La última circular de la Superintendencia de Educación sigue dando de que hablar. Esta vez por una serie de nuevas exigencias que permiten incidir en los reglamentos internos de los colegios, fijando una
"autonomía progresiva" de los escolares.
En primera instancia, el documento causó polémica tras ser calificada como un "amarre ideológico". Esto, tras mencionar la palabra "género" en 76 ocasiones, además se señalar que toda medida que impacte a la comunidad educativa "debe considerar la variable de género".
Ahora, las críticas están puestas en el principio obligatorio de instaurar "la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes", indicando que estos "pueden ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades", y que su opinión "siempre deberá tener una consideración primordial".
En esa línea, también se indica que los alumnos tienen derecho a "participar en la elaboración del reglamento interno, pudiendo incluso proponer cambios o modificaciones".
En cuanto al uso de uniforme escolar, la circular informa que "el uso del uniforme escolar no es obligatorio", y si en caso de que el establecimiento escolar decida establecer su obligatoriedad, se deberá tener un "acuerdo del centro de padres, madres y apoderados, consejo de profesores, y previa consulta al centro de alumnos y al comité de seguridad escolar".
Por otro lado, el documento establece que los reglamentos internos y las medidas formativas y disciplinarias tienen que también considerar hechos que se produzcan "a través de medios tecnológicos o digitales, aún cuando ocurran fueran del establecimiento educacional", extendiendo así el marco de actuación de los colegios.
Polémica por "autonomía progresiva" de los escolares
Desde la comisión de Educación, la diputada Marcia Raphael (RN) señaló que "nos preocupa que se busque afectar la autonomía de los proyectos educativos dadas las exigencias que se introducen en sus reglamentos internos, que por lo demás, no pueden ser las mismas para todos, dado que cada establecimiento según su contexto geográfico, social y otros cuentan con realidades totalmente distintas, entonces más que equiparar condiciones lo que se pueden generar son dificultades en su aplicación por estos factores" .
"Es algo que debe revisarse y reconsiderar, sobre todo con la opinión que puedan tener los sostenedores y las comunidades educativas que son quienes velan por el correcto uso y aplicación de estos mismos reglamentos", agregó.
En esa línea, el diputado Stephan Schubert (Republicano) indicó que "otra vez, y esta vez a través de una circular de la superintendencia, el gobierno Gabriel Boric intenta dejar establecido y amarrado lo que no logró por otra vía, lo que no logró a través de una nueva Constitución, lo que no logró a través de leyes, en este caso lo hace a través de circulares y resoluciones de ministerios y superintendencia. Esta vez, esta circular dice relación con la autonomía progresiva, concepto debatido, concepto que ha generado divisiones, y no existe una ley de autonomía progresiva de forma tal que permita a la superintendencia dictar una circular en estos términos.
"Es preocupante que esta administración en los últimos días, en plena fecha ya estival y entre feriados, se encargue a través de distintos mecanismos subrepticios, sin la discusión ciudadana pertinente, introducir sus conceptos ideológicos personales particulares, sabiendo además que estos conceptos no son pacíficos, sino que por el contrario han generado una amplia discusión y no una amplia aceptación. Es de esperar que esta administración retroceda en este avance poco cuidadoso, en este avance a través de directrices y no de procesos legislativos, para que podamos tener las discusiones pertinentes de cara a la ciudadanía como en una democracia corresponde", continuó.
Desde el oficialismo, el diputado Arturo Barrios (PS) defendió los principios de la circular, asegurando que "cuando la Superintendencia de Educación habla de autonomía progresiva, no está imponiendo una ideología ni pasando por sobre las familias, sino que está aplicando un principio básico de derechos humanos: que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades. Aquí lo central es acompañar, proteger y reforzar ese proceso, siempre considerando el interés superior del niño o de la niña o del adolescente como criterio primordial".
