Pese a que aún no comienza la lluvia, existe la inquietud ante eventuales interrupciones del servicio eléctrico.
En ese contexto, el Gobierno ya apuntó contra las empresas de distribución eléctrica, señalando que deben cumplir con su responsabilidad y garantizar el suministro. Especialmente luego del masivo apagón de agosto pasado, cuando un temporal dejó a numerosas zonas sin energía durante semanas.
En esa oportunidad, las distribuidoras fueron sancionadas con millonarias multas, en medio de un clima de tensiones y recriminaciones cruzadas entre las compañías, el Gobierno, los municipios y la ciudadanía.
La amenaza de un nuevo frente climático revive la crisis del invierno anterior. A los emplazamientos del Gobierno se han sumado también parlamentarios, que elevan el tono del debate.
El Presidente Gabriel Boric afirmó que "las empresas proveedoras de electricidad no pueden alegar ‘caso fortuito’ ante eventos predecibles. El Estado está tomando todos los resguardos necesarios pero aquí todos tienen que hacer bien la pega".
En la misma línea, esta mañana el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, advirtió que "tenemos especial preocupación por garantizar el cumplimiento de las medidas que corresponden a las empresas eléctricas para que en la eventualidad de riesgo de mayor envergadura esto no produzca afectaciones a la red de tendido eléctrico y por tanto cortes al suministro eléctrico".
Durán añadió que "en caso de producirse cualquiera de estas consideraciones hay que tener presente que las empresas tienen una obligación legal de responder de manera oportuna tanto en la información respecto de cualquier fenómeno de esta naturaleza respecto de los clientes afectados por supuesto a la capacidad de respuesta para restablecer el suministro eléctrico y a la reposición de cualquier daño que se pudiera producir".
Las posturas de los parlamentarios
Actualmente, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados indaga las actuaciones del Gobierno en materia de fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento del sistema de distribución eléctrica entre los años 2024 y 2025.
El presidente de dicha instancia, Jorge Brito (FA), señaló que "no es por nada que la principal empresa del país que generó las máximas utilidades el año pasado fue una empresa de energía y especialmente Enel, quien lideró las fallas del suministro eléctrico ante los apagones. Por eso hemos planteado, desde la comisión especial investigadora que presido, que las empresas tienen una obligación de realizar los planes de inversión para mejorar la resiliencia y confiabilidad del sistema nacional eléctrico e impedir que existan más interrupciones".
El diputado Jaime Mulet (FRVS) también criticó a las compañías: "Las compañías eléctricas en general se han portado mal durante los últimos años. Han habido situaciones alarmantes en distintas regiones del país ¿Qué se requiere? Se requiere que tengan listas sus cuadrillas, llamadas y no esperar que ocurran las situaciones que generan estos eventos climáticos que son más duros en el invierno, especialmente las caídas de árboles y cortes".
"Espero que hayan hecho las labores preventivas de cortar los árboles que tienen riesgo antes de que ocurran los sucesos (…) las podas y cortas de árboles antes de los desastres. Y estar muy atentas con los Cogrid, informándose de lo que va a pasar para prevenir. Que sus sistemas de teléfonos estén con personas humanas, de carne y hueso, no máquinas contestadoras, cuidado especialmente con los electrodependientes que son las personas que incluso pueden fallecer como ha ocurrido cuando hay cortes de energía eléctrica", insistió.
"Esperamos compañías distribuidoras de energía eléctrica sean responsables y no una vez más tener que sufrir a consecuencia de sus irresponsabilidades", concluyó.
Una visión distinta expresó el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano), quien, sin eximir a las empresas eléctricas, también responsabilizó al Ejecutivo: "La responsabilidad no recae exclusivamente en las empresas distribuidoras, también recae en el Gobierno. Recordemos que el gobierno central cuenta con una oficina que es Senapred, para gestión de riesgos y desastres, donde no solamente tienen que ser reactivos, también tienen que ser preventivos, y las empresas tienen su responsabilidad y bastante bien definida en las distintas normativas eléctricas que rigen al sector".
"Por lo tanto, acá yo creo que, más que entrar en una dinámica confrontacional, el presidente Boric debería pensar en las personas, y no simplemente en la ideología, para disponer los recursos necesarios, tanto del Senapred, y las ayudas que puedan requerir los equipos de emergencia de las empresas eléctricas, para anticiparse a posibles problemas que puedan venir en estos eventos climáticos que se avecina", añadió.
Finalmente, la diputada Camila Musante (Ind.-PPD) planteó que "en el mundo ideal, uno esperaría que en nuestro país, con todos los sistemas frontales y eventos climáticos que tenemos que enfrentar cada año, se esperaría que las empresas invirtieran lo suficiente para que existiera un sistema de cables soterrados. Esto significaría que ante cualquier frente de mal tiempo, lluvias, vientos, etc., no correríamos el riesgo de que hayan cortes de luz por caídas de árboles, por derrumbes de postes, como se ha hecho en muchos otros países del mundo!.
En esa línea, apuntó a que las empresas eléctricas "realicen los trabajos de mantención del cableado, y que, por cierto, los municipios hagan la poda de árboles que se encuentran por debajo del tendido eléctrico, eso también evitaría bastantes cortes de suministro que al final se terminan produciendo porque los árboles caen sobre el tendido eléctrico, porque no están las mantenciones realizadas, porque las podas no se han hecho ni por parte de la empresa, ni por parte del municipio, y terminan en un peloteo de responsabilidades, pero los costos los pagan los clientes. Y en tercer lugar, que se cumpla con los bonos compensatorios que el año pasado se prometieron a propósito los apagones en el mes de agosto, por los frentes de mal tiempo".
