Con el Congreso entrando en receso por las semanas regionales y un calendario legislativo prácticamente detenido hasta el 5 de enero de 2026, el Gobierno enfrenta un escenario acotado y complejo para avanzar en su agenda antes del término del mandato del Presidente Gabriel Boric y la llegada, el 11 de marzo, del Presidente electo José Antonio Kast.
Desde enero, el Ejecutivo contará con cuatro semanas efectivas en la Cámara y el Senado para avanzar en iniciativas que busca dejar como parte de su legado, en un contexto marcado por tensiones políticas, críticas de la oposición y controversias asociadas a las normas incorporadas al proyecto de reajuste del sector público.
Uno de los proyectos que el Ejecutivo sí o sí deberá enfrentar en enero es la ley de reajuste del sector público, que contempla un aumento salarial nominal de 3,4%, pero que ha concentrado cuestionamientos por la incorporación de una serie de normas misceláneas ajenas al reajuste propiamente tal.
La más polémica, por lejos, es la denominada norma de "amarre", que establece que la no renovación o modificación de contratos a contrata deberá ser debidamente justificada mediante un acto administrativo fundado, lo que -según sus críticos- dificulta las desvinculaciones en pleno cambio de administración. La disposición afecta a cerca de 380 mil funcionarios del Gobierno Central y de los municipios.
Sobre esta medida, el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, señaló a El Mercurio que los funcionarios "van a adquirir una inamovilidad de hecho".
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha defendido la norma, señalando que busca resguardar la carrera funcionaria. Sin embargo, economistas y parlamentarios de oposición advierten que genera una inamovilidad de facto y rigidiza el empleo público en un contexto de estrechez fiscal.
En esa línea, el exministro de Hacienda Ignacio Briones señaló en su cuenta de X que "el amarre" en la ley de reajuste es impropio y debe rechazarse. "Rigidiza aún más el empleo público y baja de cinco a dos años la ‘confianza legítima’ (queque a la ANEF). Usa la ley de reajuste anual, a contrarreloj y con escaso debate, para introducir un cambio permanente: pésima forma de hacer política pública", escribió.
A esta norma se suman otras disposiciones controvertidas, como la eventual entrada de mutuales de seguridad a la prestación de salud común para reducir las listas de espera, sin necesidad de contar con la aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso).
El objetivo declarado del Gobierno es aumentar la capacidad del sistema de salud y reducir las listas de espera, aprovechando la infraestructura instalada de las mutuales. No obstante, desde el sector privado de la salud han advertido que la medida podría alterar las reglas de competencia.
Además, el proyecto de reajuste incorpora un conjunto de disposiciones vinculadas al empleo público y a la relación entre autoridades y funcionarios, entre ellas la regulación de los asesores directos de altas autoridades, la protección de funcionarias que se desempeñan en reemplazos o suplencias con fuero maternal, y precisiones sobre la actividad sindical en el sector público.
De este modo, estas normas han generado advertencias desde sectores de la oposición y centros de estudio, que sostienen que estos cambios debieran abordarse en el marco de una reforma integral al empleo público, y no mediante normas misceláneas incorporadas a la ley de reajuste, especialmente en un contexto de cambio de administración y restricciones fiscales.
Agenda prioritaria: proyectos trabados y urgencias a la baja
En esta recta final legislativa, el Presidente Gabriel Boric anticipó la agenda prioritaria del Gobierno: "Como Gobierno aún nos quedan tareas. Sigue en marcha la implementación de la ley de pensiones y continúa el trámite legislativo de dos proyectos importantes, como la Sala Cuna para Chile y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, para terminar de una vez por todas con el Crédito con Aval del Estado", remarcó el mandatario.
Esto, pese a que el propio Ejecutivo rebajó en septiembre la urgencia del proyecto que pone fin al CAE, pasando de suma a simple, y a que, si bien ha instado a la aprobación de la Sala Cuna Universal, nunca elevó su urgencia legislativa. Además, ambos proyectos se encuentran actualmente trabados en el Senado.
Otra iniciativa que el Ejecutivo busca despachar es la ley corta de reforma tributaria, que introduce beneficios para los adultos mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y posterga el proceso de reavalúo de bienes raíces de 2026 a 2027. Sin embargo, el propio Ejecutivo rebajó su urgencia de suma a simple, lo que implicó su salida de la tabla de la Cámara, justo en la antesala del receso parlamentario.
Este movimiento fue interpretado en el Congreso como una señal contradictoria respecto de la real intención del Ejecutivo de empujar su agenda en el cierre del mandato, reduciendo aún más las posibilidades de despacho antes de marzo.
Una situación similar ocurrió con la reforma al sistema político. Pese a tratarse de una iniciativa que el Ejecutivo había priorizado para el cierre del mandato, el Gobierno rebajó su urgencia desde discusión inmediata a simple, lo que abrió espacio para que un senador opositor solicitara el aplazamiento de la votación, prevista originalmente para el miércoles.
Asimismo, entre las prioridades se encuentran el proyecto que amplía el subsidio eléctrico y la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide). Además, está pendiente la materialización del compromiso suscrito con la CUT de presentar el proyecto de negociación colectiva multinivel o ramal.
Ante este escenario, el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, señaló a El Mercurio que "es políticamente imposible que estos proyectos se aprueben". "En el caso de la sala cuna, se cargarán más costos a los empleadores, lo que solo dificultará la contratación en las pymes, adicional a la reforma previsional. La negociación ramal es simplemente un gustito ideológico heredado de la Convención Constitucional, que fomenta la concentración económica y el poder de ciertos grupos", criticó.
En tanto, su par del Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez, pidió "disposición de parte de quienes presiden las distintas comisiones para poder ir despachando proyectos importantes que han tenido una larga tramitación".
