Gran controversia ha causado el vuelco en el caso de la desaparición de Julia Chuñil, que pese a que en un inicio se indicó que podría deberse a su rol activista, esta semana se dio a conocer que la hipótesis del Ministerio Público es que sus hijos serían los responsables del crimen.
En los últimos días, se concretó la detención de los tres hijos de Julia: Pablo San Martín, Javier Troncoso y Jeannette Troncoso, además de su exyerno, Belmar Bastias, a quienes el Ministerio Público acusa de los delitos de parricidio y homicidio calificado, además de robo con violencia e intimidación frustrado.
Ayer, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres hijos de la víctima y el exyerno quedó con arresto domiciliario nocturno. Esta jornada se retomará la formalización de los acusados, en un caso que ha conmocionado al país.
En concreto, la mujer de 72 años fue vista por última vez en el sector Huichaco el 8 de noviembre de 2024.
Según declararon sus cercanos, Chuñil era presidenta de la Comunidad Indígena de Putraguel, que busca la protección de 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna de Máfil.
Por ello, desde un principio apuntaron que su desaparición podría tener fines políticos y lo vincularon con empresarios de la zona dedicados a la tala de árboles.
La familia
En sus primeras declaraciones señalaron que previo a su desaparición, los familiares aseguraron que Chuñil habría sido objeto de amenazas de muerte de personas interesadas en utilizar los terrenos para la tala de árboles.
Por ello, realizaron una denuncia por presunta desgracia. Con el pasar de los días presentaron una querella criminal contra todos quienes resulten responsables de su desaparición. La acción fue patrocinada por la ONG Escazú Ahora e interpuesta en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, en la región de Los Ríos.
La fundación Escazú Ahora señaló en ese entonces que "trabajamos junto a la familia para presentar una querella criminal contra todos quienes resulten responsables" por la desaparición de Chuñil.
Según mencionaron en el documento, Julia era una comunera mapuche que se dedicaba "por completo a su conservación y a la preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras, junto a la cría de ganado a pequeña escala".
Añadieron que ella misma les expresó que era foco de amenazas y ataques por parte de un empresario de la zona y que les advirtió que "cualquier cosa que le pasara sería por culpa de él".
En el marco del Acuerdo de Escazú, la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos conformó una mesa de seguimiento del caso, la que está integrada por las seremis de Justicia y Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el equipo jurídico y de gabinete de la Delegación Presidencial Regional.
Desde un principio, la versión de la familia de Chuñil fue imputar el delito de homicidio al empresario Juan Carlos Morstadt y apuntaron contra la fiscalía por mantener la investigación en reserva.
El caso llegó a Amnistía Internacional, quienes declararon que "no podemos tolerar más ataques ni amenazas contra quienes alzan la voz en defensa del planeta. Exigimos y seguiremos exigiendo que se hagan todos los esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil".
A fines de septiembre de 2025, la abogada de la familia, Karina Riquelme, mencionó en un punto de prensa que el empresario "ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron".
Tras conocerse esto, varias organizaciones y figuras políticas, incluso desde el mismo Gobierno, salieron a referirse al caso.
Por ejemplo, Amnistía Internacional Chile señaló en sus redes sociales que "el Estado tiene la obligación de investigar, esclarecer, enjuiciar y sancionar los delitos contra personas defensoras de derechos humanos".
La tesis fue reforzada por la familia, que el 2 de octubre emitió un comunicado criticando que "respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada" y que "el principal sospechoso que hostigaba y manipulaba a Julia, le confesó a su padre: 'La quemaron'".
La última aparición pública de uno de los hijos de Julia fue el pasado viernes, cuando Pablo San Martín Chuñil, acusado de haber agredido a la mujer, intervino en un concierto del cantante Manu Chao.
"No existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural".
fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel
Ahí, mencionó que tanto él como sus hermanos eran sospechosos del crimen de su madre y que "nosotros estamos pasando por un momento muy terrible de no saber dónde está mi madre. Escuchar, leer en un informe que a Julia Chuñil la quemaron, para nosotros es muy terrible".
Junto a carteles que consignaban frases contra empresarios, dijo que "nosotros estamos muy agradecidos de Manu Chao que nos haya invitado a empezar el dolor que tenemos nosotros como familia de no encontrar a nuestra madre a esta altura que ya llevamos un año o dos meses".
"Para nosotros no es muy grato estar acá, con la tristeza que tenemos por no tener a nuestra madre al lado y que nos estén culpando a nosotros es terrible. Y por eso estamos acá, para difundir el tema de mi madre", mencionó.
Figura de Chuñil y oficialismo
Desde su desaparición en 2024 la figura de la mapuche fue protagonista en varias manifestaciones, donde se utilizaba el retrato de la mujer junto a la frase "¿Dónde está Julia Chuñil?".
Incluso, fue visibilizado en el Festival de Viña del Mar por el exintegrante de Los Prisiones y presidente del jurado, Claudio Narea, quien en la obertura de la tercera noche usó una polera con el retrato de la mujer y la frase: "¿Dónde está Julia Chuñil?".
Crédito: Captura de pantalla / Megamedia.
Figuras del oficialismo en diversas ocasiones se refirieron al caso. Tras conocerse la teoría de que la dirigenta mapuche pudo ser quemada, desde el Frente Amplio (FA) emitieron una declaración en que señalaron que "este hecho, de confirmarse, constituye un acto criminal que no puede quedar en la impunidad. Es de urgencia que el Ministerio Público otorgue explicaciones claras y transparentes. La Fiscalía no ha actuado con la rapidez necesaria frente a una desaparición que ponía en riesgo la vida de una mujer mapuche, conocida activista medioambiental".
En esa línea, mencionaron que "esperamos que el Ministerio Público actúe con celeridad y diligencia, considerando todos los antecedentes del caso para dar respuesta pronta a la familia, cercanos y al país respecto al paradero de Julia (...) La memoria de Julia, mujer mapuche, de la comuna de Máfil, defensora del bosque frente a la explotación de las forestales, nos exige que su desaparición no quede en el olvido ni en la impunidad".
"El Estado chileno debe garantizar verdad, justicia y reparación, no solo para ella y su familia, también para todas las personas que arriesgan su vida en defensa de la tierra y el medioambiente", aseguraron.
Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) calificó de "inaceptable" el secretismo del Ministerio Público sobre la investigación, mientras que su compañera de bancada, Ana María Bravo (PS), afirmó que las diligencias eran "poco prolijas". Asimismo, la diputada Emilia Nuyado (PS) solicitó a la Cámara una sesión especial para abordar la desaparición de Julia Chuñil.
"Para nosotros no es muy grato estar acá, con la tristeza que tenemos por no tener a nuestra madre al lado y que nos estén culpando a nosotros es terrible".
Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia y acusado de parricidio días antes de su detención
Días después de que se conocieran nuevos antecedentes del caso, el 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reconoce y protege a las personas defensoras del medio ambiente, con medidas específicas de protección y sanciones frente a las agresiones que pudieran sufrir defensores ambientales.
El diputado del Partido Liberal, Luis Malla, autor del proyecto, criticó en octubre que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, no asistiera a la sesión donde se votaría el proyecto.
En dicha instancia, mencionó: "La ministra ni siquiera está acá. Es lamentable que quisieran debilitar este proyecto. Es lamentable que no les importen los defensores ambientales. Es lamentable que no les importe Julia Chuñil".
En esa misma línea, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) señaló que "el Gobierno dejó abandonado este proyecto", y que "cuando el diputado Félix González era presidente de la comisión (de Medio Ambiente), nosotros escuchamos a la familia de Julia Chuñil, y ya demasiados meses en que no hay respuesta del Estado de Chile. Sin el compromiso del gobierno este proyecto también va a ser letra muerta".
Gobierno
Casi un mes después de su desaparición, el 10 de diciembre de 2024 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric se refirió al hecho.
"Quiero aquí aprovechar la instancia para expresar mi preocupación y la ocupación también del Estado por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de su comunidad, quien se encuentra desaparecida hace varias semanas, cuya familia se ha reunido con nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, hay diferentes acciones de búsqueda que se han realizado", sostuvo Boric.
Y añadió que "vamos a seguir firmemente en aquello. Sabemos que hay una preocupación muy grande en el mundo de los derechos humanos y no vamos a cejar hasta encontrarla".
El 2 de octubre de 2025, luego de que la familia expresara que la mujer había sido quemada, el Mandatario abordó el caso en los patios de La Moneda. Ahí señaló que "quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil".
"Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Julia Chuñil como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que yo creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Y, por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad", cerró.
Luego, el 6 de octubre, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comenzó su intervención diciendo "¿Dónde está Julia Chuñil? Es una pregunta que legítimamente se han hecho nuestros compatriotas, muchas comunidades y que el gobierno también se hace en este momento", y aseguró que "(esperamos) que las investigaciones arrojen, con la mayor celeridad posible, el resultado que todos esperamos, que es encontrar el paradero de Julia Chuñil".
Días después, el 13 de octubre, los dichos de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, causaron polémica, pues fue la primera vez que señaló que Chuñil no podía ser considerada activista medioambiental.
En declaraciones a La Segunda, mencionó que "no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural".
Días después, tras los dichos de la fiscal Esquivel negando el rol activista de Chuñil, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que "nosotros tenemos una diferencia en esto con el Ministerio Público, pero ambos poderes somos completamente autónomos".
"El Ministerio Público tiene, al menos lo que señaló la fiscal regional, una opinión respecto a la calidad de Julia Chuñil, (pero) nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era una defensora medioambiental", apuntó el titular de Justicia.
Tras un reportaje de Canal 13 que daba cuenta de diligencias del Ministerio Público que apuntaban a los hijos de la mujer como "sujetos de interés", la ministra de Segegob, Camila Vallejo, indicó que "esto es un tema muy sensible y el Presidente ya se ha referido en varias oportunidades al caso, y yo también como vocera en un caso de extrema gravedad, porque estamos hablando de la desaparición de una persona, y evidentemente lo primero que uno tiene que hacer cuando una persona desaparece es solidarizar y empatizar con los seres queridos de esas personas que están preocupados por su paradero".
"No solamente ellos, sino que el país, el propio Gobierno, se sigue haciendo la pregunta dónde está Julia Chuñil. Es deber de otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, avanzar en las líneas investigativas que tengan justamente para conocer la verdad, sea cual sea la verdad. Pero queremos saber finalmente qué es lo que pasó con ella, las razones de su desaparición y también saber dónde está, y eso yo creo, más allá de lo que opina el Gobierno, es lo que esperan todos nuestros compatriotas", añadió.
