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Josefina Araos, investigadora del IES: "Es una falacia decir que el texto es antimujeres"

Para la historiadora, difícilmente puede plantearse que este atente contra los derechos de las mujeres si “aborda cuestiones que tienen directa relación con las desigualdades que viven en su vida cotidiana”.

01 de Diciembre de 2023 | 08:00 | Por Nadia Cabello F., Crónica Constitucional
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Josefina Araos, licenciada y magíster en Historia e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

El Mercurio
Tal como en otros procesos eleccionarios, Josefina Araos —licenciada y magíster en Historia e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)— prefiere no dar a conocer su opción para el plebiscito de diciembre. Eso no obsta a que tenga una opinión formada sobre la propuesta de nueva Constitución y que manifiesta en esta entrevista donde aborda la equidad de género y la situación de la mujer en el texto del Consejo.

Una de sus primeras afirmaciones es respecto de la idea que han buscado instalar sectores del En contra de que esta sería una “Constitución antimujeres”. “No me parece que tenga asidero”, responde Araos sobre dicha tesis. “Esa acusación se ha intentado justificar principalmente a partir de la interpretación que hacen de la norma que protege la vida de quien está por nacer, pero es una falacia decir que el texto es antimujeres”, añade.

Y argumenta: “En primer lugar, si dicha cláusula quedó formulada en esos términos fue por la actitud de una izquierda que renunció a hacer modificaciones en la recta final del proceso, porque apostó al todo o nada. Al parecer, para ellos hay solo dos opciones: o el aborto se afirma como derecho en la Constitución, que fue lo que hicieron en la Convención, o se guarda completo silencio respecto de la protección del ser humano en las etapas iniciales de la vida, que fue lo promovido en la Comisión Experta, pese a la reiterada insistencia de incluir en esa etapa la norma que rige hoy. Pero además la acusación ignora que se estableció como disposición transitoria que ninguna ley perderá vigor por el solo hecho de aprobarse esta propuesta. En ese sentido, la regulación del aborto podrá seguir siendo materia de debate legislativo”.
A su juicio, “lo que ocurre es que cierta izquierda considera en sí misma antidemocrática la sola oposición al aborto y, por tanto, cualquier visión que entiende que en este debate no solo juega un papel el derecho de la mujer sobre su cuerpo, sino también el cuidado de la existencia de un tercero, se acusará como ilegítima. No se acepta, en el fondo, el disenso, y se asume que la democracia solo puede y debe avanzar en una dirección”.

—¿No ve riesgo para la ley de aborto en tres causales, como se ha planteado?

—Esto lo explicó muy bien Carlos Peña, a quien vale la pena referir, porque no se trata de un conservador u opositor a la legislación sobre aborto. La norma por sí sola no amenaza la ley de aborto en tres causales, pero sí deja abierta la posibilidad de disputar el avance del aborto libre. Eso escandaliza a cierto mundo, por cierto, pero parece más revelador de sus disposiciones democráticas que una acusación fundada respecto del texto. Por lo demás, vale la pena recordar, aunque esto no zanje en ningún caso la disputa moral, que estudios disponibles sobre las razones que movieron al Rechazo el año pasado sostienen que una importante tenía que ver justamente con la crítica al modo en que fueron legislados los derechos sexuales y reproductivos. La propuesta de la Convención se consideró excesiva (...). A algunos les gusta interpretar que eso es solo porque aún no avanza lo suficiente el progreso de las mentalidades de chilenos y chilenas, y que sería cuestión de tiempo que entiendan hasta dónde llegan los derechos de las mujeres. La verdad es que nada permite asegurar que a eso se dirijan inevitablemente las posturas de las grandes mayorías.

—Las encuestas muestran que el En contra es más fuerte entre las mujeres. ¿Hay en la propuesta amenazas o retrocesos en sus derechos respecto de la Constitución vigente?

—¿Qué amenazas hay en una propuesta que, en el marco del derecho al trabajo decente, prohíbe cualquier discriminación ajena a la capacidad personal o eleva a rango constitucional la igualdad salarial entre sexos por el mismo trabajo? ¿Puede entenderse como contrario a los intereses de las mujeres un texto que busca satisfacer sus derechos en el marco de un Estado social que deberá resguardar a las personas en caso de muerte, enfermedad, embarazo y maternidad, pudiendo acudir a la Corte de Apelaciones si ello no se garantiza? ¿En qué sentido es antimujeres un texto que reconoce el valor de los cuidados y establece que es deber del Estado promover la conciliación entre el mundo familiar y el trabajo?
“De todo esto se deriva una serie de exigencias y posibilidades vinculadas a la creación de una institucionalidad que acompañe y apoye la maternidad, una de las experiencias más fundamentales y al mismo tiempo más precarias y solitarias de las mujeres que habitan nuestro país (...). Agreguemos a eso la exigencia de asegurar un acceso equilibrado de mujeres y hombres a candidaturas a cargos de elección popular, la norma transitoria de paridad de salida o la exigencia de que el Estado garantice el ejercicio de la participación política de las mujeres. Podrá discutirse si acaso había otras alternativas de norma, otros énfasis, pero difícilmente puede plantearse como antimujer una propuesta que aborda cuestiones que tienen directa relación con las desigualdades que viven las mujeres en su vida cotidiana”.

—¿Qué molesta entonces?

—Como bien planteó Asunción Poblete, asistente de investigación del IES, en respuesta a denuncias formuladas por Claudia Dides sobre la propuesta, lo que acá molesta es que no se hayan definido las fórmulas en los términos de una agenda feminista progresista particular, que por lo demás no logró apoyo masivo el año pasado. Esta propuesta, en cambio, uno podría decir que de hecho, al moderarse, aspira a convocar a distintas tradiciones y miradas del feminismo y de las propias mujeres.

—La propuesta habla de “acceso equilibrado de mujeres y hombres a candidaturas a cargos de elección popular”. ¿Es el acceso equilibrado lo mismo que paridad?

—Hay un objetivo en el que acceso equilibrado y paridad coinciden: promover una mayor participación política de las mujeres, como un elemento de la igualdad. Me parece muy bien que haya consenso sobre ese objetivo, y que al mismo tiempo reconozcamos que se puede pensar de maneras muy distintas sobre el camino para alcanzarlo. Las normas estrictas de paridad tienen algunas desventajas, entre ellas su rigidez, y por ello no sorprende que sean tan escasas a nivel global (...). Es curioso que algunos reclamen contra el carácter programático de la Constitución y al mismo tiempo busquen que en materias como esta sea aún más detallada y programática.

—Se debatió extensamente sobre la paridad de salida que, finalmente, quedó en una norma transitoria. ¿Es una buena solución?

—Como en toda materia compleja, acá hay más de un bien en juego. En la discusión sobre paridad no solo importa el acceso igualitario de las mujeres, sino también, por ejemplo, cuidar la representatividad del voto y evitar distorsiones demasiado acentuadas. En ese sentido, se articuló una solución de compromiso que la izquierda debería valorar. Por otro lado, la norma permite un período de prueba. Nada impide que si funciona bien y si la ciudadanía así lo quiere, se pueda mantener en el tiempo, incluso mejorándola en lo que no haya funcionado correctamente.

—¿No se debió consagrar un derecho al cuidado en vez de hacer un reconocimiento a este?

—No tengo claro en qué medida lo relevante es si debió consagrarse como derecho o si lo que importa realmente es que se promueva la creación de políticas públicas y una red institucional que acompañe y apoye a quienes cuidan y también a aquellos que deben recibir cuidado. La norma debe leerse completa, porque no es una cuestión puramente declarativa: al reconocimiento le sigue el deber del Estado de promover una legislación en torno a esa materia. Algunos, al no ver la palabra derecho, intentan derivar de esto cierta timidez o dar espacio para que el Estado no asuma la responsabilidad que le cabe en la materia. Lo cierto es que ese reconocimiento constitucional es inédito en nuestra historia.

Este artículo es parte del suplemento Crónica Constitucional publicado por el diario El Mercurio el viernes 1 de diciembre de 2023.