La comisión de Salud del Senado recibió ayer a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) para escuchar los argumentos del Ejecutivo en torno al proyecto que establece
el derecho a la muerte asistida en caso de enfermedad terminal o
eutanasia, anunciado en la Cuenta Pública de 2024, por el Presidente Gabriel Boric.
El proyecto está en su segundo trámite constitucional en el Senado y se forma de cuatro proyectos refundidos -de parlamentarios de distintos sectores políticos-, a los que el Ejecutivo ingresó un paquete de indicaciones.
En general, las indicaciones eliminan la inclusión del derecho a los cuidados paliativos, puesto que aquello ya existe y está consagrado en la ley; crean un examen previo del cumplimiento de requisitos por parte de una
comisión técnica para determinar el mérito clínico de los diagnósticos en que se funde la solicitud; resguardan que la exención de responsabilidad penal proteja a todos los que se involucren en el procedimiento de eutanasia siempre que cumplan a cabalidad la ley; y simplifican y resguardan la posibilidad de solicitar y hacer documento de voluntad anticipada para la eutanasia.
Entre los antecedentes hechos llegar a la tramitación del proyecto está su informe financiero, donde el Gobierno proyecta 120 casos de muertes por eutanasia, a un costo de $1.062 millones el primer año, y casi $900 millones en régimen.
El cálculo, estimado por la Dirección de Presupuesto (Dipres), se basa en el caso español, en que los solicitantes del procedimiento serían 240, de ellos, 120 serían autorizados.
Informe de la Dipres
"Se utilizaron datos del caso español para estimar la población potencial de solicitantes y usuarios finales. Con ello, considerando la población chilena, el universo estimado de solicitantes del procedimiento es de 240 solicitantes al año, de los cuales se estima que 120 casos se autorizarían", detalla el informe de la Dipres respecto al efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal.
También se detalla que para el cumplimiento de las funciones que se establecen en este proyecto de ley se requieren 8 nuevos funcionarios en la Superintendencia de Salud, con sus respectivoscostos de operación e instalación.
"Así, la presente iniciativa implica un mayor gasto fiscal anual estimado de $1.062.125 miles el primer año y $862.286 miles en régimen".
Al mismo tiempo, para el proyecto de ley se consideran dietas para 5 miembros del comité, en el caso de que todos fueran funcionarios públicos con jornadas inferiores a 44 horas semanales.
En el caso de los Servicios de Salud, se costea un escenario de eutanasia en modalidad de hospitalización, lo que considera personal médico, día cama, consultas médicas psiquiátricas y neurológicas y medicamentos, totalizando un aproximado de $134.780 por persona. Además, se considera capacitación para el universo de profesionales participantes del proceso de eutanasia, tanto del nivel primario como secundario.
Se incluye el financiamiento para la Subsecretaría de Redes Asistenciales el desarrollo y mantención de una plataforma que tendría el objetivo de mantener un monitoreo continuo de los registros de mortalidad del Ministerio de Salud, y apoyo en la gestión, además de una plataforma de Registro de Voluntades Anticipadas, administrado por la Superintendencia de Salud.
"Así, la presente iniciativa implica un mayor gasto fiscal anual estimado de $1.062.125 miles el primer año y $862.286 miles en régimen", detalla el documento.
Asimismo, se plantea que "el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio Salud, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Salud, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público".
El caso español
La eutanasia en España es legal desde el 25 de junio de 2021, tres meses después de que la normativa fuera aprobada por las Cortes Generales, el 18 de marzo de ese año.
Así, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), se registró el primer caso, correspondiente a una mujer residente en el País Vasco, de 86 años, quien estaba enferma en su casa terminal. Murió en su casa, junto a sus familiares, el 23 de julio de 2021.
De acuerdo a la normativa, la prestación de ayuda para morir está incluida en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Slaud y es de financiamiento público.
Desde la entrada en vigor de la LORE y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han atendido 1.515 solicitudes de prestación de ayuda para morir: 173 durante 2021, 576 en 2022, y 766 en 2023.
El informe de evaluación anual 2023 del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, detalla que los principales indicadores a ese año son: se han declarado 766 solicitudes y se han aplicado 334 prestaciones de ayuda para morir en todo el territorio.
El perfil más frecuente es el de una persona solicitante entre 70 y 79 años (28%), y las enfermedades de base más frecuentes entre las personas solicitantes fueron la enfermedad oncológica (35%) y la neurológica (35%).
Las personas solicitantes tienen enfermedades graves, y si bien, la mayoría de ellas poseen capacidad de hecho al inicio de la solicitud (95%), un 15% estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad.
En relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la prestación de ayuda para morir, ha sido de 67 días de media con una mediana de 54,2 días.
Un 25% de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud de eutanasia. El tiempo medio transcurrido desde la solicitud de la prestación hasta el fallecimiento en este grupo de personas ha sido de 30 días, con una mediana de 23,75 días.
La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la atención primaria y de la sanidad pública.
En tanto, el número de personas que cambian de opinión, es decir, que revocan la prestación es mínimo (3%), y el número de personas que solicitan aplazar la aplicación de la PAM una vez aprobada la solicitud supone un 4% del total.
