El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó el diseño del plan Escudo Fronterizo, con el que el Presidente electo, José Antonio Kast, busca frenar la migración irregular.
En concreto, al jefe de gabinete se le consultó por un reportaje del Mercurio indica que la implementación de la política podría toparse con obstáculos tanto de gestión, como de oposición interna y hasta de organizaciones de derechos humanos. Esto considerando que hay sectores de izquierda que se oponen a la idea de declarar el ingreso al país como un delito.
A grueso modo, el plan consiste en desplegar desde el inicio una fuerza de tarea interagencial (militar, policial y civil), dirigida por civiles, coordinada por el Estado Mayor Conjunto y con estándares militares, que tenga foco en la zona norte, pero sin dejar de lado el resto de la frontera.
Consultado por ello, Elizalde reparó que "la publicación en la cual usted hace referencia, en primer lugar, menciona eventuales cambios legislativos, pero adicionalmente menciona medidas de carácter administrativo que el próximo Gobierno ha comprometido a implementar".
"Lo que llama la atención es que esas medidas ya fueron implementadas por el actual Gobierno. Cuando se habla, por ejemplo, de mejorar la capacidad de detección de ingresos irregulares a través de cámaras de vigilancia, basta recordar que el Gobierno implementó la reforma constitucional, en virtud del cual se desplegó a las Fuerzas Armadas, y se invirtieron miles de millones de pesos en el Sifrón, con el objeto de contar con vehículos para el traslado del personal militar. En segundo lugar, establecer puntos de observación fronterizo móviles y fijos, con visión de larga distancia y también nocturna, y también drones que son operados por la Fuerza Aérea, con el objeto de tener vigilada la frontera. Por lo tanto, esas medidas ya fueron implementadas", apuntó.
Del mismo modo, indicó que "cuando se habla de, por ejemplo, de duplicar el número de reconducidos, creo que hay que tener a la vista lo ha sido la implementación del acuerdo suscrito por el Gobierno de Chile con el Gobierno de Bolivia. Particularmente, un acuerdo que fue promovido en su tiempo por la exministra Carolina Tohá".
"Con Bolivia tenía un problema histórico, que es que solo podíamos reconducir ciudadanos bolivianos, pero no de otras nacionalidades, y, por tanto, Bolivia estaba haciendo una frontera de ingresos irregulares. Ya hemos dicho varias veces que los ingresos irregulares respecto al peor año, el 2021, antes de que se iniciara el Gobierno, se redujeron en casi un 50% el año pasado, y este año incluso las cifras son mejores. Pero en lo que respecta a la reconducción, bueno, aquí vemos la evolución de lo que ha sido la implementación del convenio o del acuerdo suscrito", expuso.
Y detalló que "el mes de noviembre estamos hablando de un 96,3% de reconducidos, y solo un 3,7% de no reconducidos. Entonces, según se habla, que se va a duplicar, bueno, pero si esto ya lo ha hecho el Gobierno actual, de las cifras cuando entró en vigencia el convenio, con lo que es su implementación el mes de noviembre".
Dicho eso, manifestó que "llama la atención que se anuncien como novedades, medidas que ya se adoptaron y que además han tenido buenos resultados".
