El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exPS).
Aton (Archivo)
La Fiscalía Metropolitana Sur valoró la sentencia que recibió hoy el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exPS), por parte del 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Si bien el exjefe comunal deberá cumplir su pena en libertad, estará cuatro años sujeto a vigilancia intensiva y además tendrá que pagar $247 millones por incremento patrimonial injustificado y una multa de 200 UTM (más de $13 millones) por lavado de activos. Además, se le incautó una vivienda de alto valor patrimonial ubicada en La Reina.
Al respecto, el fiscal Víctor Núñez afirmó que la sentencia "es importante a nuestro juicio porque, por una parte, se establece una considerable multa como pena y castigo a un enriquecimiento injustificado de 240 y tantos millones de pesos".
"Se aplicó una multa que corresponde exactamente al enriquecimiento acreditado en el juicio oral. Esto, en relación con los delitos de corrupción, ataca justamente el móvil principal de los funcionarios públicos corruptos porque se pierde todo lo que eventualmente pudieron haber ganado en razón de esta actividad ilícita, sumado a que además se aplicó de manera paralela el comiso de un inmueble de alto valor que había adquirido el acusado con dineros proveniente de los delitos. Por lo tanto, hay un castigo intenso al aumento patrimonial que los delitos de esta naturaleza implican", complementó.
Añadió que "por lo tanto, entendemos que se logró el objetivo de contrarrestar el móvil de enriquecerse por parte de un funcionario que se aparta del deber del gobierno".
Sobre el cumplimiento de la pena en libertad, Núñez subrayó que "el tribunal hizo aplicación de las reglas generales que operan para nuestro derecho penal y ante una pena de cuatro años se aplicó una medida sustitutiva de libertad con vigilancia intensiva. Por lo tanto, el acusado, desde ahora, una vez que quede ejecutoriada la sentencia, va a quedar sujeto a la vigilancia de un organismo competente por estos cuatro años, lo que implica, por cierto, una pena adicional a las penas de multa y de comiso que ya el tribunal había dispuesto".
"Conforme la sentencia que dio el tribunal, se han acreditado todos los delitos por los que acusó el Ministro Público, se estimó la concurrencia de enriquecimiento injustificado, se probó la ocurrencia de los cohechos y además el lavado de dinero se incorporó como parte de los castigos, de manera que, por ahora, la Fiscalía se manifiesta conforme, al menos de manera preliminar", acotó el persecutor.
