Ayer, en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia de formalización de los 55 detenidos por el denominado megafraude fiscal, instancia en la que se revelaron nuevos detalles del caso considerado como el más grande en su tipo de la historia del país por la cantidad de personas involucradas y por los montos comprometido, que superan los $240 mil millones, incluyendo más de 100 mil facturas falsas.
En total, la semana pasada se realizaron allanamientos en 83 domicilios repartidos en 10 regiones del país y todavía quedan diez individuos por detener.
Durante la extensa jornada y dada
la gran cantidad de involucrados en este caso, solo se realizó la formalización de algunos detenidos, según consignó El Mercurio de Valparaíso.
El fiscal Eduardo Baeza, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, solicitó para ellos y el resto de los formalizados durante la audiencia la medida cautelar de prisión preventiva. Esto fue respaldado por los abogados del Servicio de Impuestos Internos (SII), querellante en la causa.
La decisión al respecto solo se tomará cuando se revise la situación de todos los detenidos, lo que debería finalizar durante la jornada de hoy o mañana.
En ese plano, hay que precisar que la fiscalía solicitará la prisión preventiva para 26 de los imputados.
Estructura y clanes
Durante su relato general de los hechos, el fiscal Baeza manifestó que operaban a través de "una asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas", dentro de las cuales cada uno de sus integrantes desempeñaba roles o funciones específicas y concretas". Agregó que estaban destinadas funcionalmente a la plena realización del programa criminal consistente en defraudar a la hacienda fiscal mediante la comisión de diversos delitos tributarios, fraudes aduaneros y lavado de activos.
Los clanes fueron consignados como "Canessa", que habría operado entre los años comerciales 2014 y 2020, liderado por José Pavez Canessa; el clan "Galás", que operó entre el 2015 y 2017 y era liderado por Juan Galás Rojas; y el clan "Barraza", que habría funcionado entre los años 2015 a 2019, encabezado por Olga Barraza.
Otro de ellos fue individualizado como "Nexus" y que, de acuerdo a lo señalado por el persecutor, era encabezado, entre otros, por Jorge Cuello, detenido en la región. Esta organización operó entre los años 2015 a 2018 y se dedicaba a rebajar de manera fraudulenta e ilícita las cargas impositivas y tributarias de su sociedad, defraudando al Fisco por el concepto de impuesto a las ventas y servicios.
A ellos se suman los clanes "Croxatto" y "Barriga y Polanco", cuyas actividades también se relacionaron con rebajar de manera fraudulenta e ilícita su carga impositiva y tributaria, defraudando al Fisco.
Los hechos al descubierto
El Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez, informó ayer que el Ministerio Público tomó conocimiento en 2019 de una serie de irregularidades que se registraban entre el 2014 y 2015. Así, a través el Servicio Nacional de Aduana, "el fiscal Eduardo Baeza, jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel, toma conocimiento de que se estaban realizando operaciones sin respaldo de exportación de teléfonos celulares de manera permanente, durante años, que permitían la devolución de IVA exportador por miles de millones de pesos".
Así, Aduanas levantó la alerta y denunció la situación al Ministerio Público, el que comenzó diligencias investigativas junto con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para "desentrañar la maraña que el delincuente pretende", dijo Pérez.
"Para eso crea sociedades fantasmas, sociedades de papel para que, a través de facturas ideológicamente falsas, justificar estas exportaciones", añadió.
Así, se vinculó la operación con otros clanes.
