El último mes ha estado marcado por una serie de hechos que han puesto en el centro de debate la preparación que tienen las instituciones en torno al avance del crimen organizado y los recursos para evitar la "permeabilidad" de las mismas.
A fines de mayo,
13 funcionarios de
Carabineros de la subcomisaría de Huara, en Iquique, fueron desvinculados por su presunta participación en delitos; mientras que a fines de junio, se logró desbaratar a una banda dedicada a transportar droga desde Iquique a la Región Metropolitana, la que estaba integrada por siete suboficiales del Ejército de la Brigada Acorazada "Cazadores", de Pozo Almonte. Por ahora, se conoce que al menos en 17 oportunidades habían hecho este tipo de trayectos vía terrestre.
Pocos días después, a inicios de julio, se conoció que cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), intentaron trasladar ketamina en un avión institucional, también desde el norte del país con destino a Santiago. En este caso, no se descarta que existan envíos previos.
Pero los casos suman y siguen. A mediados de este mes, un informe de Contraloría reveló que entre enero de 2023 y junio de 2024, un total de 626 vehículos que mantenían encargo por robo no fueron recuperados por Carabineros pese a ser fiscalizados. Además, 144 personas que tenían antecedentes no fueron detenidas a pesar de ser controladas. Estas "omisiones" fueron tildadas como "indignantes" y "vergonzosas" por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En paralelo, Carabineros salió a hacer un "mea culpa".
En este escenario de alertas, se conoció que el lunes de esta semana un sujeto imputado por homicidio contra un empresario de Meiggs, quedó en libertad el 10 de julio, pese a que el día anterior se había decretado su prisión preventiva. Después de la primera orden, el 8° Juzgado de Garantía emitió un segundo dictamen ordenó revocar la medida cautelar, y luego hubo un tercero, que la volvía a establecer.
No obstante aquello, y pese a que desde el Poder Judicial han salido a explicar que la orden de revocación buscaba en realidad corregir errores en la descripción de la identidad del imputado, el sujeto fue liberado por Gendarmería y se encuentra en calidad de prófugo.
El debate de fondo
Fue el propio ministro Cordero, quien puso en contexto lo ocurrido con el caso del sicario liberado. "Este es un hecho extremadamente grave, no sólo por el impacto que tiene el sujeto que se libera, sino porque impacta directamente en la confianza del sistema de justicia, ese es el punto central. En un contexto global, donde tenemos un debate sobre la forma en que las instituciones deben abordar su permeabilidad ante las organizaciones criminales", dijo el martes a Radio Pauta.
En efecto, el rápido avance del crimen organizado ha provocado que aún cuando puedan existir "errores" -como presuntamente ocurrió en el caso del sicario liberado-, quede en tela de juicio la real preparación de la institucionalidad ante este flagelo. Esto, considerando que los focos de interés de estos grupos apuntan precisamente a instituciones "estratégicas" en seguridad, defensa y justicia.
Tal es la gravedad con la que se debe mirar el avance del crimen organizado de las instituciones, que Cordero advirtió la semana pasada: "las Fuerzas de Orden y Seguridad y también las Fuerzas Armadas son el último eslabón. Después de eso, no hay nada más", afirmó. "Ese es el nivel de seriedad con el cual el país tiene que tomar esto", agregó.
Así, el secretario de Estado apuntó a una amenaza sistémica y al intento de las organizaciones criminales para aprovecharse de la logística de las instituciones para sus negocios ilícitos. "Las bandas criminales detectaron una oportunidad: usar la estructura del Ejército o de la FACH para cumplir sus fines. Eso habla de cierto grado de penetración", dijo a CNN.
Diagnóstico de las autoridades
La semana pasada, en medio de la pugna de competencias que se abrió entre la Fiscalía de Tarapacá y la Fiscalía de Aviación por qué justicia llevaba el caso de tráfico en la FACh, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció "falta de experiencia" en casos ligados al narcotráfico al interior de las instituciones.
A su juicio, las tensiones que se abrieron por las competencias "quizás son un síntoma de nuestra falta de experiencia en hechos como este, y nuestra falta de experiencia es bastante comprensible. Nosotros no estamos habituados a que haya aparente casos de narcotráfico en las instituciones armadas, y esperamos no tener que acostumbrarnos".
Una reflexión similar hizo el martes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, al ser consultado por este mismo contexto. "Nuestro país está enfrentando una amenaza que no había enfrentado, que es el crimen organizado, y esta amenaza va a implicar modificar un conjunto de procedimientos que antes eran muy regulares, y reforzar procedimientos. Pero además, nosotros tenemos que fortalecer nuestras instituciones de seguridad y de justicia", dijo a Radio U. de Chile.
En esa línea, Gajardo enumeró que se deben reforzar los mecanismos de control y probidad en las instituciones policiales, sistema de justicia y sistema penitenciario, "y tener procedimientos que se ajusten a esta amenaza al crimen organizado".
"Está muy atrasado"
En conversación con Emol, expertas en seguridad afirman que, en efecto, el sistema en Chile se encuentra "muy atrasado" ante el avance del crimen organizado, y pese a que las instituciones se han ido actualizado, con la creación de divisiones contra este flagelo, de todos modos no han logrado quedar en un nivel que impida casos como los antes descritos.
Rocío Zepeda, experta en seguridad y académica de la U. Mayor, plantea que "efectivamente el sistema está súper atrasado, porque hay un problema de comunicación entre los distintos estamentos e instituciones involucradas en los delitos. Este atraso dificulta y que también obstaculiza el proceso y la forma como debiesen ser procesadas estas personas, más aún cuando son crímenes de alta peligrosidad".
"Estamos atrasados porque el crimen organizado viene actuando con respecto a Chile hace décadas. Lo que pasa es que hoy día lo vemos instalado en nuestro territorio, porque ya nos transformamos en una herramienta para el negocio, pero hace mucho tiempo que somos país de tránsito, y eso debería haber generado controles para proteger a la institucionalidad de la corrupción".
Pilar Lizana, experta en seguridad
La experta afirma que al no existir el levantamiento del secreto bancario, "no sabemos también hasta qué punto han permeado estos grupos de crímenes organizados la misma institucionalidad del país, lo cual lo hace mucho más peligroso".
En la misma línea, Pilar Lizana, experta en seguridad y crimen organizado, concuerda en que hoy en día la institucional está atrasada en este materia, aunque "hay que hacer la salvedad en que se están poniendo al día con la creación de unidades de crimen organizado en Aduanas, en Servicios de Impuestos Internos, que ya están funcionando, que persiguen los gastos, etc. Pero estamos súper atrasados en materia de cumplimiento".
Lizana sostiene que es necesario que esas unidades sean más robustas dentro de la institucionalidad para proteger a la institucionalidad de la corrupción, pensando, por ejemplo, en el caso de la FACh y en casos anteriores registrados en Aduanas y Gendarmería, entre otros.
"Estamos atrasados porque el crimen organizado viene actuando con respecto a Chile hace décadas. Lo que pasa es que hoy día lo vemos instalado en nuestro territorio, porque ya nos transformamos en una herramienta para el negocio, pero hace mucho tiempo que somos país de tránsito, y eso debería haber generado controles para proteger a la institucionalidad de la corrupción. Lo que necesitamos para combatir el crimen organizado es una institucionalidad fuerte y robusta que esté preparada para enfrentar este tipo de situaciones, y nosotros todavía no estamos preparados para enfrentar la corrupción del crimen organizado", comentó.
Acciones sujetas a "voluntad política"
Respecto a los controles que se requieren en materia de protocolos, envío de correos o sistemas informáticos, es decir, en actividades diarias que van más a allá de la creación de unidades contra el crimen organizado, la experta plantea que "el día a día de la institucionalidad tiene que estar actualizado, no solamente porque el crimen organizado nos está desafiando, sino que tiene que estar actualizado para los tiempos que corren y para poder trabajar en el año 2025, y pensar en el 2050 y el 2100".
En ese sentido, aclara que la clave es aumentar la inversión tecnológica que permita que las bases de datos y que los sistemas que tienen las distintas instituciones puedan generar datos y procedimientos integrados.
"Yo creo que ahí estamos al debe en esa materia; es algo que uno puede ponerse al día y existe el software y existe la tecnología, pero eso también depende un poco de la voluntad política del momento para ver si avanzamos con ciertas tecnologías o en otras materias", subrayó Lizana.
