En escalada ha ido la controversia entre el Gobierno y la oposición respecto al protocolo de acuerdo que el Ejecutivo fijó con la Mesa del Sector Público, y que incorpora una restricción para desvincular a funcionarios a contrata únicamente invocando "necesidad del servicio".
Una disposición radicada en el punto 14 del protocolo, que en la derecha han tildado de "Ley de Amarre". El presidente de Republicanos, Arturo Squella, advirtió el impacto de la medida en el tenor del proceso de traspaso que lleva a cabo La Moneda con el equipo de Presidente electo, José Antonio Kast. "Si el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación", arguyó.
Otra de las voces más críticas ha sido el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien acusó al Gobierno de elaborar una "corrupción institucionalizada". "Aquí estamos hablando de alrededor de 350 mil cargos que quedarán amarrados", reparó.
Agudizando su ofensiva, este lunes, el timonel de la UDI junto al diputado Jorge Alessandri, anunciaron que la bancada recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el Gobierno logre aprobar en el Congreso las distintas normas de "amarre" que incluirán en la ley de reajuste al sector público.
"La ley de reajuste al sector público tiene un objetivo bastante claro y acotado, que viene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al incorporar normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios, lo que está haciendo el Gobierno es transformar este proyecto en una reforma encubierta al Estatuto Administrativo, sin abrir un debate serio y transparente que exige una materia de este tipo", sostuvieron.
Los parlamentarios también exhortaron a los legisladores del Partido Socialista y el PPD a rechazar el punto 14 del protocolo, insistiendo en que "no se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral".
Desde este sector, la iniciativa no ha estado libre de reparos. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, consideró que ha sido la intención de "reducir el empleo público" del futuro Gobierno "lo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas".
A su vez, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, acusó desinformación sobre el protocolo de acuerdo. En Radio Universo, la dirigenta oficialista aseguró que "he leído toda la prensa, pero desde el Ministerio de Hacienda nadie nos ha enviado el protocolo, y entiendo que la norma no está redactada, por lo que yo he leído en la prensa también". "Como somos parlamentarios, yo espero no enterarme con la prensa", reprochó.
Sí se pronunció en defensa de la restricción el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. "Acá hay muchas políticas que son de continuidad y que cualquier administración que venga, si quiere hacer despidos o desvinculaciones, tienen que ser fundadas, justificadas, no arbitrarias, estableciendo las reglas del debido despido, que es anticipar con 30 días antes, cosas que están en el derecho administrativo y que la propia Contraloría ha refrendado", sostuvo.
Gobierno
Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió la fórmula del Gobierno de establecer por ley la restricción para los despidos de funcionarios públicos a contrata.
En la vocería de Gobierno, el jefe de gabinete exhortó a que "hagamos un poco de historia. Han sido múltiples los instructivos que se han dictado desde, si mal no recuerdo, el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet en adelante, con objeto de velar por la carrera funcionaria de los funcionarios y funcionarias del sector público, y por otro lado, para hacer un distingo respecto de quienes desempeñas funciones de confianza directa de parte de la autoridad".
En esa línea, aseveró que "todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo", mientras que "una cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este Gobierno, sino que también en gobiernos anteriores y que desempeñan funciones permanentes del Estado".
"Al respecto, a petición de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, se planteó esta propuesta de tener un marco regulatorio, que lo que establece que finalmente en caso de desvinculación, se justifique la decisión. Ese es un principio que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Todo acto administrativo tiene que ser justificado", adujo.
En cuanto a la decisión de presentarlo mediante ley, Elizalde relevó que "este tema lo han lo han planteado las asociaciones de funcionarios del sector público, las distintas confederaciones, no solo ahora, sino que varias veces" y destacó que "cuando se votó este proyecto (que regula de manera más estricta la confianza legítima) en la comisión respectiva, los parlamentarios que representan a Chile Vamos lo votaron a favor. Esto ocurrió hace poco tiempo atrás".
A su vez, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, retrucó la ofensiva de la oposición, reprochando que "esto parece más, este discurso y este encuadre, como de campaña que de Gobierno electo y en ejercicio, que fue la conversación que tuvimos".
"Nosotros nos hemos comprometido de manera hacer un traspaso muy transparente, muy eficiente muy eficaz y desde luego esto es parte de aquello", aseveró.
