La comisión que investiga los actos del Gobierno en relación con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende está llegando a su etapa final.
Los integrantes acordaron que el próximo miércoles se someterán a votación las conclusiones de la instancia, contenidas en los textos que fueron remitidos a la secretaría este lunes.
Actualmente hay dos informes con posturas contrapuestas. Uno fue elaborado por el diputado Raúl Leiva (PS), y el otro, por los diputados de Renovación Nacional Andrés Longton y Paula Labra. Este último también recibió comentarios de legisladores de Chile Vamos, del Partido Republicano y también del Partido Nacional Libertario.
Con el objetivo de alcanzar un acuerdo en la comisión, los legisladores se dieron un par de días para analizar ambos documentos e intentar llegar a un consenso. Sin embargo, se anticipa que será difícil, ya que existen discrepancias significativas en varios puntos.
Conclusiones de la oposición
El informe presentado por los diputados Longton y Labra establece que la fallida compraventa del inmueble "no solo estuvo marcada por desprolijidades técnicas y jurídicas, sino que además, desde su origen, se vio empañada por una grave improvisación institucional en materia presupuestaria".
Asimismo, sostiene que "el Congreso Nacional jamás aprobó la adquisición de la vivienda del ex presidente Allende como se argumentó, erróneamente, en el discurso gubernamental, ya que la modificación presupuestaria para permitir dicha adquisición se hizo posterior a la discusión parlamentaria y de forma interna mediante instrucción presidencial".
Acusan también una "ausencia de un procedimiento claro, estandarizado y normativamente obligatorio para la retasación de bienes inmuebles cuando existe una discrepancia entre tasaciones públicas y privadas".
También advierten "la ausencia de documentación formal y la evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado".
Además, señalan que "la compraventa de la casa de Salvador Allende no es solo una operación destinada a honrar el legado de un Expresidente, sino que es también una operación económicamente beneficiosa para su familia".
El informe también arremete contra el Presidente Gabriel Boric, acusando "un intento explícito del mandatario por eximirse de responsabilidad, sosteniendo que desconocía las potenciales inhabilidades constitucionales que rodeaban la adquisición".
A juicio de los legisladores de oposición, "este argumento resulta insuficiente, cuestionable e institucionalmente alarmante, dado el cargo que ocupa y el rol que le corresponde en la estructura del Estado. La excusa presidencial respecto del desconocimiento sobre estas inhabilidades revela, al menos, una falla grave y preocupante en la comunicación interna en La Moneda, poniendo de relieve la inadecuada gestión administrativa y el evidente descontrol institucional en la toma de decisiones estratégicas".
"El Presidente Boric en pro de la impunidad política señala al Congreso Nacional en su oficio de respuestas que desconoce el texto expreso de la Constitución Política de la República, cuestión inaceptable comprendiendo el rol del jefe de Estado en el entramado institucional chileno (…) Un Presidente que desconoce el contrato político contenido en la Carta Fundamental, donde se regulan no solo las potestades presidenciales sino el marco de protección de los ciudadanos frente al Estado, es simplemente alguien que no pareciera estar en posesión de aptitudes mínimas para ejercer la primera magistratura", añaden en el documento.
También cuestionan el rol de los asesores del segundo piso de La Moneda: "Lejos de cumplir su rol de asesoría técnica y preventiva, los asesores presidenciales ejercieron presiones indebidas para avanzar en una compra plagada de conflictos de interés, irregularidades administrativas y advertencias explícitas que fueron sistemáticamente ignoradas", apuntando directamente contra Leonardo Moreno, jefe de Políticas Públicas, y Bernardita Nazar, sectorialista presidencial vinculada a diversos ministerios.
En un apartado distinto, reprocharon el actuar de Francisca Moya, sobre quien solicitaron su salida inmediata: "Francisca Moya, en calidad de máxima autoridad técnica de esta división, tuvo una responsabilidad directa y crucial en dicho fracaso (…) se presenten legítimas dudas acerca de la permanencia de Francisca Moya en la jefatura de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ya que ello depende precisamente del Presidente Boric".
El informe del oficialismo
Por otro lado, en las conclusiones planteadas por el diputado socialista se establece que, después de la comisión investigadora, "queda claramente establecido que, el contrato de compraventa suscrito, no adolece de ningún vicio en sí mismo, siendo un acto jurídico que cumple en su integridad con el ordenamiento jurídico nacional vigente y aplicable al caso concreto".
Además, se indica que "los actos de gobierno referidos, cumplen en forma íntegra y a cabalidad con todo el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, al igual que la actuación de la Administración del Estado interviniente en estos, que también se ajustó plenamente a derecho".
A diferencia del informe de la oposición, el del diputado Leiva sostiene que "no tuvo preeminencia un interés privado de la Honorable Exsenadora ni de la Honorable Exministra por sobre el interés público, sino más bien, la búsqueda por concretar una política pública en memoria histórica y patrimonial, refrendada por el Poder Legislativo".
Asimismo, subraya lo siguiente: "Desestimar que la calidad de parlamentaria de la Honorable Exsenadora y la calidad ministerial de la Honorable Exministra, influyera en la decisión de adquirir el inmueble en cuestión, ya que justamente dichas normas y políticas públicas previas, expresan y fundamentan, tanto, la voluntad legislativa y ejecutiva desplegada, como también, la habilitación de la actuación realizada".
