Son varias las aristas que se han abierto y que complican al
gobernador de la RM, Claudio Orrego, tras el informe de Contraloría que, entre otros hallazgos, cuestionó la contratación de un servicio de coaching ontológico por el que se pagaron $31 millones, y que según el ente fiscalizador, incluyó sesiones relativas a su campaña para la reelección.
Esto derivó en una ofensiva de consejeros regionales de Republicanos y la UDI, quienes anunciaron que acudirán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que evalúe la destitución de la autoridad regional.
Pero a ello, se suma la causa a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en una indagatoria caratulada como eventual fraude al fisco, precisamente a raíz de los antecedentes contenidos en el informe de Contraloría. El lunes, personal del OS7 de Carabineros realizó diligencias en el domicilio de Orrego y la sede del Gore, donde el gobernador hizo entrega de sus dispositivos electrónicos de manera voluntaria.
En tanto, el martes, la autoridad regional declaró en calidad de imputado ante el ente persecutor.
Pero esas diligencias no son las únicas que buscan concretar la fiscalía y Carabineros. Según consigna El Mercurio, también se analiza oficiar al Servel para que entregue todos los antecedentes con los gastos de campaña del indagado.
Pese a que el martes la defensa de Orrego entregó un archivo con todos los antecedentes relacionados a las asesorías y su campaña de 2024, de todas formas los investigadores buscarían aplicar el "principio de objetividad", y además de revisar el contenido de los aparatos electrónicos, también se evalúa hacer el requerimiento ante el Servel, de manera de poder reconstruir los gastos de campaña y el uso de fondos legales o irregulares.
Honorarios del administrador electoral
Otro flanco abierto para Orrego está relacionado con la auditoría que hizo el Servel respecto a su campaña de reelección, donde se le cuestionó el monto pagado a su administrador electoral, Andrés Wallis, por exceder el máximo de $13 millones que establece el organismo como remuneración para las tareas asociadas a ese rol.
Según información de Ciper, a Wallis recibió como honorarios para los meses de agosto y septiembre $4,5 millones, mientras que en octubre y noviembre, recibió $5,8 millones (montos brutos).
En total, Orrego rindió $20,6 millones como remuneración para el administrador, y pedía al Servel que se financiara con el reembolso por votos que el Estado dispone para quienes no puedan cubrir sus gastos electorales con los aportes recibidos en campaña, consigna el citado medio.
Pero además, el Servel objetó que el administador electoral de Orrego contratara a otras personas para ejecutar labores que correspondían a su cargo. En el expediente que elaboró el organismo figura el nombre de María Dobud, quien cobró $6,8 millones por apoyar la tarea contable, montos que también buscaban obtener reembolso.
"Las funciones de un administrador electoral son indelegables, según lo establecido en la normativa vigente", expresó el Servel sobre este punto.
Asimismo, se halló que cinco personas emitieron boletas por trabajos realizados en la campaña de reelección de Orrego, quienes al mismo tiempo estaban contratados por el Gore. Esas personas también formaban parte de las solicitudes de reembolso de gastos, aunque en el informe se señala que por error se ingresaron como gastos sujetos a financiamiento estatal.
De acuerdo a Ciper, a parte de esas cinco personas, Orrego habría sumado a su campaña otros ocho colaboradores que también cumplían, en paralelo, funciones en el Gore. En total, 13 personas involucradas que, en total, implicaron pagos por $44,2 millones.
Según el citado medio, desde el excomando electoral de Orrego afirmaron que las personas que participaron de su campaña lo hicieron con permisos tramitados y fuera de su horario laboral, y respecto al administrador electoral, afirmaron que sus remuneraciones fueron "debidamente justificada y documentada", y que si bien el Servel ha establecido un cálculo máximo para esos servicios, ese valor no habría sido informado a esa administración por ninguna vía oficial.
