Irregularidades por más de
$1,5 billones detectó la
Contraloría General de la República en un nuevo informe que contempla el periodo entre abril de 2024 y marzo de 2025, a distintas reparticiones del Estado.
El documento incluye el análisis a municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, empresas, corporaciones y organismos vinculados al deporte, salud y medioambiente, entre otros, con un total de 792 auditorías realizadas en dicho periodo.
La mayoría de las irregularidades corresponde a incumplimientos a normas contables y/o presupuestos, falencias asociadas al cumplimiento de contratos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, deficiencias asociadas al manejo de fondos, incumplimientos asociados a ingresos, deficiencias en el proceso de adquisiciones, y gastos improcedentes o sin respaldo.
El lapidario informe ya generó reacciones entre parlamentarios, quienes apuntaron a un "mal trabajo" por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), pero además -parlamentarios de oposición- vincularon estos resultados con el contexto electoral, apuntando a la necesidad de "un cambio estructural", que implique que el próximo gobierno asuma la tarea de "achicar el Estado".
Críticas de parlamentarios
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo al respecto que "hace muchísimo tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de achicar el Estado y de controlar mejor el gasto, porque esta plata, que debía haber ido a educación, salud, vivienda, termina siendo malgastada, o peor aún, termina siendo objeto de corrupción. El desafío del próximo gobierno va a ser achicar el Estado".
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), sostuvo al respecto que "esto solo demuestra la mala administración de los recursos del Estado, y lo que nosotros hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo, que hay una carga tributaria que pagan los chilenos absolutamente despilfarrada y mal administrada por el Estado, y que produce un estancamiento económico, pobreza, cesantía, falta de inversión".
En esa línea, abogó por hacer "un cambio estructural en la administración del Estado, disminuyendo la cantidad de trabajadores, haciéndolo mucho más eficiente, aumentando la tecnología, y haciendo que los recursos realmente se administren adecuadamente, con fiscalización también que sea adecuada, y con las sanciones debidas a quienes hagan mal uso de los recursos públicos", agregó.
El diputado Luis Sánchez (Republicanos), comentó que "este nivel de desorden es un franco escándalo pero da cuenta de lo que siempre hemos dicho desde el Partido Republicano. No se necesitan más impuestos, solo que se ordene la casa y que también termine el abuso, como son los casos del tipo Procultura y Democracia Viva. El próximo gobierno debe ser liderado por alguien que represente un cambio radical, porque Chile ya no aguanta mas de lo mismo".
Por su parte, el diputado Evópoli, Hotuiti Teao, destacó que "lo más alarmante es que los gobiernos regionales lideran en montos observados, con más de $303 mil millones en cuestionamientos, seguidos por Carabineros de Chile, con $151 mil millones. Las municipalidades tampoco se salvan, sumando $113 mil millones observados".
"Esto es gravísimo. Son fondos que debían llegar a la ciudadanía, especialmente a regiones como la nuestra (Valparaíso) donde aún hay personas esperando reconstrucción, soluciones habitacionales y mejoras en salud y seguridad. Como parlamentario, me comprometo a fiscalizar a fondo estas cifras, exigir sumarios administrativos donde corresponda y promover que estos casos sean investigados por el Ministerio Público", acotó.
Con todo, el parlamentario subrayó que "el Estado debe dar el ejemplo en el uso correcto de los recursos. No podemos permitir que mientras muchas familias esperan respuestas urgentes, otros se escuden en la burocracia para justificar el desorden, la negligencia o, derechamente, el abuso".
Por su parte, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, comentó que "lo más grave aquí es que está en juego la credibilidad de una institucionalidad que nunca había sido cuestionada, como es la Dipres. Esta situación, dada la estrechez económica que tenemos, y la muy pronta discusión de Presupuestos para el gobierno que venga el próximo año, tiene que advertirnos que estamos frente a una discusión que está absolutamente contaminada por el muy mal trabajo que ha hecho la Dipres, a diferencia de lo que ha dicho el Ministro Marcel, que ha defendido a ultranza su desempeño".
En ese sentido, el parlamentario reflexionó que "nosotros desde nuestro rol fiscalizador también tenemos que hacer un mea culpa, porque si bien cuando advertimos situaciones, cuando pedimos oficios de fiscalización, a los seis meses sólo se nos entregó una vaga respuesta. El Congreso no tiene una contraparte para poder efectivamente hacerle un mejor seguimiento a las cifras que desde Dipres, desde Hacienda nos entregan permanentemente".
El diputado Jaime Naranjo (Ind.- ex PS), comentó que "yo creo que la inmensa mayoría del país se hace la misma pregunta, ¿qué estaban haciendo los otros contralores en el país antes que llegara la actual contralora? Porque no puede ser que a partir de la llegada de ella, se estén destapando y descubriendo un sinnúmero de irregularidades en el país".
"¿Quiere decir que los antiguos contralores estaban coludidos con la corrupción que existía en el país? Porque esa es la conclusión que uno puede sacar, porque no hay otra explicación. Así que valorar, por cierto, la investigación que está haciendo y, por cierto, lo que requiere ahora el Estado chileno, es que se hagan las investigaciones respectivas, las sanciones correspondientes y por cierto que, de alguna otra manera la situación de estrechez fiscal que vivimos puede deberse en parte por estos gastos que no correspondían que se hicieran", zanjó.
