El Juzgado de Garantía de San Antonio dictó este miércoles prisión preventiva para dos adultos detenidos y acusados de homicidio frustrado contra carabineros durante el desalojo de la megatoma de San Antonio, ocurrido el martes. Entre los implicados figura Bryan Serrano Godoy (21), quien es una de las 418 de personas que pueden recibir una pensión de gracia por el estallido social.
Además de Serrano, el tribunal ordenó prisión preventiva para Gianfranco Echeverría Undurraga, de 22 años. Asimismo, decretó la internación provisoria de un adolescente y otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno a otros tres individuos, imputados por los delitos de porte o tenencia de arma prohibida, porte de municiones y disparos injustificados.
Según los hechos relatados por el juez Javier Arenas, los seis imputados se reunieron en una mediagua de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela con el
objetivo de impedir y entorpecer el desalojo del campamento llevado a cabo por carabineros, en cumplimiento de las órdenes judiciales pertinentes.
Armados con al menos dos escopetas de fabricación artesanal y una pistola, los imputados dispararon sobre los efectivos policiales, a quienes dejaron con lesiones de gravedad. Tras la detención, se encontró en una bodega dos escopetas más, además de múltiples cartuchos de distinto calibre.
En la audiencia de formalización, el magistrado Arenas acogió la solicitud de medida cautelar solicitada por la Fiscalía, por lo que Serrano Godoy y Echeverría Undurraga quedaron tras las rejas.
El juez también consideró que "el cúmulo de estos antecedentes da en cuenta que el día 13 de enero del año 2026, en horas de la mañana y acercándose al mediodía en el sector de Pelancura de San Antonio, mientras personal de Carabineros de Chile ejecutaba una orden judicial de desalojo de una toma irregular y adoptaba medidas de control de orden público, que en todo caso constituye un hecho público notorio, dos funcionarios policiales resultaron víctimas de disparos de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, atacados por un grupo de personas entre las que se encontraban los imputados".
"La prueba documental acredita que ambos Carabineros recibieron impactos balísticos mientras cumplían su labor, circunstancia que no ha sido controvertida en todo caso por las defensas. Sobre esa base se tiene por justificada la existencia del delito de homicidio frustrado, en perjuicio de dos Carabineros de Chile, como también del delito de disparos injustificados. También los delitos de tenencia de arma prohibida y de porte de municiones, al ser hallados en poder de algunos de los imputados", añadió.
Arenas también dejó con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno a los imputados Luis Borges Muñoz, Verónica Basaure De la Fuente y a otro imputado adolescente, por estimar que "los antecedentes no permiten presumir fundadamente su participación en el delito de homicidio frustrado".
El magistrado decretó el ingreso inmediato de los imputados al Complejo Penitenciario Valparaíso, y del adolescente al Centro de Internación de Limache. Junto con ello, fijó un plazo de investigación de 90 días.
El caso de Bryan Serrano se conoció la noche del martes. Según informaron a Emol fuentes conocedoras del caso, este joven de 21 años aparece en el lugar número 299 del listado de beneficiados por violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el estallido social de 2019 y percibe 2 Ingreso Mínimo Mensual no remunerado, lo que equivale a $515.672.
Esta categoría, de acuerdo a los criterios del Gobierno, corresponde a aquellos que hayan sufrido "lesiones gravísimas (fallecimiento, trauma ocular irreversible, lesiones gravísimas no oculares, violación)".
No obstante, según explicó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, Serrano nunca recibió dicha pensión. Esto, según indicaron fuentes consultadas por este medio, se debió a que el joven "nunca ha sido ubicado para ser notificado, no ha recibido ningún peso".
