Tras casi dos años de trabajo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento acordó la redacción de un documento con sus conclusiones. Creada el 21 de junio de 2023 producto de un compromiso firmado por los 19 partidos con representación parlamentaria, la instancia tiene la tarea de asesorar al Presidente de la República para construir una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y el próximo martes 6 de mayo, el jefe de Estado recibirá el informe.
Sin embargo, no se logró el respaldo unánime que la propia comisión se había autoimpuesto como norma, situación que ha generado controversia, aún cuando no se conoce el detalle de lo aprobado.
En su primera sesión, la comisión acordó que todas las decisiones debían adoptarse por unanimidad, pero hubo un voto disidente a los otros siete a favor: el del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco,
Sebastián Naveillan.
Qué dijeron los integrantes de la comisión
A pocas horas de que el informe llegue oficialmente a las manos del presidente Gabriel Boric y se conozca el detalle de las propuestas, algunos de los miembros se han referido al trabajo realizado, la falta de unanimidad y la importancia de los puntos donde hay acuerdos.
El senador DC y copresidente de la instancia, Francisco Huenchumilla, en conversación con 24 Horas exigió una aclaración respecto del voto disidente: "Nosotros estuvimos trabajando casi dos años y durante todo el proceso fuimos logrando acuerdos parciales y generando un borrador, que se fue trabajando semana a semana".
Narró que "en los últimos días teníamos acuerdos en un 98%. Seguimos avanzando y casi en el mismo día, el 30 (de abril), quedaba uno o dos puntos en desacuerdo. Y después, cuando vamos a votar, nos damos cuenta de que el desacuerdo era total".
El parlamentario afirmó que Naveillan votó "prácticamente el 80% en contra del informe", cuestionando que "¿cómo fue que casi teníamos todo listo y a los minutos siguientes se vota todo en contra?" y que "no se dieron argumentos" por tal postura. "Creo que es probable que ahí se exija una explicación", completó.
Alfredo Moreno, extitular de Desarrollo Social y Obras Públicas y copresidente de la comisión, sostuvo en entrevista con El Mercurio al ser consultado sobre la importancia de la unanimidad que "fui yo el que lo propuse y fue aceptado por la unanimidad de los comisionados. Y la razón es que queríamos realmente hacer un aporte. Porque este es un tema muy complejo, muy conflictivo, donde hay muchos dolores. Es muy difícil tener unanimidad en todas y cada una de las cosas. Y aquí, en algunos puntos se obtuvo. Y en los otros se logró una mayoría de 7 de un total de 8. Eso es muy inusual".
Ante la pregunta de cuál es el principal cambio que se plantea respecto de lo que existe hoy, propuesto por la comisión, dijo que "se nos pidió hacer un catastro y poder mirar cuál es la situación de las tierras y del sistema por el cual se entregan las tierras hoy día. Creo que esto es uno de los principales hallazgos de esta comisión. Hoy hay un poco más de 700 comunidades que tienen aplicabilidad. Es decir, un documento del Estado que les dijo que tenían derecho a tener tierra. Y además, tenemos casi 1.300 comunidades que están postulando a obtener ese documento. Y la experiencia muestra que la inmensa mayoría lo va a recibir. Y por lo tanto, tenemos del orden de 400.000 hectáreas que están comprometidas y 3.500 millones de dólares que están comprometidos".
En diálogo con Estado Nacional, de TVN, explicó que "el acuerdo tiene una importancia extraordinaria. Este es el principal conflicto que tiene Chile, donde hay víctimas que están sufriendo lo indecible, donde hay comunidades mapuches que se sienten invisibilizadas, que sienten la discriminación, que su problema de tierra no lo han podido resolver".
La senadora Carmen Gloria Aravena expresó en Radio Cooperativa al ser consultada respecto de falta de unanimidad que "en relación a tierra, (...) no había nada más que (información) en papeles, en planillas Excel. Ha tenido una precariedad tremenda la Conadi por muchos años en temas de recursos humanos y financieros, que no lo ha hecho modernizarse".
"Lo que nosotros estamos haciendo es una fotografía de lo que el Estado de Chile (...) se ha suscrito: es lo que Chile le debe, es la deuda real de tierras que hoy día existe para el pueblo mapuche", añadió, precisando que "proponemos es que de alguna manera se disminuya el plazo para saldar esta deuda, pero se cambie la ley también, porque la ley hoy día tiene una falla que es eterna la solicitud de tierras, considerando que de alguna manera no termina nunca la demanda".
Profundizó en su punto señalando que la normativa permite que "a todas las comunidades creadas desde el origen que se les debía a tierras inicialmente, a través del título de merced, puedan solicitarlo y las futuras generaciones. Y eso es algo que es insostenible, impagable".
En entrevista con EmolTV, Naveillan había dicho que "hubo líneas rojas que yo no estuve dispuesto a pasar. Uno está dispuesto a moverse, entendiendo que es lo mejor para el país, pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar".
De este modo, indico que "fue un trabajo bien hecho, más allá de las discrepancias, éramos personas de diferentes colores políticos, sectores y eso te da una conversación más profunda, se hizo una buena conversación con altura de mira durante 2 años".
Sobre acusaciones de "desinformación", el dirigente indico que "yo digo la verdad, yo leí, voté, no me gustó ciertas cosas que estaban en la comisión", añadiendo que "no estaba dispuesto a firmar un texto de ciertas ambigüedades que a mí no me dejaban tranquilo".
