El ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
El Mercurio
La balacera ocurrida la tarde del pasado jueves 29 de mayo en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, reactivó el debate en torno al uso de tecnologías como pórticos detectores de metales para prevenir el ingreso de armas y otros objetos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien compareció ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados este lunes, tomó distancia del proyecto presentado por parlamentarios de oposición, aunque no cerró la puerta a la discusión. En su intervención, presentó una serie de observaciones a la iniciativa y el debate continuará la próxima semana.
Cataldo advirtió que "
las medidas de seguridad, como los pórticos y detectores metales, son de carácter intrusivo para niños, niñas y adolescentes, susceptibles de afectar derechos fundamentales. Todo esto depende de cómo se implemente, cuáles son los protocolos de actuación, cuál es la determinación que se establezca finalmente a la hora de esta implementación. En particular, podría estar afectada la honra, la intimidad, la propia imagen".
Además, subrayó la disposición del Ministerio a explorar soluciones: "Como se ha señalado, este ministerio no pretende cerrar el debate, al contrario, estamos abiertos a nuevos mecanismos que velen por la seguridad y convivencia en los establecimientos educacionales".
Añadió también que "en la experiencia comparada, no hay estudios que nos permitan concluir fehacientemente que la instalación de pórticos detectores de metales, en efecto, eviten la comisión de delitos dentro del establecimiento".
Por otro lado, el ministro señaló los riesgos de estigmatización que podría acarrear la medida: "Es importante pensar que en la instalación de ellos solo en algunos establecimientos porque implicaría una segmentación social acerca de la supuesta peligrosidad de los establecimientos educacionales que tomen esa decisión o que tengan la capacidad financiera para tomar esa decisión, que no es menor, a integrantes de ellas".
En ese sentido, advirtió sobre los altos costos que implicaría una implementación generalizada: "Para aplicación uniforme de medidas como esta, el nivel de desembolso fiscal estaría en grandes magnitudes, digamos, según lo que señalábamos de estudios comparados en Estados Unidos que hablaban de US$5.000 por pórtico, más la mantención posterior de guardias de seguridad para operar. Todo lo anterior sin la certeza además de que efectivamente esto funcione".
Finalmente, Cataldo dijo que "como Ministerio creemos importante tener la opinión de las propias comunidades educativas, de los profesores, de los asistentes a la educación, que en definitiva no son solo los que se ven afectados frente a las problemáticas de manejo de situaciones de violencia en los establecimientos, sino que por lo demás tienen que ser quienes tengan que enfrentarse a todo lo que puede desencadenar una medida como esta. Creemos que estas soluciones rápidas de alto impacto mediático que pueden generar en un inicio sensación de seguridad suelen crear una falsa sensación de seguridad, un falso positivo por decirlo de otra forma, sin que esto pueda contribuir necesariamente a la reducción de la violencia escolar. El enfoque puramente tecnológico resulta ineficiente frente a un problema complejo y multidimensional".
