La ordenanza que regula el uso de terrazas en la vía pública será discutida mañana en el concejo municipal de Viña del Mar, en medio de la preocupación de locatarios de bares, restaurantes y cafés, quienes han expresado su inquietud por los efectos que podría tener la medida.
Estos han manifestado públicamente sus aprensiones ante las autoridades comunales, solicitando que se postergue la entrada en vigor de la normativa.
La iniciativa, firmada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), busca estandarizar la estética de las terrazas, estableciendo requisitos sobre el tipo de toldos, mobiliario y plantas permitidas. Además, se establece que todo el mobiliario deberá retirarse al momento del cierre para despejar las veredas.
La ordenanza también contempla el pago semestral de hasta 0,65 UTM (aproximadamente $44.710) por cada metro cuadrado de terraza, a partir de 2025, según la zona en que se ubique el local.
De acuerdo con información entregada por la Municipalidad, habrá un período de marcha blanca desde la entrada en vigencia de la norma hasta el 30 de junio de 2025, mientras que el cobro comenzará el 1 de julio de ese año.
Asimismo, se contemplan descuentos para quienes cumplan íntegramente con la ordenanza y hayan tramitado sus permisos antes del 30 de mayo. También se premiará a los establecimientos que adopten medidas adicionales sugeridas, como incluir en su código QR un enlace a la web Visitavina.cl, disponer de agua y comida para mascotas, contar con zonas de lactancia segura, mudadores en baños de hombres, protocolos contra el acoso y atención a personas neurodivergentes, entre otras.
Críticas de los locatarios
Según constató La Estrella de Valparaíso, a días de que inicie el cobro, locatarios han emplazado a Ripamonti y a los concejales a dar más plazo y facilidades.
Claudia Suárez, presidenta de la Asociación de Locatarios de Barrio Oriente, aseguró que "nos vemos enfrentados a la disyuntiva de tener que desmantelar nuestras terrazas y con ello perder las inversiones realizadas, o en caso de no hacerlo, exponernos al pago de multas por incumplir una normativa que, hasta el día de hoy, continúa sujeta a cambios".
También advirtió sobre el alto costo de arriendo por metro cuadrado, que calificó de "tarifa brutalmente excesiva", citando el caso del local Samoiedo, "obligado a cerrar su terraza debido a la ola de violencia en calle Valparaíso".
Además agregó que "no es posible que las autoridades no consideren la historia reciente, donde el uso de terrazas fue esencial para continuar funcionando, lo que nos llevó a invertir en ellas, y por otro lado, el complejo escenario actual que afecta al comercio local, con altos niveles de delincuencia y un aumento del comercio informal en las calles".
Desde el Barrio Poniente, José Carmona, secretario de la Asociación Gastronómica y Cultural, y locatario del restaurant Mil Amores, cuestionó que luego de realizar "una terraza en conjunto con las personas de la municipalidad", donde se invirtió cerca de $14 millones en una terraza construida "siguiendo cada una de las instrucciones de la municipalidad", ahora resulta que tenemos que demoler casi la mitad de todo lo que construimos. ¿Y ese dinero quién nos lo devuelve? Porque no crece en los árboles. Son meses de trabajo para tirarlos a la basura", expresó.
Por su parte, Roberto Fisher, locatario de Viña Oriente, sostuvo que "el comercio está total y absolutamente decaído, han cerrado más de 100 locales" y que la ordenanza actual implica una triple carga para los emprendedores: "retirar la terraza existente, construir una nueva, y pagar 0,65 UTM – unos 45 mil pesos – por metro cuadrado. Es una atrocidad".
"Nosotros lo que pedimos es una prórroga, una marcha blanca y un análisis real de la situación para incorporar además una persona del rubro que sepa técnicamente cómo funciona este cuento, porque aquí hay una ignorancia absoluta de cómo funcionan en la realidad los locales comerciales", concluyó Fisher.
Envían una carta a la alcaldesa
Asimismo, El Mercurio de Valparaíso constató que a través de una carta enviada a la alcaldesa Macarena Ripamonti, agrupaciones de locatarios de distintos barrios comerciales de Viña del Mar advirtieron que la nueva ordenanza podría generar un retroceso en la reactivación económica del comercio formal.
En el documento expresaron su preocupación por una incertidumbre jurídica, acusando, además, arbitrariedades en la fiscalización y el posible cierre de más negocios que se sumarían, según sus estadísticas, a los más de 200 locales que, aseguran, han bajado sus cortinas en el último semestre.
"Solicitamos postergar la entrada en vigencia de la ordenanza y crear una mesa técnica representativa", piden los firmantes, quienes de forma transversal denuncian que la implementación actual de la normativa "ha generado una serie de efectos negativos que no sólo comprometen la estabilidad de los comercios gastronómicos y turísticos de nuestra comuna, sino que también afectan al entorno económico, laboral y urbano de Viña del Mar en su conjunto".
Además, reprochan que "las exigencias técnicas, los constantes cambios en la redacción de la ordenanza y la falta de certezas en los plazos de aplicación han derivado en una profunda incertidumbre jurídica que impide tomar decisiones informadas o planificar inversiones de manera responsable".
Asimismo, advierten un impacto laboral a partir de las nuevas exigencias de montaje y desmontaje diario de terrazas que implican, aseguran, "esfuerzos físicos considerables, dificultando especialmente la contratación de mujeres, quienes se ven impedidas, por razones legales y prácticas, de cumplir tareas que implican levantar pesos que exceden los 20 kg".
