El 3 de septiembre finaliza el plazo que se autoimpuso la mesa técnica negociadora por la toma de San Antonio, que cuenta con la participación de los dueños del terreno tomado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior y el municipio de San Antonio.
Según señalaron la semana pasada desde la mesa, de no concretarse un acuerdo en la fecha indicada, "se hará operativo el fallo de la Corte de Valparaíso", esto es, el desalojo.
"Esto no busca ni pretende consolidar como política las tomas. Eso hay que dejarlo absolutamente descartado. Hay que buscar fórmulas para que quienes requieran una vivienda social, puedan acceder a través de los distintos subsidios que tiene el Ministerio".
Omar Vera, alcalde de San Antonio
No obstante, este lunes, el alcalde de San Antonio, Omar Vera (Ind.), no descartó que la mesa amplíe nuevamente el plazo de las conversaciones, ya que el "nudo" sigue siendo el valor del metro cuadrado.
"Ha habido reuniones intensas sobre la materia, han habido algunos acercamientos, y esperamos que en estos días efectivamente podamos llegar a algún acuerdo, donde no está lejano que la mesa pueda volver a requerir una ampliación de plazo. Lo que percibimos nosotros es que existen voluntades, que es lo importante", dijo a CNN.
Consultado por cuál de las partes tiene la llave para destrabar el problema, el alcalde aseguró que "desde el Gobierno y los privados debe primar la razón, el entendimiento y buena voluntad", dando cuenta que el "nudo" que los separa tiene que ver con "lo económico". En específico, dijo el jefe comunal, relativo al "valor del metro cuadrado del terreno aludido".
"Ha habido acercamientos en ese escenario y en los próximos días debiera llegar a un punto de equilibrio sea de interés para ambas partes", precisó.
Respecto a la posibilidad de que las cooperativas que se conformaron puedan comprar el terreno a los dueños, el alcalde aseguró que "eso está en desarrollo, está operando. Hay bastantes cooperativas ya formadas y lo que se espera es llegar a la conformación de una federación de cooperativas, dado que el privado requiere relacionarse con un solo actor y no con 50 actores".
Esto, porque según aseguró, ya hay más de 50 cooperativas conformadas, que correspondería al cerca del 60-70% de las familias involucradas en la toma.
En ese contexto, el Ministerio de Vivienda estaría trabajando en conseguir una entidad financiera que "se atreva a llevar adelante un proceso crediticio de esta naturaleza. Se ha explorado el Banco Estado, y hay un tema de garantías que estaría entrabando un poco esta temática".
Consultado por si en caso de que se llegue a un acuerdo y las familias logren quedarse en el lugar, qué señal se daría para otras tomas que protagonizan estas situaciones, el alcalde manifestó que "yo no soy partidario de las tomas porque se transgrede el derecho constitucional respecto de el derecho que tiene la otra persona. No obstante, esto es una realidad y hay que trabajarla como tal".
"Ahora, esto no busca ni pretende consolidar como política las tomas. Eso hay que dejarlo absolutamente descartado. Hay que buscar fórmulas para que quienes requieran una vivienda social, puedan acceder a través de los distintos subsidios que tiene el Ministerio. Es la política habitacional la que tiene que modernizarse, tiene que acelerar sus procesos y evitar estas situaciones que afectan toda una comunidad", reflexionó.
En ese sentido, concordó en que el Gobierno estaría "al debe" en esta materia, porque a su juicio, "no se ha modernizado, ha sido lento, y creo que eso ha provocado estos procesos de tomas que no solo están dados en San Antonio sino que en otros puntos del país. Hay cerca de 1.400 asentamientos irregulares, demostrando claramente que la política habitacional hay que modernizarla".
