Megatoma de San Antonio emplazada en el Cerro Centinela, Región de Valparaíso.
El Mercurio
Esta tarde pobladores de la megatoma de San Antonio se refirieron al fracaso de la mesa técnica que buscaba resolver el eventual desalojo dictado por la Corte de Valparaíso y que culminó sin acuerdo para la compra de los terrenos.
A través de una declaración pública la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela se alineó con lo afirmado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sobre que el alto valor de compra exigido por los dueños, la inmobiliaria y constructora San Antonio, fue la principal razón que impidió llegar a consenso.
"Tras un largo proceso de diálogo y gestiones con los propietarios del terreno donde hoy se emplaza la megatoma de San Antonio, lamentamos comunicar que no se alcanzó un acuerdo para concretar su compra", partió relatando la agrupación en un comunicado.
Los pobladores afirmaron que "hemos puesto todo nuestro esfuerzo, voluntad y disposición para lograr un entendimiento que permitiera dar un paso decisivo hacia la seguridad habitacional de nuestras familias. Sin embargo, el alto valor exigido por los dueños ha imposibilitado llegar a un resultado positivo en esta instancia".
"Pese a este escenario, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera organizada y perseverante. No bajaremos los brazos. Seguiremos impulsando todas las acciones necesarias para alcanzar el sueño de la vivienda digna y definitiva para nuestras comunidades", sostuvieron.
Finalmente, mencionaron que "agradecemos el apoyo y la confianza que nos han brindado en este camino, y reiteramos que cada paso dado ha sido pensando en el bienestar y futuro de nuestras familias".
A esto se suma lo declarado por el Minvu, que sostuvo que el valor propuesto por la la inmobiliaria "no es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias (...) el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales".
Además, defendieron que "nuestro ministerio ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, pero esto fue rechazado sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso".
Tras el no acuerdo por parte de la instancia integrada el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior, el municipio de San Antonio y los dueños del terreno tomado, estos últimos informaron que procederán a solicitar que se cumpla el desalojo de las 10.251 personas que conforman los 4.136 hogares emplazados en el campamento.
