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Solicitud de inicio de desalojo y recurso de amparo de pobladores: La trama judicial de la megatoma de San Antonio

Los usurpadores buscan continuar dilatando el proceso de desocupación pese a que fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024.

04 de Noviembre de 2025 | 12:51 | Por Sofía Campos, Emol.
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Archivo, El Mercurio
Continúa la trama por el desalojo de la megatoma emplazada en el cerro Centinela, en la comuna de San Antonio. Mientras los dueños insisten en fijar una fecha para la desocupación, los usurpadores buscan continuar dilatando el proceso.

Por su parte, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, los dueños del terreno, presentaron el pasado 23 de octubre una solicitud a la Corte de Apelaciones porteña para "acceder a lo solicitado, ordenando dar inicio al desalojo con auxilio de la fuerza pública".

Con ello, buscan concretar lo resuelto por la Corte de Valparaíso el 1 de octubre, donde se pide el cumplimiento de la sentencia con previa coordinación con el municipio de San Antonio y las carteras de Vivienda, Interior, Desarrollo Social y Bienes Nacionales para asegurar albergue a las familias.

Cabe mencionar que la solicitud pasó a una sala tramitadora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual analizará los antecedentes y llevará a cabo las diligencias legales de la causa en segunda instancia.

Al respecto Diego Pereira, representante legal de los dueños del predio, mencionó que "estamos muy satisfechos que nuestra solicitud haya pasado directamente a la sala tramitadora y esperamos ciertamente que la Corte disponga una fecha para el inicio del desalojo con respecto al escrito presentado por los ocupantes ilegales del terreno".

"Esperamos que sea rechazado en todas sus partes, como ha sido la tónica que se ha venido ventilando en el proceso", afirmó.

Pero el proceso sufrió una nueva dilatación: los usurpadores ingresaron el pasado 27 de octubre una solicitud a la Corte pidiendo que se llame a un proceso de conciliación entre ambas partes, la cual también será revisada en la sala tramitadora.

Verónica Morales, presidenta de la Coordinadora Quinta Costa de San Antonio y residente del Cerro Centinela, en diálogo con El Líder de San Antonio, mencionó que "la corte dice que los pobladores tienen mucha información y pasaron la causa a la sala tramitadora (...) esta investigará a fondo y dará una resolución".

Según Morales el procedimiento adoptado por la justicia "es un respiro para nosotros, porque vamos a pasar Navidad y Año Nuevo en el campamento. La Corte no va a demorar una semana o un mes en dar una respuesta", además de afirmar que la medida podría suspender el desalojo.

Postura de los dueños


Al respecto, el abogado representante de los dueños del terreno sostuvo que "desmiento categóricamente que el desalojo de la toma de San Antonio haya sido suspendido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, como han afirmado falsamente los ocupantes ilegales del predio. El desalojo se encuentra ordenado por una sentencia firme y ejecutoriada ratificada por la Corte Suprema".

Añadió que "la solicitud de los ocupantes ilegales radica en la apertura de un proceso de conciliación, lo cual desde el punto de vista procesal y legal es improcedente".

Diego Pereira subrayó también "sobre el resto de los antecedentes presentados por los pobladores, son los mismos que ya se han presentado y que han sido reiteradamente rechazados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso".

Así, en la sala del tribunal se resuelven ambos escritos solicitando recursos de protección.

Detalles del caso


La trama judicial de la megatoma ha sido extensa: en marzo de 2024 la Corte Suprema ratificó la orden dictada por la propia Corte de Valparaíso sobre el desalojo de las 10.251 personas que usurpan los predios del Cerro Centinela.

Luego, a fines de febrero de este año el tribunal dio una prórroga de seis meses tras el acuerdo para conformar una mesa técnica que estuvo integrado por el Ministerio de Vivienda, la Subsecretaría del Interior, la Municipalidad de San Antonio y los dueños de terreno, para buscar una solución. Su fracaso fue informado el pasado 3 de septiembre.

Desde entonces, los dueños del terreno han apuntado contra el Gobierno, solicitando activar el desalojo y fijar una fecha específica para el procedimiento que busca sacar a las 4.136 familias que viven en la toma.