Gran polémica dentro de las universidades del país ha causado el mandato de la Superintendencia de Educación Superior (SES) para informar los
sueldos de sus funcionarios sin resguardar su identidad, pese a la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.
En concreto, las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica adscritos a la gratuidad deberán enviar hasta el 15 de septiembre su respectivo informe de rendición de los recursos transferidos, incluyendo las remuneraciones de sus funcionarios identificados con el Rol Único Nacional (RUN).
La controversia surgió luego de que la Universidad de las Américas (UDLA), adscrita a la gratuidad desde el año pasado, solicitara un pronunciamiento a la SES sobre si era necesario contar con la autorización de los trabajadores para poder informar sus remuneraciones, dado que se trata de datos privados. Esto, bajo el marco de la aprobación de la Ley 21.719 que protege los datos personales y que regirá a partir de 2026.
A través de su sitio web, la SES sostuvo el pasado 28 de agosto que esta información deberá ser entregada sin la posibilidad de resguardar la identidad de los funcionarios, a pesar de la nueva normativa de protección de datos.
De acuerdo a El Mercurio, la UDLA sostuvo en su escrito que "existiría un conflicto entre normas", por lo que solicitó ser eximida de pedir autorización a sus colaboradores o, en su defecto, poder anonimizar la información.
Pese a eso, la superintendencia rechazó esa posibilidad, ya que "las instituciones de educación superior no requieren la autorización de sus trabajadores para enviar a esta Superintendencia la información de sus remuneraciones con identificación de sus RUN al rendir la gratuidad".
Según el organismo, esta obligación está amparada en la Ley 19.628, que permite a las entidades públicas tratar datos personales sin consentimiento cuando se actúa en el marco de sus competencias. Y de acuerdo al documento, "una rendición efectuada únicamente en términos anonimizados impediría contrastar adecuadamente el uso de los fondos, afectando la capacidad de fiscalización".
La aclaración de la SES causó controversia entre los rectores de universidades privadas, quienes sostienen que no habría mayor diferencia entre entregar el reporte de fondos sin los datos de funcionarios.
La autoridad de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, sostuvo al citado medio que "a pesar de que la superintendencia tiene esta facultad fiscalizadora (...) efectivamente uno podría cuestionar si tiene sentido pedir esta información con ese nivel de detalle respecto de las remuneraciones de los funcionarios y académicos de una institución que esté adscrita a la gratuidad. No tiene mayor sentido desde el punto de vista del control de gastos, basta con que se informara el monto total de remuneraciones".
Cuech defiende transparencia
En conversación con Emol, Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio Universidades Estatales de Chile (Cuech), defendió el principio de transparencia de las remuneraciones.
"Realmente no entendemos cuál es la fuente del conflicto. Lo que la normativa pide no es publicar los datos sino enviarlos a una autoridad fiscalizadora que, por ley, debe resguardarlos, por lo que no hay ninguna amenaza a la privacidad", afirmó Corrales.
A su juicio, "debiera irse un paso más allá y aplicarse la lógica de que donde haya recursos públicos se garanticen los máximos niveles de transparencia".
"Hoy las universidades del Estado estamos obligadas a publicar mensualmente las remuneraciones de nuestro personal, bajo el argumento de que administramos dinero público. Sin embargo, hay instituciones de educación superior privadas que manejan tantos o más recursos públicos que las nuestras y que, paradojalmente, están exentas de esta obligación", apuntó.
Asimismo, afirmó que "creemos que es imperativo que esto se corrija y que se les aplique la misma normativa, de modo que la ciudadanía pueda saber en qué se ocupan esos recursos".
También Emilio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y rector de la Universidad de Tarapacá, mencionó que "la fiscalización de la gratuidad es una tarea propia de la SES. Y en consecuencia, se entiende que la SES tiene las facultades de fiscalización que ella misma interprete como pertinentes".
Sobre el punto que se condice respecto a la fiscalización con la ley de protección de la vida privada, Rodríguez sostuvo que "está resuelto en la propia ley cuando dice que sí se pueden usar datos de personas naturales, sin consentimiento del titular, siempre y cuando se requieran para fines específicos del organismo fiscalizador, como estaría ocurriendo en este caso".
"Desde la lógica de la transparencia parece deseable que las instituciones que sean públicas o privadas, que se financien con recursos públicos (...) rindan cuenta detallada del uso de los mismos", enfatizó, y añadió que "si una institución recibe recursos del Estado, tiene que cumplir con los estándares y normas que este defina para la recepción de esos recursos".
"En el CRUCH se ha avanzado muchísimo, tanto en las universidades del Estado que tienen una transparencia activa y pasiva básicamente total o completa, e incluso en el G9, de manera muy proactiva, en transparencia activa, dando también una señal de compromiso con ir haciendo públicos todos aquellos usos que se dan de los recursos que son recibido por parte de de todas y todos los chilenos, que son a través del Estado", cerró Rodríguez.
