Pasadas las 23.00 horas del martes, las autoridades nacionales finalizaron el primer Comité para la Gestión de Riesgo de Desastre (Cogrid) de emergencia tras conocerse el terremoto de magnitud 8,8 que se registró en la Cuenca del Pacífico, en la costa este de Rusia.
Esto, a raíz de la advertencia del NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y luego, del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por alerta de tsunami para las costas chilenas.
Así, se informaron las primeras medidas de cara a resguardar la seguridad de la población; entre ellas, alerta por evacuación en zonas bajo los 30 metros sobre el nivel del mar y suspensión de actividades en el borde costero en aquellas regiones bajo estado de alerta. Lo anterior también incluyó la suspensión de clases en las comunas costeras.
Sólo con las evacuaciones, y según estimaciones del Ministerio del Interior, serían al menos 1,5 millones las personas movilizadas hacia zonas seguras.
Pero la suspensión de actividades incluye una serie de alteraciones tanto a la vida cotidiana de las personas como en otros aspectos, como económicos, operacionales y logísticos; es decir, se trata de un problema multidimensional que el país debe enfrentar, tanto antes, durante y después de una emergencia.
"La importancia de la planificación y la comunicación oportuna es crucial para mitigar los riesgos asociados con desastres naturales, junto con una adecuada gestión de los recursos destinados a la prevención", sintentiza Robinson Talavera, académico del magíster en gestión de Riesgos y Desastres de la U. Autónoma.
Las medidas ante la alerta
Conforme avanzaron las horas, distintas autoridades comenzaron a dar a conocer -en sus respectivas regiones- medidas generales como otras más específicas para el resguardo de la seguridad de la población.
Dichas medidas incluyeron, por ejemplo, la suspensión del servicio de transporte público, cortes de tránsito, cierre de oficinas, locales comerciales y malls, la orden del retiro de lanchas desde las costas y evacuación de caletas, entre otras.
En tanto, la mañana del miércoles, el Gobierno informó que
cinco cárceles cercanas al borde costero serían evacuadas y se trasladarían reos a recintos penitenciarios cercanos. Según conoció Emol, esta medida afectó a los penales son la de mujeres de Iquique, además de la de Chañaral, Lebu, Arauco y San Antonio.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó sobre esta decisión que dentro de los protocolos establecidos por las instituciones, también existe la distribución de quienes están privados de libertad y la cárcel a ver cuál son destinados. "Uno de los factores que se considera es si podría eventualmente ser afectado por un fenómeno de esta naturaleza, y uno de los factores también tiene que ver con el nivel de peligrosidad y o del delito cometido por quienes están privados de libertad", afirmó.
En Valparaíso, las autoridades regionales determinaron el cierre de la Av. España, como parte de la medida de suspensión de transporte público en ejes cercanos a la costa. Foto: Aton.
Costos operacionales, logísticos y sociales
Las implicancias de la alerta de tsunami, comentan expertos, se pueden calificar como "multidimensionales" y se pueden categorizar en distintas áreas.
El primero de ellos son los costos operacionales y logísticos. Sobre estos, Gerardo Ureta, Doctor(c) en Industria Inteligente PUCV y fundador EconoDataAI.c, comenta que "existen costos operativos directos asociados a la movilización de recursos humanos y materiales".
"No es lo mismo tomar una decisión de suspensión de clases a las 12 de la noche que tomarla a las 10 de la noche. Eso tiene costos, no solamente eventualmente económicos, sino que principalmente en cuestiones de orden social".
Michel De L'Herbe, consultor en gestión de emergencia
"Lo anterior incluye el despliegue del contingente policial y de las Fuerzas Armadas para el resguardo de zonas evacuadas, el control del tráfico, y la asistencia a la población. Asimismo, se suman los gastos en combustible, comunicaciones, y el funcionamiento de los centros de operaciones de emergencia a nivel nacional, regional y comunal. El traslado preventivo de reos en cárceles ubicadas en zonas de riesgo, es un ejemplo concreto de una operación que demanda logística, personal y recursos adicionales", detalla.
También existen impactos en la continuidad de servicios y actividades sociales. "La suspensión de clases, por ejemplo, implica una interrupción en el proceso educativo que, si bien es temporal, puede generar la necesidad de recalendarizaciones y adaptaciones. En el sur se suspendieron clases en toda una región sin motivo alguno para colegios muy alejados del borde costero", sostiene el Ureta.
En la misma línea, Michel De L'Herbe, consultor en gestión de emergencia, comenta que "no es lo mismo tomar una decisión de suspensión de clases a las 12 de la noche que tomarla a las 10 de la noche. Eso tiene costos, no solamente eventualmente económicos, sino que principalmente en cuestiones de orden social". Esto, porque esto desencadena una logística a nivel familiar, donde la gente debe organizar su vida, donde no todos tienen acceso a cuidadores, e incluso, algunas personas independientes se ven obligados a no trabajar durante ese día.
Otros efectos para los expertos son los costos sociopsicológicos, a raíz de la incertidumbre, el estrés y la ansiedad que genera una alerta de tsunami en la población. "Aunque intangibles, estas implicancias pueden tener efectos a mediano y largo plazo en el bienestar de las comunidades costeras, sumado a los costos de oportunidad por el tiempo que las personas deben destinar a la evacuación y permanencia en zonas seguras, lo que impacta directamente en su vida personal y laboral", subraya Ureta.
Sobre lo anterior, Talavera subraya que las evacuaciones son fundamentales para salvaguardar vidas, lo que debe ser la prioridad, incluso si eso implica pérdidas materiales. "Además, las condiciones de vulnerabilidad individuales complican la comparación entre diferentes eventos. Uno puede hablar de olas de 50 centímetros, pero para una persona en silla de ruedas, en una zona costera de boca pendiente o para un niño, los vuelve vulnerable y por lo tanto entonces es un riesgo no aceptable".
Evacuación de la población en Iquique. Foto: Aton.
Impacto económico
La alerta de tsunami interrumpió ayer la actividad de los principales terminales marítimos del país, a partir del medio día. También dejaron de operar restaurantes, cadenas de supermercados y comercios de todo tipo cercanos a la costa. Para algunos la conclusión es evidente: debiera haber una afectación a la economía, aunque es difícil cuantificarla aún. Se habla, en todo caso, de un impacto bastante "acotado".
Así, por lo menos, lo sostiene Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. "Tendrá un efecto en el Imacec de Julio, aunque acotado. La actividad portuaria, cercana al 1% del PIB, disminuirá en medio día. Del mismo modo la actividad pesquera, cercana al 0,4% del PIB", sostiene.
"Tendrá un efecto en el Imacec de Julio, aunque acotado. La actividad portuaria, cercana al 1% del PIB, disminuirá en medio día. Del mismo modo la actividad pesquera, cercana al 0,4% del PIB".
Nicolás Román, académico Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales U. Andes
"El traslado de un millón y medio de personas, afectará a los servicios y al comercio. Con todo, el efecto será más bien acotado y no alcanza a ser comparable con un día festivo", complementa.
Valentina Apablaza, economista del OCEC UDP, dice que es complejo "realizar estimaciones en el contexto actual". Y agrega que "se podría esperar un impacto negativo, pero de magnitudes muy acotadas y que se encontrarían concentrado a nivel regional". De todos modos, añade, "con los antecedentes actuales, no esperamos mayores impactos sobre el imacec de julio, considerando además que la actividad en zonas alejadas del borde costero, como la Región Metropolitana que concentra casi la mitad de la producción nacional, no se verán afectadas".
Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae y exdirector del Sence, indica por su parte que "el efecto sobre la producción será bajo, pero estará concentrado en ciertos sectores económico".
Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) la gerenta de estudios, Bernardita Silva, dice que "aún es temprano para estimar su impacto económico, que dependerá de la cantidad y tipo de locales que debieron cerrar".
En tanto, Héctor Arancibia, presidente de Comercio Unido de Valparaíso, advierte que esto "llega en el peor momento, justo a fin de mes". En esa línea, comenta que "aproximadamente entre el 20% y 25% no abrió sus locales el día de hoy, y los que sí lo hicimos, empezamos a cerrar a las 11.30 horas". Agrega que "fue un día perdido".
Información y sistemas de coordinación
Los expertos también destacan como un aspecto crítico que puede elevar estos costos asociados a una alerta de tsunami, es la calidad y claridad de la información y los datos que se presentan a la ciudadanía y a las empresas durante una alerta.
"Aún se observan deficiencias en cómo se comunica la información, lo que puede llevar a la desinformación o a que los datos no sean interpretados correctamente. Cuando esto ocurre, tanto personas como empresas pueden tomar decisiones incorrectas o tardías", comenta Ureta.
"Aún se observan deficiencias en cómo se comunica la información, lo que puede llevar a la desinformación o a que los datos no sean interpretados correctamente. Cuando esto ocurre, tanto personas como empresas pueden tomar decisiones incorrectas o tardías".
Gerardo Ureta, Doctor(c) en Industria Inteligente PUCV
En ese sentido, una evacuación ineficiente por falta de claridad en las rutas, o la paralización innecesaria de actividades por información ambigua, pueden amplificar los impactos económicos y sociales, mermando aún más la productividad del país y generando un costo adicional que podría evitarse con una comunicación más efectiva y datos más precisos.
En la misma línea, De L'Herbe comenta que en Chile "tenemos un sistema escasamente normado. Cuando hablamos de norma, hablamos de procedimientos de actuación, y eso implica, entre otras cosas, establecer una buena evaluación de los costos, con una mirada multidimensional de la toma de decisiones. Eso no sólo entrega información de costos, sino que también de oportunidad". Por eso, es clave contar con "una medición clara que permita apalancar o dar presión al sistema. Eso no ocurre en un país donde no medimos procesos".
"Los sistemas normados -como tiempos de respuesta- permiten establecer una suerte de verdad objetiva sobre la cual medir costos y oportunidades, y eso también eso abre la puerta al perfeccionamiento y la mejora continua, y a una medición de orden objetivo. Cuando eso no existe, todo queda sujeto a lo intuitivo y las percepciones personales", subrayó.
Ureta sintetiza que la respuesta del Estado ante una alerta de tsunami, si bien indispensable para la protección de sus ciudadanos, implica una compleja red de costos económicos directos, interrupciones en la actividad productiva y social, y afectaciones en el ámbito del bienestar de la población. Por eso, "la mejora continua en la gestión de la información y la claridad de los datos presentados son clave para mitigar estos impactos y optimizar la respuesta general del país ante este tipo de emergencias".
