Gran controversia causó la suspensión de un profesor del Instituto Nacional José Miguel Carrera (IN) luego de que se le abriera un sumario por sospechas de su presunta colaboración con estudiantes en hechos de violencia al interior del establecimiento.
Los hechos remontan a 2024, cuando dos estudiantes fueron vistos retirando bultos desde los autos del profesor suspendido y de otro docente el 9 de agosto del año pasado. Los elementos, entre ellos un lienzo, diluyente y hondas, fueron encontrados por el el grupo de avanzada del Presidente Gabriel Boric en el subterráneo del Centro Cultural CEINA en el marco de un acto conmemorativo del liceo.
Luego, se emitió un informe a la entonces directora del liceo, Carolina Vega, y el director de Educación Municipal durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler, Rodrigo Roco. Sin embargo, la denuncia no prosperó y no quedó un registro cuando asumió la administración de Mario Desbordes. Tras un sumario, se decidió la suspensión de uno de los profesores involucrados.
La situación abrió un debate entre los gremios docentes. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, mencionó sobre la presunta colaboración de docentes que "nosotros queremos decir en primer lugar que, como Colegio de Profesores y Profesoras, nosotros no tenemos ningún antecedente al respecto, ninguno, ni lo hemos tenido en años anteriores".
"Recordemos que este asunto es de larga data ya, estos fenómenos de los overoles blancos y sus acciones muy violentas apareció durante la gestión del alcalde (Felipe) Alessandri y después con los distintos sostenedores que se ha tenido no solamente no se ha solucionado el problema, sino que esto ha aumentado y recientemente la propia Contraloría ha requerido informes respecto a que el principal responsable de asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las clases es quien ejerce como sostenedor el establecimiento", apuntó.
Aguilar cuestionó que "ahora se pone el foco por parte del alcalde en estas supuestas denuncias o en estas supuestas acciones de colaboración y nosotros lo que demandamos es que exista un proceso de investigación objetivo, riguroso, justo, ecuánime, con derecho al debido proceso por parte de las personas que están siendo acusadas, que tienen que ser escuchadas en sus versiones, que esto no quede en meras conjeturas o especulaciones".
En ese sentido, aseguró que "preocupa que quien es el sostenedor y que en el caso de un sumario tiene la última palabra para la definición es que aparezca haciendo declaraciones donde ya muestra un sesgo, donde ya muestra una suerte de definición frente a la investigación que se debe hacer porque eso no corresponde, corresponde que justamente por ser el sostenedor mantenga una posición ecuánime y objetiva para ponderar lo que la investigación va a demostrar".
El líder del gremio añadió que "estas denuncias a veces pueden aparecer también como una manera de dar las propias responsabilidades y, por lo mismo, tiene que haber una investigación objetiva y ojalá con participación de entes que no tengan una opinión ya formada a priori respecto de lo que está ocurriendo sino que tengan a suficiente objetividad para analizar y ponderar los antecedentes que se tengan".
"Delincuencia"
En contraste, José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile (Aseduch) abordó el tema en conversación con Emol.
Velasco aseguró que "los hechos de violencia al interior del IN y otros establecimientos emblemáticos son de exclusiva responsabilidad de los adultos a cargo, quienes los han permitido, menospreciado y romantizado, sino alentados y hasta colaborado con ellos. Y cuando digo adultos a cargo me refiero a autoridades actuales y anteriores, políticos y parlamentarios, autoridades escolares y el propio Colegio de Profesores, incluso la prensa, quienes han tratado estos actos como 'manifestaciones estudiantiles' o 'justas reivindicaciones'".
Agregó que "recién estamos viendo, y en hora buena, que las autoridades del país están llamando las cosas por su nombre: delincuencia. Pero aún falta por avanzar: no se puede identificar, detener, juzgar y condenar a los vándalos si no hay un apoyo irrestricto al orden y disciplina y a las autoridades que deben imponerla".
En esa línea, afirmó que "si bien la violencia no es lo mismo que la convivencia escolar, esta y aquella son parte de una línea continua, y hemos llegado a este extremo porque por más de 10 años sectores de izquierda han ido construyendo un ambiente de impunidad y una trama de leyes y normas que exacerban los derechos y minimizan los deberes, que han horadado sistemática la autoridad docente, han propiciado la intromisión de la Superintendencia (de Educación) y de los tribunales en los procesos educativo, menospreciado y puesto en duda las decisiones directivas sobre convivencia escolar, y han permitido el libre tránsito de estudiantes entre establecimientos sin ningún requisito de ingreso".
A su juicio, de esta forma "prepararon el caldo de cultivo para que pequeñas redes de anarquistas y delincuentes se enquistaran en el sistema educativo. Basta recortar las acciones que la Superintendencia emprendió contra el alcalde de Temuco por instalar detector de metales en un liceo, medida que, por cierto, ha sido de gran éxito".
Propuestas para enfrentar la crisis
El presidente de la Aseduch sostuvo respecto a los establecimientos "la normativa tiene que devolverle las atribuciones que se les han quitado desde el 2015 y que el proyecto de ley sobre Convivencia Educativa les sigue quitando".
En esa línea, subrayó que "ejercer la autoridad pedagógica es parte del proceso formativo; la protocolización de las relaciones al interior de las escuelas y la externalización de la solución de los conflictos, ya sea a través de la Superintendencia de Educación o derechamente de los tribunales, no ayudan en nada a la educación. Este desmedro y desprecio por la función educativa no sucede en ninguna otra profesión".
Velasco junto a James Tucker, experto en educación y miembro del directorio de la asociación, afirmaron que "nosotros proponemos un plan de trabajo que tenga como foco el resguardo de los estudiantes a todo evento para generar las condiciones para el aprendizaje; porque la seguridad es el prerrequisito básico para el aprendizaje, y por ello, implementar medidas administrativas para conseguirla es una obligación de los adultos a cargo".
En ese sentido, aseguraron que "lo primero es generar estrategias preventivas, con las que se puedan identificar los alumnos en riesgo de caer en conductas violentas y realizar intervenciones multisectoriales reales y eficaces. Por otro lado, es necesario crear espacios educativos alternativos y especializados, en los que se pueda trabajar con estudiantes involucrados en actos violentos o agresiones graves", lo que a su juicio pondría fin a la "puerta giratoria" de los colegios emblemáticos.
"En paralelo, es necesario que cada establecimiento, liderado por su Director, establezca protocolos y mecanismos de seguridad que sean pertinentes a su realidad (detector de metales, registro biométrico, revisión de mochilas, etcétera), con apoyo político y recursos adecuados. Así se podrían detectar artefactos incendiarios o armas al ingreso del recinto", nombraron.
Asimismo, destacaron que "una condición fundamental es la despolitización de las aulas. Una cosa es la educación cívica y otra muy distinta es el activismo político. Este, además de estar prohibido por ley, es inmoral, pues se constituye en una manipulación de los estudiantes cuando aún están formando su criterio. En este punto, la ley debe hacerse cumplir, y no permitir que docentes abusen de su posición y arrastren a estudiantes a acciones violentas, vandálicas o derechamente delincuenciales".
