Molestia generó en personeros del futuro oficialismo el fallo que emitió el pasado 30 de diciembre la
Corte Suprema, donde resolvió modificar las sentencias en 14 causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Esto, aplicando la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso "Vega González y otros", del 12 de marzo de 2024.
En dicha sentencia de la jurisprudencia internacional, se condenó al Estado de Chile por su responsabilidad internacional por violación de derechos, garantías judiciales y protección judicial, a raíz de decisiones judiciales emitidas entre 2007 y 2010.
La CIDH cuestionó que se aplicara la atenuante de
"media prescripción" o "prescripción gradual" -regla de atenuación que se encuentra en el Código Penal chileno- y que permite rebajar las penas cuando el inculpado se presenta -o es habido- después de transcurrida la mitad del tiempo necesario para la prescripción de la pena, lo que no es compatible en caso de delitos de lesa humanidad.
Esta eliminación en la rebaja de las penas implica cuatro exagentes del Estado volverán a prisión; 24 tendrán aumentos en sus penas -entre quienes se encuentran Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff-; y a dos se les dio reclusión domiciliaria total.
Futuro oficialismo evalúa acciones
Algunos personeros de tiendas del futuro oficialismo ya han cuestionado la decisión de la Suprema, y no se descartan alguna ofensiva parlamentaria en esta materia. Eso sí, advierten que será un tema que es "delicado" y que se debe analizar.
El Partido Nacional Libertario (PNL) están analizando algunas vías, como iniciar un juicio político en contra de los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema -Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Cristina Gajardo y María Soledad Melo y la exministra María Teresa Letelier-, y en último ratio, impulsar una acusación constitucional.
De todos modos, desde la tienda del excandidato presidencial, Johannes Kaiser, aseguran que están revisando los alcances del fallo, en cuanto a alcances constitucionales y del propio tratado internacional.
Consultado por Emol, el presidente de Republicanos y senador electo, Arturo Squella, comentó que "he seguido con atención la materia y en vista de los antecedentes, se trata de una situación inaudita y especialmente delicada para nuestro estado de derecho".
Agregó que "es altamente probable que se traduzca en una acusación constitucional, le corresponderá resolver en definitiva al Senado". Eso sí, debido a que en marzo comenzará a ser parte de la Cámara Alta, evitó referirse al fondo del asunto.
Por su parte, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, comentó a este medio que "como bancada de Renovación Nacional, consideramos que este fallo es extremadamente grave porque, básicamente, afecta la cosa juzgada".
Asimismo, afirmó que la bancada envió una carta a las instancias internacionales correspondientes "para que se adopten las medidas pertinentes".
No obstante, advirtió que no existe una vía plausible para acusar constitucionalmente a un juez por lo que ha determinado en un fallo. "Queremos ser extremadamente claros; la Constitución, y especialmente la autonomía del Poder Judicial, en su artículo 76 y siguiente, hace que no se pueda acusar constitucionalmente a un juez por el contenido de su fallo", explicó el diputado.
"Nosotros podemos estar muy en desacuerdo en los fallos. Tendremos que hacer las reformas legales correspondientes. Tenemos que hacer, digamos, la discusión jurídica y política necesaria para dejar claro que este fallo contradice un principio fundamenta", subrayó.
