Diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
Aton
El diputado Juan Irrarázaval (republicano) denunció
presuntas irregularidades en la rendición de una serie de convenios suscritos con la
Fundación Daya, creada por la diputada
Ana María Gazmuri (Acción Humanista) el año 2013.
Estos convenios de colaboración eran para la implementación del programa de uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos, epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico y se firmó con al menos 11 municipios a lo largo del país.
El parlamentario oficializará sus acusaciones ante la Contraloría mañana y en documento que presentará se detallan los recursos en cuestión otorgados por los diferentes municipios: Tocopilla ($11.828.000), Arica ($17.642.750), Puerto Natales ($8.821.375), Graneros ($10.671.385), Chillán ($35.285.500), Quinta Normal ($11.828.000), Quilpué ($20.845.040), Quilicura ($35.285.500) y Peñalolén ($35.000.000).
En el caso de Copiapó, la municipalidad realizó dos pagos por $24.735.500 y $10.550.000, pero según el legislador no existe constancia de que se haya rendido el segundo aporte y tampoco la entrega final del trabajo realizado. En cambio, en la Municipalidad de Quilicura, los gastos rendidos corresponden a $35.158.672 y están relacionados con actividades previas a la suscripción del convenio, y no con boletas, facturas o documentos que digan relación con los gastos específicos incurridos durante su vigencia.
Según el parlamentario, los recursos se gastaron en "chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, en estufas a leña para su sede en la Región Metropolitana, e incluso, para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri".
"Literalmente, transformaron esos recursos en humo. Esto es más grave aún si consideramos que la pareja y los hermanos de la diputada Gazmuri son miembros directivos de esta fundación. Deben más de 171 millones de pesos en rendiciones y prácticamente casi ningún tratamiento se entregó", agregó el legislador.
Además de solicitar la restitución de los fondos no rendidos por la Fundación Daya, el diputado republicano pidió que se determinen las responsabilidades administrativas y se establezcan las sanciones que correspondan a los funcionarios y autoridades municipales involucrados en este caso.
