La bancada de diputados de Renovación Nacional impulsó un proyecto que busca ampliar las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Contraloría General de la República, lo cual ya había sido solicitado por Dorothy Pérez.
Ayer se dio cuenta de la sala de la iniciativa, que tiene dentro de sus propuestas que el ente fiscalizador podría pedir directamente al Tricel regional la destitución de autoridades con cargos públicos como gobernadores o alcaldes como resultado de un proceso disciplinario.
Actualmente, esto depende de un tercio del respectivo consejo para que recurra al Tricel para su remoción.
Fue la propia contralora Dorothy Pérez quien a propósito del escándalo de licencias médicas pidió a los parlamentarios tramitar proyectos que entreguen más atribuciones a la Contraloría, para que más allá de ser un órgano fiscalizador, también se puedan aplicar sanciones de sus resoluciones o auditorías ante irregularidades.
En respuesta, la Cámara concedió totalmente la petición mediante un proyecto de ley, lo que fue posible porque no implicaría gasto fiscal y no incide en las facultades exclusivas del Presidente de la República.
En la sesión, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, mencionó al hemiciclo que "las facultades del Presidente de la República dicen relación solamente con órganos de la administración del Estado. La Contraloría, como otros órganos, como el Banco Central y otros órganos más como el Servel, son órganos autónomos constitucionales, por lo tanto, los órganos autónomos constitucionales no están en las restricciones que fija para los parlamentarios el artículo 85 de la Constitución".
Landeros también agregó que "la Secretaría de la Cámara le hizo un informe al presidente sobre la admisibilidad del proyecto, que acogió atendido a que se trata de un órgano constitucional autónomo: la tradición e interpretación que tiene la Cámara al respecto ha sido que en el caso de los organismos autónomos no rige el artículo 55 de la Constitución sobre la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, salvo cuando tenga gasto fiscal directo y en este caso, las modificaciones que hacen a la ley orgánica de la Contraloría no irrogan gasto".
La propuesta de RN
La propuesta fue levantada por los diputados de Renovación Nacional: Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Bernardo Berger, José Miguel Castro, Eduardo Durán, Miguel Mellado, Carla Morales, Ximena Ossandón, Jorge Rathgeb y Frank Sauerbaum.
Esta busca modificar el artículo 9 de la ley N° 10.336 para ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría, y entregaría la atribución de "solicitar bases de datos e información bancaria directamente a las entidades financieras" para tener "una visión más clara y certera" de movimientos financieros que pudieran revelar irregularidades.
Además, se propone una "ampliación sustancial de la facultad sancionadora del Contralor General, permitiendo imponer directamente medidas disciplinarias en forma de multas y suspensión de funciones, sin goce de remuneraciones, como medidas de apremio ante el incumplimiento de requerimientos de información necesarios para la fiscalización efectiva".
También se busca modificar el artículo 133 del estatuto orgánico de la Contraloría, para que se puedan aplicar directamente "sanciones administrativas y requerir directamente al tribunal electoral regional la declaración de responsabilidades para alcaldes y gobernadores regionales, fortaleciendo así la independencia y eficacia del procedimiento sancionador".
Se suma "modernizar el procedimiento sumarial, permitiendo que estos procesos se realicen preferentemente mediante medios electrónicos y digitales, garantizando rapidez, eficacia y transparencia en los procedimientos administrativos que dirige el órgano contralor".
"Estas modificaciones responden directamente a una necesidad urgente y práctica de dotar a la Contraloría General de la República de herramientas más robustas y efectivas para enfrentar la corrupción, que no solo perjudica la confianza ciudadana en las instituciones, sino que además generan pérdidas económicas importantes para el Estado", cerraron los diputados RN en su moción.
La reforma del PPD
En paralelo, la bancada del Partido por la Democracia (PPD) redactó una reforma constitucional similar, que también busca otorgar mayores facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Contraloría.
Según consignó El Mercurio, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), mencionó que "yo creo que hay que terminar con las tinterilladas para seguir amparando la corrupción. Buscar un argumento, que creo tiene bajo corte legal, como decir que esto irroga gasto, en circunstancias que se trata de ampliar facultades que pueden realizar los mismos funcionarios, en modo alguno el dar estas competencias irrogan mas gasto".
"Le pedimos al Gobierno que las patrocinara, pero ante el silencio del Presidente, decidimos tomar la iniciativa y presentar una reforma constitucional", apuntó el parlamentario.
El proyecto en tramitación incluye el artículo 133 bis de la ley que rige a la Contraloría, para dotarla de la facultad de "hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, quien aplicara directamente las sanciones que procedan".
También les permitirá pedir a los bancos las cartolas de las entidades públicas bajo su supervisión, entre otros aspectos.
Tras dar cuenta del proyecto en la sala, fue remitido a la comisión de Gobierno que preside el diputado Rubén Oyarzo (IND-Radical).
