Ministro de Seguridad, Luis Cordero.
ATON.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó el incumplimiento de
342 municipalidades del país (90%) sobre su obligación de remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.
La cifra la informó la Contraloría General de la República en la undécima Consolidado de Información Circularizada (CIC). La entidad advirtió que 110 de los municipios "están en categoría de 'urgentes', en tanto tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual.
Entre ellas, Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa".
En conversación con Radio Infinita, Cordero explicó que "esto es una obligación que viene de la reforma a la ley del año 2016. Esto es un tema con el cual se insistió en las municipalidades, se ha conocido la evaluación de la contraloría ahora, que es su análisis de datos (...) Pero ya en mayo el Consejo para la Transparencia había hecho una evaluación simplemente porque los planes y las actas de los consejos, comunales en materia de seguridad, forman parte de transparencia activa y más del setenta por ciento de los municipios no cumplía esa obligación, y los datos que ha entregado la Contraloría ahora son datos que tienen que ver en la ausencia de actas, la falta de actualización y en algunos casos directamente en donde no se han aprobado".
Esto, añadió, "es complejo especialmente en aquellas áreas donde, como dice la Contraloría, existen índices de vulnerabilidad sociodelitual complejas, y la reforma del 2016 es una reforma que tenía por propósito que en esos con Consejos se reunieran todos los organismos que tienen incidencia en materia de seguridad, incluyendo los fiscales del ministerio público, para alinear las actuaciones es la intervención local de acuerdo a esos planes".
En ese sentido, advirtió que "para la implementación del Ministerio de Seguridad, esto es un es un tema porque cuando se apruebe la política de seguridad pública, que es el mandato de la ley, eso implicaría ordenar evidentemente el resto de los instrumentos, y es complicado también, porque es una de las razones por las cuales estamos avanzando en materia de seguridad municipal, es para dotar de mayores competencias y recursos, y la lógica que tiene los planes de seguridad comunal y los consejos es alinear objetivos con medios".
En cuanto a si esto es reflejo de la gestión del municipio en materia de seguridad, Cordero apuntó que "nos refleja qué es la coherencia entre el discurso y la gestión".
El ministro relevó que los planes de seguridad "permite ordenar y orientar objetivos, recursos, pero además tiene integrado a una serie de organismos públicos con competencia en la comuna, además del municipio, que pueden realizar acciones conjuntas, y se nota mucho la diferencia entre uno y otro, porque porque además el plan tiene que ser aprobado por el concejo, porque alinea esos objetivos al interior completo de la del municipio y yo creo que en el contexto de la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, este es un componente que sirve para demostrar que no basta solo con solicitar. También hay que ocupar las herramientas que uno tiene para poder gestionar adecuadamente".
Seguridad escolar
Por otro lado, el titular de Seguridad abordó el debate sobre instalar detectores de metales en los establecimientos educacionales, en atención a los últimos hechos delictuales.
Consultado sobre aquellas medidas que pueden ser tildadas de efectistas, pero que otorgan una sensación de seguridad, el ministro apuntó que "si eso es así, entonces aceptemos que los establecimientos deben tener medidas de seguridad y esto no son policías, es en el fondo que hay determinados establecimientos educacionales, que en el fondo yo no podría que decir que tienen ciertos riesgos, y entonces tienen que ser entidades obligadas, por ley de seguridad privada".
"Yo se lo dije al ministro Cataldo, si en noviembre va a entrar en vigencia la Ley de Seguridad Privada, la discusión no es cuántos policías tenemos afuera, sino que al final del día cuáles son las medidas de seguridad que tienen los propios establecimientos".
Ahondando en el punto, el ministro señaló que "si nosotros queremos tener esa discusión, eso significa, entonces, que esos establecimientos nosotros deberíamos calificarlos entidades obligadas y, entonces, las medidas de seguridad deben ser financiadas por el propio establecimiento y distintas, pero para eso, lo único yo digo, es que la comunidad escolar también tiene que entender lo que implica esta situación".
"Discultámoslo en serio, pero no con esta idea, por ejemplo, de que los establecimientos educacionales tienen que ser infraestructura crítica para que existan militares afuera", reparó.
