Un plazo de 72 horas dio la semana pasada el Ministerio de Hacienda para que los 788 organismos inicien un sumario administrativo en contra de los más de 25 mil funcionarios públicos que fueron identificados por la Contraloría haciendo uso fraudulento de sus licencias médicas; en concreto, con viajes al extranjero.
El plazo venció ayer, y desde entonces, comenzó a correr el periodo de 30 días para que los respectivos servicios envíen el detalle del estado de los sumarios. Sin embargo, esta vez, a raíz de la magnitud de la polémica que afecta al gran parte del sector público, las informaciones fueron más expeditas.
Esta tarde, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó un balance de los procesos administrativos: hay 131 instituciones que ya iniciaron sumarios y 6.592 funcionarios en esta situación. Asimismo, hay 1.102 funcionarios que ya no están en el servicio público, y 272 que ya estaban siendo sumariados por la causal de las licencias u otras. Estas cifras, aclaró el ministro, no corresponden a municipios, los que también presentaron casos de licencias fraudulentas.
Historial de sumarios
Lo concreto es que los anuncios de sumarios administrativos no son inéditos en los gobiernos. En esta administración, por ejemplo, la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció un sumario administrativo luego que se conociera que la salida de entonces subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, se habría debido a un supuesto caso de acoso sexual. El proceso, según señalaron entonces desde la cartera, fue de carácter reservado y estuvo a cargo de un jefe de servicio de alto rango.
Durante la polémica por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric y que terminaron con la salida de la entonces
ministra de Justicia, Marcela Ríos, por una serie de "desprolijidades" en el proceso. En esa oportunidad, se le preguntó al entonces recién asumido ministro de esa cartera, Luis Cordero, si habría algún sumario al respecto para hacer una trazabilidad de los errores, pero afirmó que eso era "
algo que por ahora no forma parte de la discusión".
La filtración que complicó a la entonces canciller Antonia Urrejola -cuando abordaba, junto a otros funcionarios del ministerio, los dichos del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa-, también dio pie a un sumario que se mantuvo de carácter secreto.
En diciembre de 2024, tras las esquirlas que dejó el caso Monsalve, el fiscal de la Región de Valparaíso, Maximiliano Krause, reconoció haber entregado su clave de acceso para revisar investigaciones del Ministerio Público, lo que derivó en que se abrieran 25 investigaciones administrativas. Es más: afirmó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que las indagatorias internas habían aumentado un 50% respecto al año anterior.
Las "complejidades" de los sumarios
Pese a que en varias oportunidades se anuncian sumarios administrativos, expertos afirman que se trata de procesos que incluyen una serie de etapas que muchas veces generan una serie de complejidades o tensiones en el clima interno de los servicios. Eso incluso lleva a que se desista de su elaboración, o que no se entreguen resultados pese al extenso tiempo que suponen las indagatorias.
Esto, pese a que Marcel hoy le dio un tono de agilidad a los procesos en medio de esta polémica. Así, aclaró que no son "investigaciones sumarias", sino que se trata de trámites "relativamente simples", que no se extienden por mucho tiempo y que consideran tres ejes centrales: la causal de la licencia médica, los viajes que realizaron y el motivo de estos.
En concreto, el sumario administrativo es un procedimiento interno que investiga responsabilidades de funcionarios públicos por eventuales infracciones a sus deberes.
Alejandro Gómez, director del Diplomado Derecho Municipal Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, explica que el sumario comienza con la dictación de una resolución que lo ordena y la designación de un fiscal instructor o investigador y un ministro de fe. Luego se recogen antecedentes, se toma declaración al inculpado y se propone una resolución.
En cuanto a las sanciones posibles, según la gravedad de la falta, "van desde una amonestación verbal o escrita, multa, suspensión del empleo con privación temporal de parte de sus remuneraciones y, en los casos más graves, la destitución. El procedimiento concluye con una resolución de la autoridad superior del servicio, quien puede acoger o modificar la propuesta del fiscal en cuanto a la sanción que se aplica o el sobreseimiento".
"No hay ninguna imparcialidad"
Eric Latorre, director del magíster de Gobierno y administración pública de la U. Autónoma, comenta que, en en la práctica, el sumario administrativo suele extenderse indefinidamente, a menudo por años, sin llegar a una resolución.
"Los sumarios son una gran mentira y no hay ninguna imparcialidad, porque los hace un colega, una persona de la misma repartición, no tiene plazo; y además, los jefes van cambiando. ¿Qué incentivo va a tener un jefe de servicio que se va a fin de año para despedir a un funcionario que tiene 30 años de carrera?".
Francisco Leturia, ex presidente del CPLT
"Esto se debe a una cierta incompetencia de quienes instruyen los sumarios, no es una tarea grata, y a menudo que se enfrenta como un castigo, ya que puede generar tensiones con otros funcionarios. Además, a pesar de que algunos sumarios bien realizados recomiendan sanciones severas por faltas graves, los jefes de servicio generalmente optan por sanciones menores, como amonestaciones o suspensiones breves. Como resultado, muchos sumarios no desembocan en acciones efectivas contra funcionarios implicados en irregularidades", acota.
En la misma línea, Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), apunta a la arista más política -y de confianzas- involucradas en las dinámicas de los cargos públicos. "En el sector público, más importante que la 'corrección', es la lealtad. Entonces, habitualmente, los jefes de servicios no quieren sacar a quienes les son leales". Además, afirma que en muchos casos las autoridades temen ser "boicoteados" o enfrentarse a las asociaciones de funcionarios u otras "instancias" que finalmente terminen en enfrentamientos.
"No hay incentivos. Los sumarios son una gran mentira y no hay ninguna imparcialidad, porque los hace un colega, una persona de la misma repartición, no tiene plazo; y además, los jefes van cambiando. ¿Qué incentivo va a tener un jefe de servicio que se va a fin de año para despedir a un funcionario que tiene 30 años de carrera? Por eso, no extrañaría que a raíz de las licencias, los sumarios queden para el otro gobierno, cuando el tema ya va a haber pasado", zanjó.
