de por medio “El Mercurio”—: revocación de la autorización de su existencia. A continuación se declaró su liquidación, y se designó para esa tarea al abogado Ricardo Lagos Escobar.

—Se ha dicho que Eduardo Novoa (presidente del Consejo de Defensa del Estado) fue quien descubrió que estaba vigente y sería una poderosísima arma para los fines del gobierno. Esto no me consta. En todo caso, dicho decreto ley resultó ser de enorme utilidad.

“El DL 520 había creado el Comisariato General de Subsistencias y Precios, cuyo objetivo era asegurar a la población las más convenientes ‘condiciones económicas de vida’. Era un intento de replicar en Chile un organismo creado en la Unión Soviética, cuyo prestigio era enorme en esos momentos, pues había resultado indemne de la crisis de 1929. El Comisariato lograría sus fines mediante la fijación y el control de los precios. Para atender a las ‘necesidades imperiosas de la subsistencia del pueblo’, el decreto ley declaró de utilidad pública los predios agrícolas, las empresas industriales y de comercio, y los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad, y autorizó al Presidente para expropiarlos en estos casos: primero, cuando los establecimientos industriales y las explotaciones agrícolas se mantuvieran ‘en receso’; y segundo, cuando los productores no cumplieran la obligación impuesta por el Presidente, a propuesta del comisario general, de producir artículos de primera necesidad en las cantidades, calidades y condiciones que determinare”.

“¿Cómo operó el sistema durante el gobierno de la UP? En síntesis, se obtenía el receso de los establecimientos industriales mediante las ‘tomas’ hechas por los obreros de las fábricas y con ayuda externa, situación que habitualmente quedaba de manifiesto con la bandera chilena que se desplegaba en el edificio. La petición de desalojo hecha por gerentes o propietarios era otorgada por los tribunales, pero el Ministerio del Interior no proporcionaba la fuerza pública para cumplir los fallos. Habiendo quedado de manifiesto que la industria estaba en receso, se dictaba el decreto que la intervenía. A la cabeza de ella quedaba un interventor. El mecanismo era rápido y eficaz, aunque el uso de la fuerza no permitiría calificarlo estrictamente como ceñido a la legalidad ‘burguesa’”.

—Por el miedo. Sorprende que no se considere el miedo como un elemento esencial en la comprensión de los fenómenos políticos. ¿Por qué la Gran Convención Consultiva que debatió, con intervenciones contrarias de radicales y conservadores, sobre el proyecto de nueva Constitución lo aprobó en julio de 1925? Porque el general Navarrete pronunció allí un discurso que contenía una clara amenaza en caso de que no se aprobara. Y actuó el miedo. Es necesario recordar lo que ocurrió después de la elección de Allende, con el abandono del país por muchos chilenos, con la venta apresurada de sus bienes, y a precios ridículos. Una vez más, el miedo.

—En perspectiva, ¿qué tanto se cumplió aquella promesa de Allende de transitar hacia el socialismo ateniéndose estrictamente a la legalidad “burguesa”?

—Es evidente que esa promesa fue solo eso: una promesa. Todo el proceso expropiatorio, en especial en el campo, estuvo marcado por la violencia, la arbitrariedad y los más increíbles abusos. No se ha hecho, por desgracia, una historia de la reforma agraria que vaya más allá de las leyes, de los organismos que intervinieron y del número de predios y hectáreas expropiadas. Es fundamental recoger las durísimas experiencias de los propietarios y de los trabajadores que se opusieron a las expropiaciones. Y en el sector industrial se repitieron el uso de la fuerza y los abusos. Conviene recalcar, de paso, que Allende siempre sostuvo que todos los procesos dirigidos a estatizar la economía se apegaban estrictamente a la legislación.