Diversas son las salidas -ya sea por renuncias o despidos- que se han anunciado en los últimos días, tras conocerse por parte de la Contraloría General de la República (CGR) que, entre 2023 y 2024, más de
25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas.
De hecho, por la misma situación y con el fin de evitar "impunidad administrativa", diputados de Renovación Nacional (RN) enviaron un oficio a la contralora Dorothy Pérez, para que instruya a todos los órganos del Estado que "retengan" las renuncias.
Del total de trabajadores públicos apuntados por Contraloría, casi 8 mil son (o eran) parte del gobierno central. En ese sentido, durante la semana el Ministerio de Hacienda detalló que se iniciaron sumarios administrativos en contra de 6.552 de estos funcionarios, dado que 1.102 ya salieron del Gobierno, aunque no necesariamente por el tema de permisos de salud.
"La cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy habiendo incurrido en algunas de estas prácticas son 1.102 del gobierno central, no incluye a municipalidades", precisó en la oportunidad el ministro Mario Marcel.
Recientemente, se conoció la renuncia de Mauricio Tapia (FA), quien se desempeñaba como jefe de gabinete del seremi de Desarrollo Social de Magallanes, Danilo Mimica, y sería amigo del presidente Gabriel Boric. Fuentes confirmaron a Emol que el pasado lunes 26 se habría iniciado un sumario administrativo en su contra por realizar un viaje en 2023 a Río Gallegos, Argentina, mientras estaba con licencia médica. Así, un día después dejó el cargo.
A dicho caso se suma el de Raúl Domínguez, quien era jefe de la División de Políticas Regulatorias y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Él dejó su cargo luego de que se revelara que realizó un viaje por Europa durante su supuesto reposo de salud. Domínguez fue compañero de colegio del Presidente en Magallanes.
Otra de las renuncias de las que se tuvo conocimiento esta semana fue la de Carmen Monsalve, hermana del exsubsecretario del Interior y actualmente imputado por violación y abuso sexual, Manuel Monsalve. La Superintendencia de Salud confirmó su salida al cargo de intendenta de Prestadores de Salud.
Otra baja fue la de Marcos Barraza (PC), como asesor del Ministerio del Trabajo. El exconvencional constituyente fue vinculado al mal uso de licencias médicas cuando se desempeñaba como jefe de gabinete de la exalcaldesa Irací Hassler en la Municipalidad de Santiago.
"No estoy disponible a que esta operación política intente afectar con mi nombre ni al Gobierno del presidente Gabriel Boric, ni al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del cargo de asesor ministerial que ejercí lealmente hasta este día y tengo la convicción de que enfrentar esta embestida requiere que tenga toda la libertad como ciudadano para hacerlo, por lo que el día de hoy he presentado mi renuncia de manera indeclinable al cargo de asesor en el Ministerio", dijo en una declaración pública.
A las anteriores salidas también se agrega la de María Teresa Gajardo, ahora exfuncionaria de la Superintendencia de Educación de la región de Valparaíso y hermana del exfiscal Carlos Gajardo; la del gerente de Metro, Patricio Baronti; la del seremi de Deporte de la región del Biobío, Cristian Cartes; la del vicepresidente del Colegio Médico de Chile (Colmed), Iván Mendoza; la de Valeria Paredes, quien es esposa del diputado Mauro González (RN) y tenía un cargo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji); y la de Erick Orellana Jorquera, quien ejercía como Director Regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Valparaíso.
Por otra parte, en cuanto a despidos Metro, informó la salida de 23 trabajadores y que hay otros 76 casos siendo analizados.
"Metro inició un análisis sobre cada uno de los casos contenidos en la nómina a partir de información interna adicional. Producto de esta revisión, se constató que los 188 casos de licencias médicas corresponden a 131 personas, de las cuales 99 se encuentran trabajando actualmente en la empresa", señaló en un comunicado en primer lugar.
Tras ello, expuso que "de la revisión realizada hasta esta fecha sobre las 99 personas que son hoy trabajadores de Metro y en mérito de los antecedentes tenidos a la vista, un primer grupo de 23 personas fue desvinculado esta mañana por incumplimiento grave a las obligaciones del contrato y falta a la probidad". Y, "los restantes casos (76) siguen siendo analizados con la máxima celeridad para adoptar las medidas correspondientes según la normativa interna de Metro y la legislación vigente".
Codelco, en tanto, detalló que las 204 licencias médica cuestionadas por Contraloría involucran a 153 personas, "de ellas, 118 estaban trabajando en la empresa al momento de recibir la información y 21 personas ya fueron desvinculadas".
Dicha cifra fue actualizada después por el presidente Máximo Pacheco. "A última hora de la noche de ayer ya sumamos 37 personas que ya no están trabajando más en la empresa porque se ha procedido a desvincularlas", señaló en entrevista con T13 Radio.
