Un intenso debate en torno a los descuentos en sus remuneraciones que deberían aplicarse a los profesores que adhirieron a la paralización de la semana pasada, se ha tomado el mundo público y político.
Esto, luego que el pasado jueves la Contraloría enviara un oficio a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para que entreguen el detalle de los descuentos que se realizarán.
En concreto, el documento planteaba que "se requiere a esas entidades que informen acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, como asimismo, de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación".
A la acción de Contraloría se sumaron diputados de oposición, quienes también que están solicitando que se descuenten las remuneraciones de los profesores que se adhirieron al paro.
Consultado por este tema, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo esta mañana a Tele13 Radio que "el uso habitual, y lo que ha estado aplicándose en general por los sostenedores, es primero, una decisión de los sostenedores. El ministerio no establece los descuentos, no le paga los sueldos a los profesores, y la normativa que ha estado vigente, a través de dictámenes de la Contraloría, que son de 2013 si no me equivoco, es que con la planificación y programación de recuperación de las clases, se pagan los sueldos".
Asimismo, detalló que "hay otros sostenedores que dicen: 'yo no voy a recuperar, aplico el descuento y se acabó', como el caso del alcalde de Renca, que hace un par de días atrás lo transmitía de esa forma. Entonces esto es variable y depende de cada sostenedor".
"La normativa vigente hasta ahora lo ha permitido, y creo que estamos hoy día en una discusión con la Contraloría General de la República, una discusión jurídica, respecto de circulares que ha sacado en los últimos días por esta movilización, que tiene que ser resuelto a la luz de los dictámenes que están vigente. Entonces hay un tema de interpretación jurídica que se está desarrollando para instruir también al sistema sobre cómo tiene que proceder, sobre todo el Sistema de Administración Pública, que es la que está sujeta a las regulaciones de la Contraloría", agregó.
Consultado por los dichos del Colegio de Profesores, que apuntan a una suerte de "colusión" en esta materia, el ministro sostuvo que "el presidente del Colegio de Profesores tiene un rol y yo creo que hay que entenderlo en ese rol (...) yo no sería tan audaz, porque por otro lado, la Contraloría tiene un rol. A mí no me corresponde opinar sobre las decisiones de la Contraloría, a mí me corresponde acatarlas, como Ministro de Educación".
"Lo importante es que sea clara en las instrucciones y en las interpretaciones de la normativa educacional. Hasta ahora, tenemos un dictamen de 2013 que señala una cosa diferente, y por otro lado, el legislador tiene todo el derecho de presentar proyectos de ley. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que presenten, y sin duda que prohibir la movilización por principios, yo creo que es algo muy riesgoso y que atenta contra la democracia. Al mismo tiempo, creo que el uso irracional o sin sentido de la herramienta de la movilización también pone en riesgo la legitimidad de la herramienta en un estado de derecho", subrayó.
Arratia: "Nuestro deber es aplicar la normativa"
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, también abordó esta mañana el oficio enviado por la Contraloría a los Servicios Locales, y explicó cómo se desarrolla el proceso para fijar los descuentos.
"La Contraloría les hizo una pregunta a los Servicios Locales (SLEP) y a la Dirección de Educación Pública. Efectivamente hay un procedimiento para eso: tiene que haber un plan de recuperación, claridad de quiénes fueron los que faltaron, y de acuerdo a lo que ocurra con esa planificación de recuperación, que la hace el sostenedor -ya sea tanto SLEP como municipios- o los particulares subvencionados, y se la presentan al Ministerio de Educación, a nuestras direcciones provinciales, y en función de eso se toman las definiciones respecto a descuentos", partió señalando en conversación con Radio Cooperativa.
Añadió que "la Contraloría está ejerciendo sus funciones, que en el fondo es preguntar, y los Servicios Locales tienen que responder esta semana, si mal no recuerdo hasta el miércoles, y hay que ir viendo cómo se ajustan en los distintos establecimientos".
Consultada por, si en definitiva, el Ministerio de Educación es partidario de aplicar los descuentos, la subsecretaria sostuvo que "el Ministerio de Educación por supuesto que es partidario de aplicar la normativa, y no es que seamos partidarios o no, nuestro deber es aplicar la normativa, hay un ámbito de responsabilidad. Pero ojo, que quienes hacen esta definición son los sostenedores, y aquí siempre se produce una confusión, porque nosotros como ministerio no somos sostenedores, lo que hacemos es aprobar la definición respecto a los planes de recuperación".
