"La ley Naín Retamal no es una iniciativa del Gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios". Con esas palabras, el Presidente Gabriel Boric definió la participación del Ejecutivo en la promulgación de la norma que marca la discusión política en la recta final del Gobierno, luego de que ella se hiciera parte del debate público en torno a la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el caso Gatica, resolución dictada este martes.
Las declaraciones del Mandatario, emitidas ese mismo día en el programa "Tolerancia Cero", no coinciden con lo que hasta el momento se entendía como una norma exitosa de la actual administración. Hasta antes de la resolución, la Ley Naín Retamal había sido involucrada, textualmente, como el avance 307 de las 1000 medidas impulsadas por el Gobierno en su período, información que se puede ver en su página web. Pero horas tras la absolución de Crespo, el nombre de la ley había desaparecido, mas no su contenido.
"El Gobierno lo que hace respecto a esta ley presentada y que estaba tramitándose en el Parlamento, es intervenir con indicaciones, varias de las cuales perdimos en el Congreso, y el Congreso de manera muy mayoritaria toma la decisión de aprobar esta ley y efectivamente nosotros promulgamos esta ley”, siguió respondiendo el Presidente para CNN Chile.
Sin embargo, esta mañana fue otro el tono que marcó sus declaraciones: "Como Presidente de la República, no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos recién cuando se publique la sentencia en mayo, pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón, y decir que en este caso debe haber justicia, y que si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad".
La intensa discusión sobre esta norma, que se aprobó en marzo de 2023 y refuerza explícitamente la presunción de legítima defensa privilegiada para Carabineros, la PDI, Gendarmería y las policías marítima y aeronáutica cuando hacen uso de sus armas en actos de servicio, hasta logró un quiebre en el oficialismo.
Esa ruptura se dio tras los dichos de personeros del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio, quienes le entregaran un alto grado de responsabilidad al Gobierno por haber apoyado dicha ley y apuntaran directamente a parlamentarios del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD) por haberla respaldado, lo que significó que el PS tomara la decisión de congelar su participación en la alianza gubernamental.
La tramitación de la ley en 2023, la cual no estuvo exenta de polémicas y demoró 25 votaciones, concluyó con una aprobación que fue ampliamente defendida por la actual administración, la cual acompañó el proceso y hasta realizó una ceremonia en La Moneda por su promulgación el 6 de abril de ese año, encabezada por el jefe de Estado.
"La Ley Naín Retamal no es una iniciativa del Gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios"
Gabriel Boric, Presidente de la República
En su minuto, hubo un gran temor por parte de algunas áreas del ahora quebrado oficialismo, especialmente el PC y el Frente Amplio, quienes argumentaban que la ley daría pie a la "impunidad" y que violaba estándares internacionales de Derechos Humanos, al invertir la carga de la prueba. Por esto es que tras su despacho, desde esos sectores le pidieron formalmente al Mandatario que aplicara un veto sustitutivo o supresivo, para así devolver la ley al Congreso con cambios o para eliminar artículos, como la "defensa privilegiada".
A pesar de la presión interna, el Gobierno decidió no vetar la ley, e incluso, cuando se llegó a hablar de recurrir al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo también descartó la opción.
Haber desestimado ese veto y la firma que el Presidente puso en ese texto -el cual también aprobó otras tres iniciativas que fortalecieron a Gendarmería, agravaron el delito de secuestro y aumentaron las penas para porte ilegal de armas- se dieron en medio de la conmoción que había generado la noche anterior el homicidio del cabo de Carabineros Daniel Palma, y tras un proceso legislativo que avanzó rápidamente debido al también deceso de la sargento de Carabineros Rita Olivares, quien fue asesinada en marzo de ese año en medio de un procedimiento policial en la comuna de Quilpué.
Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública en ese momento, manifestó durante el trámite de la ley que “el aspecto donde más podemos avanzar en dar esa seguridad que se necesita para las policías es desde el punto de vista procesal y disciplinario”, ejemplificando que “cuando un policía hace uso de sus armas no tenga de manera automática consecuencias que son lesivas para su carrera”.
Cronología de la tramitación de la ley
Todo inició el 23 de marzo de 2022, cuando el proyecto de la agenda de seguridad pública, impulsado por el gobierno, fue ingresado tras el asesinato del cabo de Carabineros Eugenio Naín en la Ruta 5 Sur, en el sector de Metrenco.
Los autores del texto fueron Jorge Alessandri (UDI), Cristián Araya (P. Republicano), Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Donoso (UDI), Henry Leal (UDI), Andrés Longton (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Diego Schalper (RN) y Stephan Schubert (P. Rep.).
Originalmente, el proyecto Naín establecía la restricción de acceder a penas sustitutivas para aquellos delitos en los que se atentara contra la integridad física de Carabineros, PDI o Gendarmería de Chile, de manera tal que quienes atentaran contra las policías cumplieran efectivamente privación de libertad.
Además, proponía agravar las penas de aquellos delitos cometidos en contra de la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones relativas al resguardo del orden público.
Después de ingresada la norma, el crimen del sargento de Carabineros Carlos Retamal reforzó el debate en torno a robustecer la seguridad de los uniformados. Fue Longton, entre otros, quien ingresó una indicación, sobre Retamal, en que se añadió la legítima defensa privilegiada. Desde ahí pasó a ser Ley Naín-Retamal.
Con todo ese contexto de fondo, el 29 de marzo de 2023 se aprobó en general la propuesta en sala, con 20 votos en contra del oficialismo: ocho de los comunistas y el resto del Frente Amplio. También se visó en particular la norma acerca de la presunción legal a favor de la actuación de los policías en el ejercicio de sus funciones. El artículo era considerado duro por el PC-FA, que lo rechazó. El trámite lo impulsó el Gobierno, en el contexto de una seguidilla de tres asesinatos de carabineros.
El 4 de abril de ese año la iniciativa se aprobó en segundo trámite en el Senado con modificaciones respecto a lo despachado por los diputados. Los comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual votaron en contra, así como Esteban Velásquez (regionalista), además de Juan Ignacio Latorre (FA) y Fabiola Campillai.
Fue Tohá quien ese minuto acuñó la frase “gatillo fácil” para desestimar la redacción original de la iniciativa, la que terminó por ser modificada. El 5 de abril de 2023, la sala de la Cámara aprobó en tercer trámite los cambios del Senado. Quedó así una norma menos compleja que la despachada por los diputados en primer trámite, acerca de la presunción legal. Apruebo Dignidad mantuvo su rechazo.
El 6 de abril de 2023, el Presidente Boric firmó la promulgación de la Ley Naín-Retamal, en el contexto de un consejo de gabinete, en el que el Mandatario y sus ministros guardaron un minuto de silencio en memoria del cabo primero Daniel Palma.
