Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Aton
El
ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el caso de los suboficiales del Ejército dados de baja a raíz de una investigación por tráfico de droga.
El pasado 26 de junio se conoció que ya son siete los exfuncionarios detenidos, mientras que la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció que el Gobierno presentará una querella criminal por el caso.
Consultado por Radio ADN si este escenario de corrupción -y vínculo con el crimen organizado- ha ido aumentando en las instituciones, Cordero dijo "no sé si uno puede hablar de estar mejor o peor, yo creo que hoy día lo que tenemos son capacidades de detección y mecanismos de advertencia que las instituciones han ido desarrollando con mayor profundidad".
En ese sentido, subrayó que es un tema que se ha analizado en el Ministerio de Seguridad, porque "las organizaciones criminales no se pueden expandir si no tienen mecanismos que generen corrupción. No hay crimen organizado sin corrupción. Ese tipo de organizaciones criminales necesitan de la adhesión por parte de funcionarios públicos, y eso va desde el cohecho para la advertencia sobre determinados procedimientos policiales, hasta cuestiones mucho más complejas, como la participación en alguna fase de la estructura criminal".
Respecto al caso de los exmilitares del Regimiento Cazadores -en el norte del país-, la autoridad dijo que el problema específico es que "es una unidad focalizada específicamente en el transporte, que es desde el punto de vista logístico, una de las cuestiones más estratégicas para el narcotráfico. Y en segundo lugar, que utilice militares para garantizar ese transporte, lo hace extremadamente grave".
La droga que trasladaban los exmilitares provenía de Bolivia, y de acuerdo a cordero, ahora se indaga en conocer "cuáles eran los puntos de contactos (en ese país) y cuáles eran los puntos de destino" de la droga. "Por cierto, no utilizaron vehículos militares ni sus horas de servicio, pero sí utilizaron su capacidad logística para poder entender las áreas vulnerables de la frontera", subrayó.
Con todo, la autoridad sostuvo que lo clave es que "nuestras instituciones que están a cargo del combate a las organizaciones criminales están en una situación de punto de contacto, y si el Estado no toma sus resguardos adecuados, ese punto de contacto se puede transformar en contagio, y esta es la lucha permanente de cualquier Estado democrático para la lucha contra las organizaciones criminales".
De todas maneras, Cordero destacó que las instituciones en Chile han desarrollado controles internos, y lo segundo, "es que tenemos una red de instituciones que están abordando este tipo de aspectos", como la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
