La contralora general de la república, Dorothy Pérez, confirmó que la entidad inició una auditoría de cumplimiento en las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué para fiscalizar la ejecución de los recursos percibidos por ambas casas edilicias en el contexto del megaincendio de febrero de 2024.
De acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, entre los dineros que serán investigados por el órgano fiscalizador se incluyen cerca de $1.800 millones transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Fue en su presentación ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción del pasado lunes que Pérez dio cuenta de las múltiples investigaciones que desarrollan sobre las instituciones que participaron en la respuesta de la emergencia como en la reconstrucción.
Según mencionó la contralora, "tenemos varias fiscalizaciones en curso, que también tienen que ver con los gastos de la reconstrucción".
De acuerdo a lo que precisó, entre las investigaciones en desarrollo, se encuentra la Auditoría N° 186 de 2025 a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la cual examina "las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas para atender la emergencia", además de una segunda investigación a la propia DPR, que indagará su rol en el proceso de demolición de viviendas.
Se incluye también una investigación especial N° 177 a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) "sobre presuntas irregularidades en la contratación de del proveedor San Nicolás SPA".
A esta también se suma una auditoría a Senapred, respecto al proceso de instalación de viviendas de emergencia para los damnificados.
Además, detalló que se examinarán -mediante dos auditorías- los recursos recibidos por las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, en el marco de la respuesta a la catástrofe.
Al respecto, Dorothy Pérez explicó que "hay una auditoría de cumplimiento de la Municipalidad de Quilpué, para verificar si los ingresos percibidos para atender el siniestro y los gastos efectuados en ese mismo marco están debidamente acreditados".
De la misma manera, agregó que "se está auditando esta situación en la Municipalidad de Viña del Mar, con la misma finalidad: recursos que fueron recibidos por estos municipios, si fueron invertidos en estas materias, y si están acreditados, calculados y contabilizados legalmente".
Pérez afirmó que ambas investigaciones "buscan, específicamente, ver en qué se gastaron los dineros y los gastos que se hubieran efectuado en ese contexto".
En el marco de las auditorías se revisarán aportes provenientes desde el nivel central, recursos aprobados por los concejos municipales, fondos provenientes del Gobierno Regional y, también, dineros donados por terceros y privados.
Recursos bajo la lupa
Según pudo conocer el citado medio, una de las líneas presupuestarias que está investigando la Contraloría son los aportes provenientes desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Dicha entidad transfirió a través de la línea de emergencia del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) más de $1.800 millones a los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tras la emergencia de febrero del año pasado.
Según consta en una presentación elaborada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Subdere transfirió un total de $1.800.777.380 a los tres municipios.
De ese total, $1.125.204.808 fueron transferidos al municipio de Viña del Mar, $625.909.639 a Quilpué y $49.362.933 a Villa Alemana.
$1.800.777.380le habría trasferido la Subsere de Valparaíso a los municipios de Viña, Quilpué y Villa Alemana.
Tras conocer los antecedentes, el presidente de la Comisión Investigadora, Andrés Celis (RN), aseguró que existe "preocupación, fundamentalmente porque hay auditorías que se ordenaron al municipio de Quilpué y al municipio de Viña del Mar, porque hay presunciones fundadas".
"Hay indicios sobre ingresos que recibieron ambos municipios, el de Quilpué y el de Viña del Mar, tanto en dinero, en donaciones, en objetos, ante lo cual estas auditorías lo que buscan es determinar el destino de estos recursos", apuntó Celis.
Sumarios a Minvu y Serviu
La contralora también repasó ante la CEI el avance de la reconstrucción detalló que según información recabada por la CGR, son 4.438 viviendas que presentan algún tipo de daño y 3.503 de estas las que pertenecen a familias calificadas como 'hábiles' para acceder a un subsidio habitacional.
De este universo "hay 905 viviendas a las que no se les ha asignado subsidio", mientras que 2.598 familias ya cuentan con un subsidio asegurado, aunque con distintos niveles de avance. De estas, afirmó que hay "40 viviendas realmente entregadas, 543 en ejecución y 2.015 que están por iniciar".
"Es importante tener a la vista que, desde el megaincendio, el 83,36% de las familias afectadas no cuenta con un subsidio, o bien el subsidio asignado aún no tiene ejecución", precisó Pérez.
En esa línea, informó que la Contraloría ordenó al Serviu de Valparaíso y a la Seremi de Vivienda iniciar procesos disciplinarios "para perseguir las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la tardanza en la entrega de soluciones habitacionales a las familias afectadas".
