"La demolición se llevará a cabo una vez terminado el proceso de contratación de la Licitación pública N° 109/2025 (...), realizada por Serviu Valparaíso, lo cual está programado a partir del 30 de septiembre de 2025".
Esa fue parte del contenido de la circular que a inicios de septiembre se entregó a los ocupantes de la toma "Calicheros", en el sector de Pompeya Sur, en Quilpué, en terrenos que pertenecen a la familia de Alejandro Correa, asesinado por un sicario en mayo de 2020. Esto, en medio del conflicto por la usurpación de los terrenos.
Son cerca de 150 familias que se encuentran utilizando el lugar que debe ser despejado a más tardar el lunes, según el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en agosto de 2024. Lo que restaba entonces, era que el Ministerio de Vivienda encomendara al Serviu regional el desalojo y posterior demolición de las casas instaladas en el lugar.
Si bien dicha orden se dio y se dispusieron los fondos públicos para ello (casi $88 millones), recién la tarde de ayer se concretó la adjudicación de la licitación de la empresa que estará encargada de la demolición.
Esto, mientras el Serviu extendió hasta hoy 25 de septiembre para el catastro de las familias de la toma.
De todas formas, continúa exitiendo un escenario de incertidumbre para la familia en torno al desarrollo del desalojo, tal como lo confirma la abogada representante, Jeanette Bruna en conversación con Emol. Por eso mismo, ayer solicitó una audencia por ley de lobby con el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el objetivo de que designe un fiscal exclusivo ante la eventualidad que existan resistencias al respecto.
"Pediremos que se aplique la ley de usurpaciones"
Bruna comenta que el abogado de los pobladores, Rodrigo Valdés, presentó un recurso de protección en la Corte de Concepción en lugar de Valparaíso, y de paso, los ha incentivado a quedarse, por lo que la reunión con el fiscal Valencia también busca que quienes busquen evitar el desalojo, en caso de que esto ocurra, sean detenidos en flagrancia.
"Uno puede entender que no lo hicieran antes (detenciones) porque era un grupo indeterminado de personas a diferencia de lo que ocurriría si alguien se queda por la mala asesoría", acusó.
"Atendidas las declaraciones del abogado de los pobladores que los incentiva a quedarse, solicitamos al fiscal Ángel Valencia que, respecto de los que se queden, se aplique ley de usurpaciones con designación de fiscal exclusivo que autorice a Carabineros la detención por flagrancia, ya que no habría personas indeterminadas como hasta ahora".
Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa
En ese sentido, subraya que "atendidas las declaraciones del abogado de los pobladores que los incentiva a quedarse, solicitamos al fiscal Ángel Valencia que, respecto de los que se queden, se aplique ley de usurpaciones con designación de fiscal exclusivo que autorice a Carabineros la detención por flagrancia, ya que no habría personas indeterminadas como hasta ahora".
Lo anterior está vinculado a la extensión del catastro que determinó el Serviu, organismo que de acuerdo a la abogada no ha respondido como debería, pese a su obligación legal. En esa línea, destaca que "afortunadamente la alcaldesa de Quilpué ha hecho ese trabajo y ha motivado la realización eficiente del catastro".
La abogada también apunta al Ministerio de Desarrollo Social, cartera que, según comenta, "ha estado bastante ausente de la propuesta de ayudas sociales estando obligado a hacerlo, mientras que el municipio sigue esperando que las familias vayan a catastrarse si es que necesitan ayuda social".
Con todo y a cinco días de que se cumpla el plazo final para el desalojo, la abogada asegura que la familia Correa espera que "las familias se retiren voluntariamente y la demolición se lleve a cabo sin problemas. Aunque no es posible mantener una confianza total en la palabra empeñada atendida la historia de incumplimientos pero todo indica que va bien encaminado", subrayó.
