Cuando se les pregunta cuánto está impactando la crisis de seguridad en el desarrollo económico del país, ninguno de los tres lo duda: "Muchísimo". Por eso, Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales; Holger Paulmann, presidente ejecutivo de SKY Airline y próximo presidente de Icare; y Óscar Hasbún, gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores, acceden a participar de esta conversación con "El Mercurio" en la que abordan los principales desafíos en la materia.
Hay un diagnóstico compartido entre los tres, aunque Paulmann cree que a nivel de la sociedad chilena no hay necesariamente consenso "respecto de la severidad del tema".
Sobre el punto, Hasbún expone: "El BID cada cierta cantidad de años mide los costos directos en tres categorías: la plata que gasta el fisco, la plata que gasta el sector privado, que la mitad del gasto es plata que gasta el sector privado, y la pérdida de capital humano producto de muertes y de la gente que está presa. Eso en Chile es el 2,4% del PIB, de acuerdo con el estudio del BID de 2023. En la región es 3,5, o sea, estamos por debajo, pero creciendo. En un país donde tú no tienes este problema, el costo es de 1,5".
—¿Hemos empezado a combatir realmente el tema?
—Katia Trusich (KT): Hay institucionalidad suficiente para resolver los temas de fondo si es que hubiera acuerdos y la capacidad de colaborar. La solución está en la gestión porque recursos hay más que suficientes, pero celos institucionales, descoordinaciones y desconfianza, entre instituciones y entre públicos y privados, dificultan el avanzar.
—¿El Ministerio de Seguridad resolverá estos problemas?
—KT: El Ministerio de Seguridad es un enjambre administrativo que yo creo difícil que pueda llegar a algún tipo de solución.
—Óscar Hasbún (OH): No tenemos institucionalidad todavía porque las policías que combaten el crimen organizado no son el típico carabinero. (Necesitamos) otra institucionalidad y hay que estar dispuestos a pagar ciertos costos.
—Holger Paulmann (HP): Yo creo que falta información, nos falta capacidad de inteligencia para entender la situación.
—Para las empresas, ¿cuál es el costo de la inseguridad?
—HP: Tras el llamado "robo del siglo", exigieron a todas las líneas aéreas contratar un guardia adicional para cada vuelo o cada gate, y el problema no era dentro del terminal (…). Entraron por el perímetro supuestamente vigilado por la DGAC. El costo anual de seguridad adicional de los aeropuertos en Chile fue de aproximadamente $5 mil millones y el robo fue de $6 mil millones. La solución no fue resolver el problema de fondo, que es vigilar de mejor forma el perímetro del aeropuerto. A nosotros nos encarece todo el proceso, tenemos que cobrar precios más caros hacia los pasajeros, pero resulta que no cambió el estándar de seguridad en realidad.
Paulmann cuenta que en otros países la autoridad valida el documento de identidad y el boarding pass para comprobar que no son falsificados antes de abordar. "Lo que nosotros tenemos acá definitivamente no es el estándar. (…) Que el boarding pass se valide con el que tienen las líneas aéreas, tiene que ser un sistema de información integrado y con eso automáticamente puedes saber si delincuentes con algún tipo de orden están viajando en avión en este momento dentro de Chile. Hoy día la autoridad no lo sabe".
—¿Hasta dónde pueden aportar los privados?
—OH: Cuando se mira esta lógica de que se cierra la farmacia porque los empleados están en riesgo, es el mundo al revés. El Estado tiene que cumplir su rol, es el único que está en condiciones de imponer la ley, de coercionar y de usar armas.
—El ministro Mario Marcel les dijo a los empresarios que había que colaborar…
—OH: Colaborar es una cosa, pero expiar la responsabilidad propia, digamos, y que el privado se tenga que hacer cargo de la seguridad...
—KT: Yo creo que es una especie de impuesto a la posibilidad de ejercer libremente una actividad u oficio. Estos 2,4 puntos del PIB son un gravamen donde tú estás subsidiando el rol que debiera tener el Estado para poder ejercer tu actividad legítima. (…) Hay una contradicción que es que cuando tú propones tomar medidas adicionales en muchas industrias, desde mejorar el equipamiento de los guardias de seguridad hasta poder usar tecnología que está validada en todo el mundo desarrollado, por ejemplo, el reconocimiento facial, el Estado se inhibe porque no es suficientemente ágil en adoptar tempranamente innovación.
—Hablando con ustedes, da la sensación de que quizás estamos siendo muy pasivos respecto del tema. ¿Por qué creen que se produce eso?
—KT: Porque no teníamos consenso de que la seguridad era un tema transversal hasta ahora. Hace cinco años no había este consenso y quienes abogaban por la seguridad pública eran vistos como de una tendencia política específica. Hoy, con la inseguridad transversal que afecta a todos los estratos sociales, ese consenso se ha ido incorporando como tema país.
—¿Qué importancia le dan al tema de la seguridad dentro de sus planes de empresa? ¿Es una variable relevante?
—OH: Es súper relevante. Hay un estudio que se hizo en Italia, donde toman municipios en los que había crimen organizado versus otros donde no. En un período de 15 años, el PIB per cápita donde había crimen organizado había caído 16% respecto de los otros. La diferencia es gigantesca, porque el crimen organizado penetra toda la sociedad. Corrompe. Y en una sociedad donde hay corrupción de las instituciones, tú no quieres invertir. Y no es que nadie invierta, invierte el que está dispuesto a corromper.
—HP: Algo que termina derivando también hacia algún tipo de delito es el tema de la informalidad. Hemos dejado que la informalidad siga creciendo y ya cuando la gente sabe que está al margen de la ley, el delinquir un poquito más... toma más riesgos. Se termina fomentando la deshonestidad en la sociedad.
—KT: Comparto todo lo dicho, pero quisiera enfocarme en el impacto ciudadano. Tanto se aboga por las libertades personales y no se toma conciencia de que la principal libertad que tiene una persona es la de poder hacer uso del espacio público de las ciudades. (…) Por la timidez de las autoridades de dar pasos e innovar en temas de seguridad, tienes encerradas a las personas a las que dices estar cuidando.
—Si está internalizado en la población que se necesita este sentido de urgencia, ¿por qué no se dan los pasos?
—KT: Porque faltan autoridades más empoderadas y con capacidad de innovación para tomar riesgos. Gobernar implica tomar riesgos. La autoridad que pretenda ocupar un cargo y no tener ningún riesgo, para después de cuatro años salir sin ningún problema, no sirve. Se necesitan innovadores no solo en la economía, sino también en el sector público. Esto no requiere de más leyes, no requiere de más presupuesto. Se necesitan autoridades que tengan convicción, fuerza y respaldo para llevar a cabo los cambios y gestionarlos.
—OH: Ahí es donde no hay consenso. Hay consenso en el diagnóstico, pero si quieres combatir el crimen organizado necesitas tener inteligencia compartida y una cosa multidisciplinaria del ataque coercitivo. El país tiene que dejar atrás algunos prejuicios si quiere combatir el crimen organizado, porque ese crimen organizado requiere inteligencia coordinada; requiere acción coordinada de distintas policías, de los que cuidan la frontera, de los que cuidan el aeropuerto, con la PDI (...). Las empresas son prisioneras del Estado de Derecho y cuando el Estado de Derecho no se logra imponer, las empresas se van e invierten en otro lado, que es lo que pasa en lugares donde tienes riesgos altos de seguridad.
¿Cuál es el gran desafío que enfrenta Chile?
Para Holger Paulmann, "definitivamente, es volver a crecer".
"Tenemos como sociedad la expectativa de seguir aumentando el gasto y no tenemos capacidad de seguir creciendo. Entramos en ese círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Llevamos los últimos 25 años con una tasa de crecimiento brutal, con un crecimiento del gasto brutal y una mala percepción de lo que ha mejorado el impacto del gasto en lo social. El 2000 el gasto fiscal fue de 18 mil millones de dólares y 2025 va a ser, probablemente, cerca de 95 mil millones; entonces, hemos multiplicado por más de cinco el gasto en 25 años. Si estamos apostando a crecer a una tasa del 2% por año, quiere decir que en los próximos 25 años la tasa de crecimiento del gasto tiene que limitarse a 60% de los 95 mil millones (...). La pregunta es cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a seguir aumentando los impuestos para hacer cada vez menos atractivo invertir en el país? (...) Tenemos que cumplir un montón de otras condiciones para poder volver a hacerlo atractivo no solamente para los extranjeros, sino que para las mismas empresas que están en Chile".
Coincide Óscar Hasbún: "Yo comparto que el tema es desarrollo económico porque, si no, vamos a empeorar el tema de seguridad. Si miras las cifras de empleo de los últimos 12 meses, el 20% es formal, el 40% es sector público, que son impuestos, porque alguien tiene que pagar ese sueldo, y el otro 40% es informal, que son básicamente usuarios de los servicios públicos y que no contribuyen a pagar los servicios públicos. Si proyectas eso a 10 años, Chile está quebrado, no hay cómo financiar eso". Agrega que "el crecimiento económico no solo permite que se recaude más porque las empresas tienen más utilidad, sino que más gente se incorpora al impuesto, se crean empleos de mejor calidad".
A juicio de Katia Trusich, "es la educación. Si bien tenemos escolaridad y eso fue un tremendo logro, sobre todo de los gobiernos de la Concertación, creo que la calidad de esa educación hoy no está preparando a las personas para la nueva economía que viene a la vuelta de la esquina". Lo explica así: "Los niños que están entrando a primero básico y que tienen 12 años por delante de escolaridad no van a salir con las herramientas suficientes para insertarse en la economía del futuro y eso solo va a generar frustración, desencanto, depresión y, potencialmente, gente que pueda ser presa fácil del narcotráfico, del crimen organizado, del dinero fácil".
