Varios son los alcaldes que en los últimos días han llamado al Senado a aprobar "sin más dilaciones" el proyecto que fortalece la seguridad municipal.
Algunos de ellos son Karina Delfino (Quinta Normal), Claudio Castro (Renca), Gustavo Toro (San Ramón), Javiera Reyes (Lo Espejo), Tomás Vodanovic (Maipú), Cristóbal Labra (San Joaquín), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Maximiliano Ríos (Lo Prado), Felipe Muñoz (Padre Hurtado), quienes, a través de una carta enviada a El Mercurio, expresaron su inquietud al respecto.
"Como alcaldes enfrentamos a diario una paradoja: la ciudadanía exige más seguridad, pero los municipios seguimos con atribuciones insuficientes", afirmaron en primer lugar en la misiva que fue publicada el pasado jueves.
Luego, advirtieron que "la Ley de Seguridad Municipal, que se ha dilatado inexplicablemente en el Congreso, es clave para fortalecer nuestro rol en la prevención del delito. Si bien pueden existir diferencias, hay consensos ineludibles entre todas las fuerzas políticas: buscar una solución al marco normativo que limita las contrataciones de patrulleros municipales, avanzar en la formalización del rol de los inspectores de seguridad, el endurecimiento de sanciones contra quienes los agreden y el aumento de su protección".
Estos acuerdos transversales, continuaron, "representan, además, un paso para reducir la desigualdad territorial, asegurando que todas las comunas cuenten con herramientas efectivas para enfrentar la delincuencia".
Así, señalaron que "hoy hacemos un llamado al Senado a aprobar esta ley sin más dilaciones y con la urgencia que merece. En tiempos donde la seguridad es la prioridad número uno, no podemos seguir dejando a miles de familias en la indefensión".
Poco después se sumó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien llamó "urgente al Senado y al Gobierno para que agilicen la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal. La delincuencia avanza sin control, Carabineros está desbordado y nuestros vecinos siguen desprotegidos. No podemos seguir esperando mientras la inseguridad se apodera de nuestras calles. Se necesita voluntad política para tomar decisiones concretas ahora".
Además, indicó que "es esencial que el Gobierno implemente un plan piloto para el uso de dispositivos como el BolaWrap y las pistolas Taser en las principales regiones del país, como Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. Nuestros patrulleros municipales enfrentan situaciones de alto riesgo diariamente, pero carecen de los recursos necesarios para actuar de manera efectiva. Exigimos que se les permita utilizar estas herramientas, que permiten reducir amenazas sin recurrir a la violencia letal".
El proyecto
El pasado lunes 3 de marzo, el Gobierno anunció el cambio de urgencia a discusión inmediata de la iniciativa.
Asimismo, detalló en qué consiste: "La iniciativa entrega un marco legal robusto para proteger a funcionarios municipales dedicados a temas de seguridad frente a riesgos o amenazas que están sufriendo en operativos, reconociendo en primer lugar su labor y estableciendo el equipamiento con el que pueden utilizar".
Además, "se incluye el endurecimiento de penas a quienes los agredan en el ejercicio de sus funciones, robustece las capacidades preventivas y operativas de los municipios en su rol coadyuvante con la seguridad pública, de manera de estar mejor preparados y con reglas claras para realizar su trabajo en barrios y comunidades de todo el país".
A inicios de semana, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, aclaró que "este proyecto no busca reemplazar a las policías, los funcionarios municipales no reemplazan la labor policial, son coadyuvantes de las policías y trabajan en el ámbito preventivo y, en esa tarea que hoy día ya están desarrollando, deben ser reconocidos para poder fortalecer el trabajo coordinado".
El proyecto en sí tiene cinco objetivos. El primero es fortalecer el rol del municipio en seguridad y prevención del delito, mejorando la institucionalidad municipal e incorporando nuevas atribuciones.
El segundo, es reducir la disparidad que hoy existe entre los recursos y herramientas de las municipalidades para prevenir el delito; mientras que el tercero es avanzar hacia enfoques de prevención situacional en el diseño urbano, para combatir los focos de delitos.
El cuarto, es abordar la participación ciudadana en materias de seguridad, a través de los comités de seguridad vecinales y rurales; y el quinto proteger a las y los funcionarios municipales dedicados a temas de seguridad, frente a riesgos y amenazas que están sufriendo en operativos.
En cuanto al contenido, existen cuatro pilares. El primero contempla una nueva institucionalidad comunal en prevención y seguridad, donde se consagran atribuciones para patrullajes mixtos con OS-14 y control de medidas cautelares VIF como labores coadyuvantes de las policías, y se permite que inspectores de seguridad puedan portar elementos defensivos y de protección como cascos, chalecos antibalas, esposas, etc., pero sin ejercer funciones policiales, entre otras.
El siguiente apunta a una regulación de la seguridad municipal, donde se expone que inspectores de Seguridad Municipal podrán ser contratados por el Código del Trabajo, y también, entre otras, que la función preventiva se regirá por un reglamento municipal basado en orientaciones técnicas de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD).
El tercer pilar se refiere a incorporar un enfoque de seguridad en los instrumentos de planificación territorial, lo que se traduce en incorporar, dentro de los estándares urbanísticos mínimos que deben tener los instrumentos de planificación urbana comunal, características y condiciones relacionadas con la prevención del delito y la seguridad de las personas en los espacios públicos.
Por último, innovaciones durante la tramitación del proyecto en su 1° trámite constitucional: se incorpora un nuevo artículo 39 bis en la LOC de Municipalidades que regula y habilita expresamente a las municipalidades como beneficiarias de la destinación provisional regulada en el artículo 40 de la ley N°20.000, tratándose de bienes inmuebles. Y se habilita la celebración de convenios para el financiamiento, por parte de la SPD, a las municipalidades para la adquisición de elementos defensivos y de protección personal.
