La polémica por la
ley de "amarres" de funcionarios públicos continúa afectando la relación entre el Gobierno y la oposición, sector desde donde han advertido que esto podría complicar además la tramitación de la agenda legislativa en el Congreso.
Esto pues pese a que restan poco más de dos meses para que asuma el nuevo gobierno, la actual administración tratará de sacar adelante varios proyectos durante el mes de enero. Esto antes de que comience el receso legislativo de febrero.
De hecho, no son pocos los que creen que éste será el principal efecto de la norma que busca evitar despidos sin justificación de funcionarios públicos a contrata. En vez de que se apoye una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, como propone la UDI.
Sobre el punto, el jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, opinó que "el Gobierno también tiene que evaluar el ambiente que se va a generar en esta discusión en el último mes legislativo efectivo del Gobierno, y tienen ellos desafíos importantes como el proyecto del FES, sala cuna, la ley de modificación a Gendarmería y otros desafíos. Y, por lo tanto, el Gobierno tendrá que evaluar con un criterio objetivo las consecuencias de insistir en esta medida" de amarres.
La diputada de republicanos Catalina del Real, consideró que "el gobierno de Boric debe reflexionar sobre su forma de ejercer el poder y demostrar un verdadero compromiso con la transparencia. De lo contrario, corre el riesgo de perder el apoyo para los proyectos que buscaban aprobar en la recta final y de terminar su mandato en medio de conflictos políticos innecesarios. La confianza se gana con acciones concretas y coherentes, no con cambios de última hora para entorpecer al futuro gobierno".
Para el diputado de PSC Roberto Arroyo, "esta normativa, que busca dejar amarrados ciertos cargos al Estado, revela una falta de capacidad del gobierno para conducir de manera efectiva la agenda parlamentaria. En lugar de buscar consensos y construir puentes de diálogo, se prefiere recurrir a medidas autoritarias que demuestran una concepción del poder más preocupada por asegurar su posición a futuro que por resolver los problemas actuales del país".
Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN), consideró que "esta norma de amarres para dejar cargos asegurados en la próxima administración, ha roto la confianza con la oposición y dificulta la posibilidad de avanzar, sobre todo en los proyectos que son de la agenda del gobierno. En lugar de demostrar transversalidad y apertura al diálogo para lograr consensos en la recta final de la agenda legislativa, el Ejecutivo se ha visto más preocupado de pavimentar el camino como oposición a partir de marzo, en lugar de velar por los beneficios para el país. Nuevamente priorizan sus intereses partidistas".
Para la diputada Marlene Pérez, subjefa de la bancada UDI, "más que la agenda legislativa, lo que está haciendo el Gobierno es manchar el proceso de transición con la administración entrante. El Presidente Boric está ensuciando un cambio de gobierno responsable, republicano y transparente, como ha ocurrido siempre en nuestro país".
Según la diputada Pérez, el gobierno hizo aquello, primero, "eliminando la glosa republicana en la Ley de Presupuesto. Y ahora tratando de amarrar en el Estado a los funcionarios que contrató en estos años. Todo eso, sumado a su deficiente gestión, terminan poniendo la lápida a un pésimo y nefasto Gobierno, que solo vino a beneficiarse a sí mismo en vez de solucionar los problemas reales de los chilenos".
