El fin de la breve tregua entre La Moneda y republicanos fue la controversia por el supuesto "amarre" de funcionarios públicos.
La pugna nace por el protocolo de acuerdo que el Gobierno zanjó con la Mesa del Sector Público para el reajuste del 2026, y que incorpora una restricción para desvincular a trabajadores a contrata, o cambiar sus condiciones labores, invocando únicamente "necesidad del servicio".
El Presidente electo, José Antonio Kast, aseveró que la iniciativa "no va en línea correcta", mientras que el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió que si el Gobierno persiste en esto, "estaría dinamitando nuestra relación".
En el Ejecutivo no guardaron silencio por la ofensiva de la oposición. El ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, contestó a Squella, aduciendo que "no corresponde por un proyecto plantear dinamitar relaciones". En tanto, la titular de Segpres, Macarena Lobos, apuntó que "esto parece más, este discurso y este encuadre, como de campaña que de Gobierno electo".
Más allá de la pugna, la confrontación ha reabierto un debate sobre la extensión del proceso de traspaso de Gobierno en Chile, teniendo a la vista además la pérdida de influencia que ha ido adquiriendo el mandato de Boric con la activa agenda de Kast en materia internacional. Algo que la exembajadora de Chile en Argentina y secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, reprochó, en tanto genera un "paralelismo" con el Mandatario.
Discusión
En conversación con Emol, analistas políticos aquilataron la transición de cambio de Gobierno, a propósito de las últimas tensiones entre La Moneda y la oposición.
El investigador asociado a Faro-UDD, Rodrigo Pérez de Arce, señaló que "no hay una regla única para la transición. Argentina tiene 20 días, México 120. En Chile, la ansiedad no es por la duración del proceso, sino por el cambio de signo político y porque el Gobierno saliente se ve débil. Eso hace que se sienta más largo".
"El Presidente electo necesita tiempo para diseñar su gabinete, nombrar miles de funcionarios, y definir sus prioridades. El tiempo no es excesivo para eso", sostuvo, y apuntó que "la tensión que percibimos —como en la 'ley de amarre'— no es porque el traspaso sea largo, sino porque el Gobierno derrotado todavía puede influir en materias importantes, como la ley de reajuste".
Asunción Poblete, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), apuntó que "Chile es uno de los presidencialismos con proceso de traspaso más largos de la región, pero que la literatura especializada reconoce como institucionalmente seguro y con bajo riesgo de bloqueo".
No obstante, arguyó que "en los hechos, el juego político y la mala fe permiten estas prácticas de 'amarres' que reflejan poca actitud republicana y condicionan a la administración entrante. Acortar el periodo podría ayudar a evitarlas, pero la disposición del Gobierno saliente es lo esencial".
A su vez, el académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, comentó que "en comparación con otros países es, efectivamente, un periodo un poco extenso. Sin embargo, permite al Presidente electo armar su gabinete y que los equipos del Presidente entrante con el saliente puedan dialogar".
"Esto es especialmente crítico cuando son cambios de Gobierno de distinta coalición y cuando, además, existe un 'amarre' sobre funcionarios públicos sumado a un estatuto administrativo que favorece la rigidez de los equipos", particularizó.
En ese sentido, indicó que "es precisamente por ese motivo que la normativa en materia de empleo público suele ser más rígida que en el sector privado: para evitar que los cambios de gobiernos tengan un impacto sobre la continuidad de los servicios que entrega el Estado. A mayor flexibilidad, mayor discrecionalidad y, por ende, mayor posibilidad de que los cambios sean por criterios políticos más que de gestión".
Y agregó que "hay que tener en cuenta también que junto con el nuevo Presidente, entra también un nuevo Congreso, dado que Chile no tiene elecciones de medio término. Eso complejiza el escenario, toda vez que es una renovación de dos poderes del Estado casi completos".
