"Claramente tenemos que cortar el gasto político para aumentar el gasto social, dejar de contratar apitutados, operadores, parientes, lo más probable es que alguno de lo que están acá tenga algún pariente en el Estado, no lo sé", dijo la semana pasada José Antonio Kast, generando aplausos del público que estaba en el foro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Y si bien la postura del republicano fue compartida por candidatos como Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Johannes Kaiser (libertarios), también fue motivo de choque con otros presidenciables. De hecho, la candidata del PC, Jeannette Jara, rebatió que si "uno quiere fortalecer programas (...) se requiere tener financiamiento público y eso no se hace despidiendo a tres funcionarios que es lo que aquí se ha puesto como un tema. Despedir a cinco o seis operadores políticos como uno les llaman, les aseguro que no va a lograr solucionar el tema de la habitabilidad y el mejoramiento de vivienda en Chile, sí una carga tributaria adecuada".
Ante ello, Kast replicó más tarde: "Quiero que me recuerden no por sacar cinco apitutados políticos, multiplique eso por 10 mil. Eso es más o menos el nivel". "Comparto que los operadores políticos, como los llaman los candidatos Kast y Kaiser, cuando un gobierno cambia, se tienen que ir, porque a mí me ha tocado dos veces recibir el gobierno desde la derecha y no se han ido todos. Y es bien complejo cuando uno tiene gente que está atornillando al revés. Otra cosa son los funcionarios públicos de carrera", sostuvo Jara.
El intercambio entre los presidenciables fue un primer apronte de un tema que por estos días se ha tomado con fuerza la campaña presidencial, luego de que la Contraloría detectara que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país, pese a estar con licencia médica. Es que más allá de las condenadas y la indignación que la denuncia ha provocado en la opinión pública, los candidatos han entrado al debate, algunos incluso planteando una serie de propuestas para fiscalizar y sancionar a quienes incurran en dichas prácticas.
¿La nueva bandera de la derecha?
Fue en el mes de marzo que Matthei se adentró en esta discusión, afirmando que se debía reducir el gasto público en unos US$ 6.000 millones. Para ello, ponía como ejemplo reparticiones o programas que se pueden cortar, a la vez que aludía a tener una "buena tijera de podar, grande y rápida". Ayer, en cambio, la candidata planteaba que sumaría además "una lupa" para buscar a los empleados públicos que presentaron las licencias falsas.
En la misma línea, Kaiser se ha mostrado partidario de recudir el Estado. "La mayoría de los ministerios debiesen volver a ser subsecretarías, como Agricultura, Pesca, Energía, debiesen volver a ser subsecretarías, por ejemplo, de Economía a Medio Ambiente", dijo el libertario hace un tiempo en el programa Estado Nacional de TVN.
Ese mismo destino tendrían otras reparticiones como, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, sobre el cual señaló que "creo que es un malgasto terrible", añadiendo que "lo transformaría en una subsecretaría, probablemente".
A fines de abril, en tanto, Kast comprometió una auditoría completa al Estado en su eventual gobierno, para buscar posibles irregularidades, aludiendo a los casos de corrupción que se han presentado como el relativo a los convenios con fundaciones o a la venta de la casa de Isabel Allende.
Reacciones de candidatos
Tras conocerse el martes el informe de Contraloría, todos los candidatos presidenciables del oficialismo y la oposición han condenado los hechos. Por ejemplo, la carta del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, acusó que "esto no constituye solo un abuso, constituye un verdadero fraude social, porque estamos hablando de servidores públicos". Con ello, aseguró que "nuestro Gobierno vamos a combatir las licencias falsas, especialmente en el Estado. Fiscalización, sanción y fin a los abusos".
"25 mil 'enfermos' haciendo turismo es un robo indefendible. Las licencias falsas muestran una burocracia que se ha dejado estar. Por culpa de unos pocos, se pone en duda a trabajadores honestos y se refuerza la idea fácil de que hay que achicar el Estado", dijo el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Mientras que Kaiser, apuntó que este hecho "nos dice a nosotros que tenemos un problema, una crisis moral profundísima en nuestro Estado. Esperamos que esas 25.000 personas sean cesadas en sus cargos, sean despedidas, no basta con una sanción administrativa y esperamos también que la Contraloría inicie las acciones legales por eventuales fraudes al fisco que se hayan producido en contra de estos funcionarios".
También su cuenta de X, Jara mencionó en la misma red social que "no es tolerable que existan 25 mil funcionarios públicos que estando con licencias médica hayan salido de país. Estas conductas abusivas dañan la fe pública y siembran la desconfianza injustamente en quienes tienen licencias debidamente justificadas. Es necesario fortalecer los controles, fiscalizaciones y sanciones y así lo haremos un nuestro gobierno".
Hoy, en tanto, la carta del PC criticó la analogía de la "tijera de podar" de Matthei, afirmando que "aquí hay harta persona hablando de podadora, tijera, corta uña, tiptop, y todo lo que se les pueda ocurrir, pero la verdad es que no se gobierna con consignas, se gobierna con ideas y con programas".
Y si bien aseguró que es "inaceptable" la conducta de los funcionarios denunciados, pero acotó que "meter a todos los funcionarios públicos en el mismo saco me parece que no corresponde".
Batería de propuestas
Más allá de los cuestionamientos, Matthei y Kast presentaron el jueves sus propuestas para combatir las licencias falsas. La primera, propuso el control de licencias médicas a los funcionarios públicos mediante el cruce de datos de días de licencia y los nombres de los médicos que las hayan recetado. Con resguardo del diagnóstico.
Además, habló de que la Contraloría deberá realizar el sumario correspondiente y el jefe de servicio estará obligado a aplicar la sanción establecida, en todos los casos de corrupción y fraude al fisco, como lo son licencias médicas falsas. Con ello, se propone una sanción de por vida para ejercer labores en el ámbito público y se deberá regresar el dinero quien sea sorprendido con licencias falsas y generando perjuicio al Estado.
"El dinero que se usa para pagar licencias viene del esfuerzo de millones de trabajadores. No vamos a permitir que unos pocos hagan trampa mientras la mayoría se levanta temprano y cumple con su labor", recalcó Matthei.
Kast, en tanto, planteó una auditoría total, solicitando a la Contraloría investigar el periodo 2018-2022 y establecer responsabilidades, además habló de la destitución como sanción. Para ello se habla de una reforma al Estatuto Administrativo para que el mal uso de licencias médicas sea causal directa de despido y prohibición de recontratación.
En tercer lugar, planteó un poder real para la Contraloría, mediante un fortalecimiento institucional para instruir y cerrar sumarios con agilidad y tecnología de punta. En cuarto lugar, está la implementación inmediata de la ley 20.585, con una exigencia al Gobierno para que deje de postergar la aplicación de una ley ya aprobada y lista para ejecutarse. Se apunta a la recuperación de los fondos defraudados con acciones concretas para que los dineros públicos mal utilizados sean restituidos, y se establezcan sanciones para las autoridades que no actuaron.
"Médicos que emiten miles de licencias al año. Funcionarios públicos que viajan al extranjero estando con reposo. Servicios públicos que pierden cientos de millones y no recuperan nada. Esto no es un problema técnico, es una señal de descomposición moral", sentenció el republicano.
Tema de campaña
Para el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, "sin duda el tema de seguridad y el económico van a ser los dos grandes temas ordenadores. Y una variante del tema económico tiene que ver con el mal uso de recursos públicos, sea por casos de corrupción y por abusos, sea por ineficiencia, y en ese marco sin duda que va a estar dentro de las prioridades de los chilenos al momento de votar" .
A su juicio, éste "va a ser uno de los indicadores a diferencia de otras elecciones donde se hablaba de nuevos ministerios, yo creo que va a haber un tono muy marcado en la eliminación de algunos ministerios y también en la reducción de funcionarios públicos sobre todo en los casos donde ha existido abusos o no se entiende qué justifica la presencia o aumento de ellos".
Según el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, la reducción del Estado, "jamás será un tema de tanta relevancia en comparación con problemas urgentes como seguridad y crecimiento, pero sí se tomará parte de la campaña. Precisamente una de las grandes diferencias entre izquierdas y derechas pasa por el tamaño del Estado".
Ante ello, Morales precisó que "la derecha sacará ventaja, pues sus candidatos prometerán barrer con parte de la burocracia estatal, teniendo como argumento el uso abusivo de licencias médicas. Entonces, podrán argumentar que si bien es cierto que los privados abusan de los consumidores, el Estado y los gobiernos no se quedan atrás. Seguramente, comenzará la discusión en torno al número de ministerios, pero ahí la derecha debe ser muy cuidadosa porque ha contribuido, precisamente, al crecimiento de la burocracia, aprobando la creación de no pocos ministerios".
Para Eric Latorre, director magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, "el Estado necesita una urgente modernización enfocada en la eficiencia, pero sobre todo en la búsqueda de resultados e impactos que permitan atender la necesidades de las personas más vulnerables".
"Sería muy importante que los candidatos presidenciales comprendieran la importancia de esta materia, la que es condición básica para enfrentar cualquier otro desafío como la seguridad y la necesidad de un actuar más oportuno y coordinado de múltiples órganos públicos, las listas de espera en salud, el crecimiento económico e incentivar la inversión para lo que se requiere enfrentar en serio la mal llamada permisología que no es otra cosa que ineficiencia, negligencia estatal, y una fijación en procedimientos burocráticos sin ninguna consideración por el fin público que perseguimos en beneficio de todos los chilenos", recalco Latorre.
