Flancos abiertos tiene el Gobierno a menos de tres meses de cambio de mando presidencial del próximo 11 de marzo, en que asumirá el Presidente electo, José Antonio Kast.
En concreto, son cinco ministros quienes protagonizan controversias: La ministra de Salud, Ximena Aguilera, por la rápida cirugía a su madre en el hospital de El Salvador; el Canciller, Alberto Van Klaveren por la promoción que ha hecho la embajadora Mahani Pakarati de la autodeterminación de Isla de Pascuas; el titular de Educación y Nicolás Cataldo, por el informe de Contraloría que devela irregularidades del Sistema de Admisión Escolar.
Así también se encuentra la liberación de un reo por error que complica al ministro de Justicia, Jaime Gajardo y la denominada "Ley de Amarre" que tiene a la oposición contra el jefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau.
Aguilera
Los días más complejos atraviesa la jefa del Minsal luego que su madre fuera sometida a una priorizada cirugía en el Hospital Salvador de Providencia.
Si bien el establecimiento defendió la operación, sosteniendo que la mujer cumplía con los criterios de priorización y negando que otros pacientes quedaran rezagados, el caso ha escalado por nuevos antecedentes.
Un reportaje de Canal 13 develó que un paciente laparotomizado (con apertura quirúrgica en el abdomen) fue postergado para operar a la madre de la ministra y que al menos otros 11 pacientes del mismo recinto se encontraban en condiciones similares y en lista de espera.
Por esta razón, la oposición ha activado una ofensiva contra Aguilera, pidiendo su remoción. También han anunciado la conformación de una comisión investigadora para el caso y una denuncia contra la secretaria de Estado por tráfico de influencias. Desde el oficialismo, también han reprobado la premura de la operación de la madre de la ministra y han echado en falta mayor transparencia sobre el procedimiento.
En el Minsal han evitado abordar el caso, mientras La Moneda se ha remitido al comunicado del hospital, en la que descartan irregularidades en la cirugía exprés. Este viernes, el establecimiento de salud volvió a emitir una declaración pública, en la que explicaron que la intervención del paciente fallecido no era de urgencia y anunciaron una auditoría clínica para despejar el caso. Paralelamente, indicaron que también responderán un requerimiento de la Contraloría.
Gajardo
Otro secretario de Estado al que la oposición ha pedido la renuncia, es al ministro de Justicia, a partir del error de Gendarmería de haber liberado a Mathias Fuentes, imputado por los delitos de maltrato de obra a personal de investigaciones y microtráfico, quien pasaba a prisión preventiva en Santiago 1.
El fail ocurre en complejas circunstancias para la institución, considerando 47 gendarmes fueron apresados por actos de corrupción.
En ese contexto, desde Renovación Nacional demandaron la salida del director de Gendarmería, Rubén Pérez y del ministro de Justicia. Teniendo a la vista la fuga del interno vinculado al asesinato del Rey de Meiggs, la bancada de diputados acusaron que estos "no son ya un simple error", sino que "ameritan hacer efectiva la responsabilidad política" del ministro de Justicia, pues a "él le cabe la supervigilancia y la coordinación con Gendarmería de Chile de conformidad con la legislación orgánica de la Cartera que encabeza".
Cataldo
Presuntas irregularidades del Sistema de Admisión Escolar (SAE) que develó un informe de la Contraloría General de la República, tienen los ojos puesto sobre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
El ente contralor dio cuenta que el proceso de admisión escolar 2024 permitió que decenas de miles de estudiantes consiguieran matriculación sin respetar el orden público de postulación, mientras otros miles de niños quedaron sin cupo, ante la carencia de procedimientos del Estado para resolver estos casos.
El hallazgo más crítico del ente contralor apunta a la existencia de 31.531 alumnos que obtuvieron cupo -que el colegio tenía disponible y finalmente validó la inscripción- sin haber pasado por todo el proceso obligatorio.
Sin embargo, Cataldo ha reparado que el informe de Contraloría "tiene incongruencias" en cuanto consideraría a grupos que no pertenecen al Sistema de Admisión Escolar. "Hay niños que aparecen registrados como parte de estos 31 mil, que en estricto rigor no deberían estar allí", dijo, al igual que "personas jóvenes y adultas, es decir, personas que están en educación de adultos".
Por estas diferencias, el Mineduc agendó una reunión con la Contralora, Dorothy Pérez, para el 22 de enero. Con todo, la situación ha concitado la preocupación del Congreso. La diputada Mónica Arce (IND-DC) y presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, señaló que oficiará al Mineduc y a la Superintendencia de Educación.
"Sabemos que el Sistema de Admisión Escolar ha presentado problemas en innumerables ocasiones", reprochó, acusando que "esta situación es realmente inaceptable y afecta directamente al derecho a la educación que está en nuestra Constitución".
Van Klaveren
La promoción de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Mahani Pakarati, sobre el autogobierno de Isla de Pascuas, ha abierto un flanco a la Cancillería.
La diplomática no solo compartió en redes sociales una imagen que bregaba por la autodeterminación de la isla -que le valió una reprimenda por parte del ministerio de Relaciones Exteriores- sino que manifestó en septiembre del 2025 la necesidad de trabajar por el autogobierno de Rapa Nui, en entrevista con un medio neozelandés. Como jefa de Protocolo, apoyó la propuesta de la Convención Constitucional y aseveró que pueblos indígenas no pueden sentirse chilenos.
Su postura ha sido reprobada tanto desde la oposición como del oficialismo. En el primer sector han llamado a remover a Pakarati de su cargo y han adelantado que citarán al ministro Van Klaveren a la comisión de Relaciones Exteriores para conocer las acciones que la cartera ha tomado contra la actitud de la embajadora.
A su vez, el Canciller se manifestó duramente contra la diplomática. Aseveró que "hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes justamente para todo lo que son los dichos de nuestros embajadores".
Añadió que "nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista" y por la presunta desvinculación de Pakarati, apuntó que "todas las opciones están abiertas".
La oposición ha denominado críticamente "Ley de Amarre" al acuerdo de protocolo que el Gobierno zanjó con la Mesa del Sector Público para el reajuste del 2026, en tanto incorpora el impedimento de desvincular o cambiar las condiciones laborales de funcionarios a contrata, únicamente invocando "necesidad del servicio".
En la derecha han advertido que de aprobarse la norma, recurrirá al Tribunal Constitucional (TC), mientras que el mismo antecesor del ministro Grau, Mario Marcel, aseguró que esta no le parece una solución "óptima".
El titular de Teatinos 120 ha debido asumir la primera línea de la defensa del protocolo de acuerdo, argumentando que la norma "es simplemente una norma que lo que busca es evitar arbitrariedad". Para convencer a la oposición del proyecto, Grau convocó a una reunión a senadores y diputados del sector, que se realizó sin lograr su objetivo.
Tras la cita, el diputado Felipe Donoso (UDI) reprochó que esta "es una norma con una infinidad de temas muy misceláneos. El gobierno mantiene la ley de amarre, cumple compromisos de la ley de presupuesto y genera muchos otros temas que dado la forma de exponerlos impide hacerse una idea de cada una de estas medidas".
En tanto, el diputado Frank Sauerbaum, advirtió que "hay muchas normas que significan gasto fiscal y no sabemos cómo se van a financiar. Además, hay una serie de creación de cargos que no la vamos a apoyar, no solo por el tema de recursos, sino porque no creemos que sea adecuado que se nombren cargos por un gobierno saliente. Hay una serie de cosas que necesitamos una mayor explicación".
