"Vamos a seguir lloriqueando": Municipios rurales detallan falta de recursos y acusan limitaciones para uso del royalty

Una fuerte polémica se abrió entre los alcaldes de municipios rurales y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, luego que éste los conminara a "dejar de llorar", en el contexto de las denuncias que han hecho por la inseguridad rural.

"Aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royal minero le metimos plata a los municipios rurales. Entonces todos a a ponernos serios con los propios agricultores, con los gobiernos regionales, con el Estado central, y los municipios en que tengamos televigilancia", dijo el secretario de Estado.

Los dichos fueron duramente cuestionados por los alcaldes, quienes hace semanas vienen solicitando más apoyo para enfrentar el alza en la delincuencia, queja que se suma a otra que viene instalada hace años: recibir menos recursos que otras comunas.

A la crítica se sumó la oposición, que pidió la salida de Valenzuela, e incluso el diputado Diego Ibáñez (FA). El parlamentario oficialista tildó como "una falta de respeto decirles que dejen de llorar", y comentó que muchos municipios rurales no cuentan con presupuestos para levantar proyectos, e incluso, tienen que postular a la Subdere para que les financie asesorías.

"Hoy muchos municipios rurales son víctimas de la centralización de la toma de decisiones y yo creo que también hace falta más descentralización, más poder del Estado que se otorgue a los municipios rurales para que justamente puedan hacer este trabajo", añadió el parlamentario.

En conversación con Emol, alcaldes de municipios pertenecientes a la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), insisten en que enfrentan una situación compleja en materia de recursos, y que los montos que reciben por concepto de royalty no se pueden utilizar en un rango tan amplio.

El presidente de la AMUR y alcalde de Pirque, Jaime Escudero (Ind.-PPD), subraya la serie de dificultades que enfrentan los municipios rurales: "hoy día tenemos problemas muy complicados: no tenemos transporte, no hay conectividad, la salud no se financia, la educación tampoco".

En esa línea, comentó que "por dar una cifra, todas las comunas rurales de la Región Metropolitana, todas, incluidas las grandes como Colina y Melipilla, sumamos $489 mil millones. O sea, sólo la Municipalidad de Las Condes tiene $439 mil millones".

"Entonces, cuando hablamos de lloriquear, obviamente que estamos lloriqueando por tener mejores condiciones de vida para nuestros vecinos y vecinas, que no solo están un problema de indefensión ante la oleada y cambio de la violencia, sino que no tenemos conectividad, ni digital, ni vial, y no hay transporte. Nuestra gente pierde los trabajos por no tener transporte, los niños no pueden ir a la universidad, y creo que ese es el lloriqueo y vamos a seguir lloriqueando por nuestros derechos de las comunas rurales", subrayó.

Por su parte, el vicepresidente de la AMUR y alcalde de Buin, Miguel Araya (UDI), estimó que "cuando veo que el ministro nos emplaza, que pongamos plata, está súper perdido. En mi comuna, donde tenemos un presupuesto muy pequeño, estamos invirtiendo más de $700 millones sólo en personal para seguridad pública, cada año. En vez de poder implementar plazas, crear colegios, nos vemos en la obligación, ante la preocupación ciudadana, el poder invertir esta gran cantidad de recursos".

Consultado por la distribución de los recursos, el alcalde es enfático en señalar que "es un poco desigual". "Todavía nadie me puede explicar a mí cómo se reparte el Fondo Común Municipal. Sabemos que hay comunas más vulnerables que otras, y eso lo podemos entender. Pero nosotros hemos tenido que ir haciendo crecer el presupuesto, en base a gestión".

Consultado por los recursos del royalty a los que apuntó en ministro Valenzuela, el alcalde dijo que éstos "tienen letra chica, que te dice cómo los debes gastar, se norma el gasto, debe gastarse de una manera en que los debes ir rindiendo, mes a mes". En su caso, sostuvo, los recursos que recibió por concepto de esta normativa los utilizó para contratar buses de acercamiento para los vecinos, y más médicos.

Otras voces desde AMUR comentan que no se pueden financiar plantas municipales -las que están determinadas por ley- para dotar de más personal, puesto que éstos tendrían responsabilidad administrativa, y es ahí donde operan las restricciones.

Comuna	Habitantes (proyección 2024)	Presupuesto 2023 ($M)
San José de Maipo	19.519	7.918.652
Pirque	33.021	10.123.700
Calera de Tango	30.283	13.712.315
Paine	88.317	19.719.769
Buin	117.982	39.485.809
Colina	197.370	76.112.500
Lampa	143.032	48.533.532
TilTil	22.482	5.859.999
Isla de Maipo	42.393	10.243.084
Talagante	85.514	18.083.188
El Monte	42.233	11.971.834
Peñaflor	106.840	21.754.900
Padre Hurtado	81.743	16.402.971
Melipilla	148.899	53.397.944
María Pinto	15.669	9.426.026
Curacaví	38.367	11.711.861
San Pedro	12.544	5.313.836
Alhué	7.856	8.443.336
Total, Rural	1.243.064	388.215.356
Total, Regional	8.420.729

Comuna	Habitantes (proyección 2024)	Presupuesto 2023 ($M)
Providencia	164.009	200.066.376
Vitacura	97.049	165.293.279
Las Condes	343.632	439.083.638
La Florida	407.297	180.050.544
San Bernardo	348.640	133.779.123
Puente Alto	667.904	155.735.377
Total	2.028.531	1.274.008.337

La ley del Royalty Minero, aprobada en 2023, cuenta con tres fondos: Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), Fondo de Comunas Mineras (FCMI) y Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (FET).

El FET beneficia a más de 300 comunas del país, especialmente a las que más dependen del Fondo Común Municipal, entre ellas, las rurales. En 2024, la subdere determinó la distribución total de $70.755 millones como aporte único y extraordinario al Fondo Común Municipal de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (ver tabla).

El artículo 3°, letra a) establece sobre el uso del aporte que "los recursos distribuidos en este acto son de libre disposición, y la ejecución de éstos deberá dar cumplimiento a las normas que resulten aplicables en cada caso. Con todo, con cargo a este aporte, no se podrá pagar la deuda municipal". La letra c) en tanto, establece que los municipios deben "informar en forma trimestral, dentro de los diez días hábiles siguientes al término del trimestre respectivo, mediante oficio del alcalde o la alcaldesa, dirigida a la subdere, la ejecución de cada cuenta creada para asignar el gasto y el detalle del uso de los recursos".

De acuerdo al informe consolidado de Contraloría 2025 -con datos al tercer trimestre del año pasado-, el municipio que menos recursos recibió fue Río Verde (Región de Magallanes), con $118.169.109; y el que más recursos recibió fue Puente Alto, con $3.220.545.617.

En tanto, los 307 municipios beneficiados, recibieron en promedio $305.035.830. De ellos, 222 municipios recibieron fondos por debajo del promedio, y 85 por sobre el promedio.

El 53% de los municipios han informado a la Subdere los gastos ejecutados, y un 44% no los ha informado.