La semana pasada, la Fiscalía local de San Javier condenó a un funcionario de ese municipio (Región del Maule) por el delito de malversación de caudales públicos. El imputado desviaba el dinero recibido por la venta de bonos de Fonasa a vecinos hacia su cuenta corriente personal.
Fue el propio municipio el que en el año 2023 hizo entrega a la Fiscalía de una serie de antecedentes, que motivaron al Ministerio Público a abrir una investigación penal en contra del trabajador, después de que se constatara la pérdida de una millonaria suma de dinero de los fondos municipales.
El imputado, que pertenecía a la planta administrativa, desempeñaba labores en la oficina de Fonasa, donde estaba encargado de la venta directa de bonos a la comunidad.
En este puesto, tenía la responsabilidad de ingresar los dineros a la Tesorería Municipal al finalizar el día, con el fin de que estos fueran depositados en la cuenta corriente respectiva.
Asimismo, el funcionario tenía bajo su esfera de responsabilidad y de forma exclusiva, la manipulación de los montos en efectivo dentro de una caja fuerte que también se encontraba a su cargo.
Tras el cierre de la investigación, el fiscal jefe de la comuna, Patricio Caroca, presentó una acusación en contra del empleado municipal, el cual logró, mediante un procedimiento abreviado, la condena en su contra.
“Durante el año 2023, la Fiscalía recibió una denuncia de parte de la Municipalidad de esta comuna, en el sentido que un funcionario, llamado Pablo Guerrera Aravena, encargado de la venta de bonos de Fonasa en esa comuna, se apropió durante los meses de julio a agosto del año 2023 de poco más de $25 millones. Las diligencias ordenadas por la Fiscalía permitieron establecer el modus operandi del imputado y así mismo su responsabilidad", explicó el fiscal Caroca.
Es así, que luego de culminar las diligencias investigativas, el tribunal dictó una sentencia condenatoria en contra del imputado a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 10 unidades tributarias mensuales. Además, se logró la recuperación de los $25 millones sustraídos a la entidad, un monto que fue reintegrado a las arcas municipales.
Por último, el tribunal resolvió la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por libertad vigilada intensiva, sin modificar la duración original de la condena. Por lo anterior, el sujeto deberá presentarse el condenado a Gendarmería de Chile de Linares de forma periódica.
