La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende se encuentra en su etapa final. En las próximas sesiones, los parlamentarios se abocarán a la elaboración de las conclusiones del informe.
Este lunes asistió a la instancia la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. En el marco del debate, uno de los argumentos que ha cobrado mayor relevancia es que, además de los errores del Ejecutivo, fue el propio Congreso Nacional el que, a través de la Ley de Presupuestos, autorizó la adquisición del inmueble del exmandatario.
Durante su exposición, Martínez explicó por qué el gasto de $2.400 millones fue traspasado desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (dependiente del Ministerio de las Culturas) al Ministerio de Bienes Nacionales, organismo que finalmente se encargó de llevar a cabo la compra. Cambio que fue a solicitud del Servicio de Patrimonios.
"En la primera instancia, el proyecto, con todos los antecedentes que habían sobre la mesa, se consideraba una iniciativa de inversión (artículo 31). Con posterioridad, al ir definiendo el proyecto, pasa a ser la adquisición de un inmueble, y por eso pasa al subtítulo 29 (adquisición de activos no financieros)", dijo la directora.
Aseguró que "es algo que ocurre en otros proyectos de inversión o en otro ítem de gastos durante el año". "Durante los últimos dos años en promedio se han hecho 2.361 (…) son aproximadamente 40 por semana", indicó.
Martínez agregó que "luego de esta modificación presupuestaria, la Dirección de Presupuestos no tiene más atribuciones en lo que sigue del proceso de aquello".
En ese marco, explicó que "cuando se presenta la ley de presupuesto, no se vota por una asignación específica asociada a un proyecto en específico, sino que se aprueban asignaciones globales o recursos globales asociados al subtítulo 31, asociados al subtítulo 29, pero cada uno de esas asignaciones específicas".
Y dio el siguiente ejemplo: "En el presupuesto de Obras Públicas, los recursos contemplados en el presupuesto de las obras públicas contienen la ejecución del proyecto del puente de Chacao, pero ustedes no votan una asignación específica del puente de Chacao, sino que se autoriza unos recursos generales, donde además también el ministerio pone a disposición de la discusión presupuestaria que se va a financiar con esos recursos".
Arremetida de la oposición
Por el cambio presupuestario que realizó el Ejecutivo, diputados de oposición cuestionaron la decisión. La diputada Paula Labra (RN) acusó que "se intentó pasar gato por liebre al Congreso" y "a medio camino fueron definiendo qué es lo que iban a hacer".
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN), dijo que "el subtítulo 31 no habla de adquisición de la propiedad de Guardia Vieja, contempla ‘incremento para la casa presidencial de Guardia Vieja’ y ese subtítulo no contempla compra de propiedades".
El legislador acusó que "hubo un engaño al Parlamento (…) hubo información que no se condecía con lo que pasó".
Martínez, al ser consultada sobre si el Congreso votó específicamente la adquisición de la vivienda en el Congreso Nacional, a través de la ley de presupuesto, respondió: "La ley de presupuestos aprobada por el Congreso en el año 2024, ¿Consideraba recursos para este proyecto? Sí, consideraba recursos para este proyecto ¿Había una asignación específica dentro de la ley de presupuestos para aquello? No, en el monto global sí se consideraban esos recursos, pero no en ese detalle".
"Obviamente que nunca lo que hay detrás de eso, desde el punto de vista del Ejecutivo, es engañar al Congreso, sino más bien en términos de la flexibilidad presupuestaria que existe, que es una atribución que existe, que también ayuda a la mejor gestión durante el año", añadió.
