Pese a que existe un decreto que fija los aranceles que pueden cobrar los receptores judiciales —auxiliares de la administración de la justicia que cumplen funciones como notificar las demandas—, en la práctica sucede que el valor pagado puede ser muchas veces mayor a lo establecido, afectando el acceso a la justicia. "Es indiscutible que antes de ponerse en contacto con un receptor ya se tiene conocimiento de que el valor de la gestión encomendada será, como mínimo, un 30% superior al establecido en el decreto que fija el arancel de los receptores judiciales", dice Francisco Cárcamo, socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados. La crítica se repite entre los estudios de abogados consultados por "El Mercurio". La problemática surgió debido a que entre 1998 y 2024 los aranceles que podían cobrar los receptores se mantuvieron sin cambios, derivando en cobros excesivos.
