A finales de enero, el Laboratorio de Estudios de Violencia Institucional (LEVI) llevó a cabo la "Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado" en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, con financiamiento estatal.
Para la convocatoria, se utilizó la serigrafía "Desármelo y bótelo: peligroso juguete móvil para uso antipopular", del artista chileno Guillermo Núñez, creada en 1970. La imagen muestra lo que presumiblemente es un carabinero a punto de lanzar un objeto, a la que se añadieron cifras sobre bombas lacrimógenas, perdigones y víctimas oculares durante el estallido social.
La actividad generó críticas desde la oposición, especialmente por haber sido financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, expresó a través de X: "¿Inteligencia artificial? ¿Automatización? No. Esta es la 'ciencia' que financia este gobierno ideológico. Millones de pesos botados a la basura en programas y proyectos que reivindican la insurrección financiados con plata de todos los chilenos".
Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) acusó que "este Gobierno sigue amparando y financiando a los violentistas. Nunca se han arrepentido del enorme daño que le hicieron a miles de chilenos el 18/O/19. Seguro en unos años los veremos nuevamente en las calles tratando de 'quemarlo todo'. Para esto quieren tener abierto el mal llamado museo de la memoria".
En la inscripción del evento se señalaba que "durante la revuelta social de inicio el 18 de octubre de 2019, la represión estatal hacia la población civil movilizada incluyó el uso desproporcionado de la fuerza, generando múltiples afectaciones físicas, psicológicas y comunitarias en el tejido social. En el último tiempo, a esto se agrega la criminalización de la protesta y el desplazamiento discursivo que ha transformado a las víctimas en victimarios, reforzando la exclusión y perpetuando la impunidad y el negacionismo".
"La Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado (...) busca ser un espacio de aprendizaje y reflexión colectiva que reunirá a diversas voces especializadas en la temática, con el propósito de generar herramientas prácticas y teóricas que permitan enfrentar, documentar y reparar las consecuencias de la violencia de Estado en contextos contemporáneos".
Respuesta del Gobierno
Ante las críticas, la ministra de Ciencias y vocera (s), Aisén Etcheverry, aclaró que "es un proyecto Fondecyt regular que se adjudicó en 2023 a una universidad privada, a la Universidad Mayor".
Asimismo, afirmó que "a través de proyectos como este se estudian desde las distintas disciplinas, en este caso desde las ciencias sociales, fenómenos sociales complejos que apuntan precisamente a poder fortalecer y robustecer procesos de toma de decisión y construcción de políticas públicas".
La investigadora
Según constató El Mercurio, la investigación está a cargo de Patricia Eliana Castillo Gallardo, quien postuló a través del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor.
Desde la universidad confirmaron que la investigación contó con su patrocinio hace tres años, pero aseguraron que ella "nunca estuvo afiliada a la institución".
Por su parte, Castillo explicó que el proyecto busca "analizar los distintos tipos de sufrimientos asociados a la violencia institucional acontecida en Chile durante el proceso de movilizaciones que se inició el 18 de octubre de 2019 y construir un conjunto de estrategias de abordaje".
Añadió que "hasta la fecha, hemos publicado dos artículos científicos en revistas indexadas basados en el trabajo de campo, así como varios capítulos de libros y participación en instancias académicas en México, Colombia y Argentina. Además, se creó la primera escuela de formación en acompañamiento a víctimas de violencia institucional, dirigida a profesionales que desempeñan tareas en ese ámbito".
Sobre la actividad en el Museo de la Memoria, detalló que constó de la enseñanza de cuatro dimensiones: el rescate, que dice relación con los primeros auxilios a los afectados por la "violencia estatal"; el registro de las violaciones a los DD.HH.; las estrategias para denunciar ante la justicia; y la aplicación de protocolos internacionales para "constatar el daño y repararlo".
Finalmente, Castillo refutó la declaración de la Universidad Mayor y aseguró que el proyecto sigue siendo parte del CEAS.
