Sigue la polémica por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Ahora los dardos llegan a la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, que en su declaración ante a fiscalía, indica que una de las áreas de trabajo de dicha unidad "Es la revisión de todo lo que lleva la firma del Presidente de la República". Ante la PDI, precisó que ella pertenece al "Equipo de Potestad Reglamentaria" que integran nueve personas, donde todos son abogados salvo dos personas que no han jurado ante la Corte Suprema, sin contar a los otros que han declarado en la causa y que participaron de la compraventa. "No recuerdo que el Presidente me haya dicho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de firma", señala un extracto de la declaración.
