A solo dos meses de la elección presidencial y parlamentarias, se abre un flanco para el Gobierno en torno al impacto en el empleo de políticas públicas emblemáticas de esta administración, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo.
El Banco Central fue el organismo que evidenció consecuencias negativas en el mercado laboral tras la implementación de estas medidas. Rápidamente, el Presidente de la República, Gabriel Boric, tomó distancia de lo planteado por el ente emisor y aseguró discrepar del análisis.
Del mismo modo, autoridades de Gobierno y parlamentarios oficialistas manifestaron públicamente sus diferencias con el Banco Central.
En ese contexto, analistas políticos y económicos evaluaron los efectos que podría tener esta controversia en el corto plazo, junto con el impacto de las políticas públicas y la tensión entre instituciones y su independencia.
El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, sostuvo que "el informe del Banco Central representa un nocaut para el Gobierno en materia económica. Dos de sus reformas más emblemáticas son cuestionadas atendiendo a sus efectos sobre el empleo. Tanto las 40 horas como el salario mínimo eran parte del legado del gobierno de Boric. Sin embargo, hoy se constituyen en políticas que terminaron por generar efectos nocivos en el mercado laboral".
En su opinión, "la autonomía del Banco Central se ve fortalecida por este informe, dando cuenta de cifras objetivas e indiscutibles. El gobierno, y es la recomendación básica que se puede dar, no debe salir a cuestionar esas cifras, sino que, más bien, explicar que este resultado podría ser provisorio y que en el mediano y largo plazo se reflejarán mejoras sustantivas en el mercado laboral. Para eso se requiere de un argumento técnico bien elaborado", cerró.
A su vez, Alejandro Weber, decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, señaló que "la función del Informe de Política Monetaria es precisamente enmarcar las decisiones de política monetaria (precios) del ente emisor y anticipar los riesgos para la estabilidad del sistema financiero, proyectando los principales indicadores macroeconómicos, como inflación, inversión, ahorro y crecimiento".
"Por eso, es francamente insostenible la liviandad con la que algunos hablan desde la política simplemente para hacer una defensa corporativa de un hecho técnicamente indesmentible: las políticas adoptadas por este Gobierno, que incrementaron los costos laborales en exceso, son las principales causantes de los más de 900 mil desempleados y del déficit de ocupación de cerca de 300 mil personas. El Banco Central, en pleno uso de sus facultades, ya lo zanjó”, agregó.
Finalmente, advirtió que "si el Ejecutivo quisiera contrastar los análisis del Central, corresponderá utilizar la institucionalidad, no los micrófonos. Para aquello, puede encargar un informe técnico a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad".
En tanto, Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma, dijo que "el Presidente cruza la línea de la prudencia al cuestionar y en definitiva a poner en duda un análisis técnico del Banco Central cuando afirma 'Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPoM', en definitiva, intenta equiparar una visión político/ideológica con un profundo análisis técnico/económico, lo que es al menos irresponsable, ya que en sus palabras subyace una crítica a la calidad técnica del Banco Central".
"Es difícil obviar una lectura político/electoral de la intervención presidencial, en tanto el informe del Central, de alguna manera cuestiona parte de los logros que pretende enarbolar la candidata oficialista. Todo lo anterior está muy cerca del intervencionismo electoral", añadió.
Por su parte, Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello, planteó otra visión. A su juicio, "el estudio que realizó el Banco Central, si bien es valioso, no representa una verdad definitiva sobre el impacto de las subidas de salario mínimo. En ese sentido, es razonable que cualquier ciudadano pueda discrepar de los resultados. Sin embargo, es deseable tener argumentos sólidos para sostener opiniones diferentes y así enriquecer el debate. Finalmente, el BC tiene el rol institucional de guiar la política monetaria, no la regulación laboral. Por ello no considero que las discrepancias de actores políticos con este estudio sean nocivas para la autonomía del Banco Central".
