Nueve años y dos meses han transcurrido desde que en abril de 2016 se sellara el acuerdo entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana mediante el cual se dispuso la entrega de 93 obras donadas por artistas brasileños a la entidad vinculada al expresidente PS. Esto, para saldar la deuda con el organismo estatal por la compraventa del Palacio Heiremans, que hasta hoy alberga tanto a la fundación como al Museo de la Solidaridad que lleva el nombre del exmandatario. El negocio entre la fundación y el Estado ha causado diversos cuestionamientos, tanto por lo poco convencional del contrato elegido, a través de una dación de pago, como también por el tiempo que ha transcurrido sin que las obras hayan pasado a estar efectivamente en posesión del Serviu, permaneciendo bajo custodia de la entidad que funciona en el inmueble adquirido, ubicado en el Barrio República. En este escenario, un grupo de diputados de RN ofició al Ministerio de Vivienda para que entregue una respuesta formal sobre el tema. Al respecto, la académica de Derecho Administrativo de la U. de los Andes, Rosa Fernanda Gómez, señala que hay aspectos remarcables desde el punto de vista de la naturaleza del contrato que se realizó y la competencia del órgano público.